Sindicatos antisistema subvencionados

Entre los diversos errores que los españoles cometimos en la Transición (1975-1982), uno de los más graves fue la aceptación sin reservas de un dogma socialista: el papel protagonista en la sociedad de los llamados sindicatos de clase (UGT y CC.OO.). El error se agravó además con el intento de convertir a estos dos sindicatos –uno socialista y otro comunista– en un sindicalismo institucionalizado y reformista a cambio de increíbles privilegios y muy generosas subvenciones estatales.

El riesgo asumido en tan compleja operación era muy elevado como revelan los estatutos fundacionales de los dos sindicatos. CC.OO. no ocultaba que su objetivo era «destruir las estructuras de la sociedad capitalista» y la UGT soñaba con «una nueva sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción». Todo esto puede parecer hoy una broma, pero en aquellos tiempos de la Transición todavía la progresía occidental consideraba a la Unión Soviética como una excelente alternativa al capitalismo democrático, el laborismo radical de Wilson y Callaghan arruinaba al Reino Unido y el socialismo marxista francés preparaba la gran victoria de Mitterand en 1981.

El hecho cierto es que UGT y CC.OO. comenzaron a recibir muy pronto subvenciones, se les cedió el gigantesco patrimonio inmobiliario sindical (UGT dispone hoy de cerca de 400 inmuebles y CC.OO. de unos 150) y se les concedieron increíbles privilegios, algunos considerados hoy derechos fundamentales por sentencias del Tribunal Constitucional. Además estos sindicatos gozaron desde el primer momento de un privilegio único y sin igual en el mundo democrático: son los únicos organismos que reciben subvenciones públicas y no están obligados a dar cuenta de su utilización. Sus cuentas, por tanto, no son públicas ni están sometidas a la Intervención General del Estado, ni tampoco a ninguna auditoría externa. De esta forma, sin ningún control, una parte sustancial de nuestros impuestos va a las cúpulas sindicales, cuya elección se limita –como sus manifestaciones y «piquetes informativos»– a sus empleados, los famosos delegados sindicales del franquismo, conocidos hoy como «liberados sindicales», algunos con dobles sueldos muy elevados. La afiliación a ambos sindicatos, también un secreto muy bien guardado, se estima que no ha alcanzado nunca el 10% de la población activa.

Este sistema aberrante se completó con la incorporación de un sindicato de empresarios (la CEOE), integrado en gran parte por funcionarios del sindicato vertical franquista, que se sumó con entusiasmo a los privilegios y subvenciones y al simulacro del diálogo social. Las tres organizaciones, UGT, CC.OO. y CEOE, pronto pasaron a denominarse «interlocutores sociales», sus conversaciones, «el diálogo social» y su finalidad «la paz social». Todo muy social, incluido el paro registrado continuo más elevado del mundo desarrollado.

Es sorprendente que la economía española haya podido avanzar arrastrando este pesadísimo lastre: negociación colectiva obligatoria, salarios indiciados sin referencia a la situación de cada empresa, la ultraactividad de los convenios que nos vienen del corporativismo fascista italiano, reconocimiento de los «liberados sindicales» incrustados en las empresas con increíbles derechos y privilegios, etc. Y todo este entramado para seguir violentando sin pudor la libertad negociadora de las partes, empleador y empleado, y pesando como una losa sobre la competitividad de la economía española.

Para las empresas grandes la rigidez sindical laboral ha significado un coste adicional importante pero asumible, porque a través de los Expedientes de Regulación de Empleo y prejubilaciones, con la bien remunerada ayuda de los sindicatos y sus bufetes laborales, consiguen trasladar a los Presupuestos del Estado una parte no desdeñable del coste de sus inevitables ajustes de plantilla. Pero para las empresas pequeñas y medianas, de las que depende una gran parte del empleo, el sistema ha sido letal en muchas ocasiones y les ha obligado a sumergirse en la economía informal o a liquidar el negocio.

Era inevitable que la concesión de cuantiosas subvenciones a los llamados «interlocutores sociales», sin control alguno, acabara en la malversación masiva de fondos públicos. Así quedó demostrado en los informes del Tribunal de Cuentas de 1998 y 2002 cuando auditó, por presión de Bruselas, la empresa llamada Formación Continua en la Empresa (Forcem) que canalizaba los ingentes fondos nacionales y europeos que llegaban para este fin a los llamados agentes sociales. El Tribunal detectó anomalías tan graves como ausencia de cursos declarados, falso número de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas y subvenciones embolsadas por los tres «interlocutores sociales». El resultado final de ambos informes se limitó al reintegro de simbólicas cantidades por la CEOE, UGT y CC.OO., sin que la gran malversación probada de caudales públicos haya tenido mayores consecuencias.

Todo parece indicar que el sistema ha seguido funcionando igual con ligeros cambios cosméticos, como el que la antigua Forcem se denomina ahora Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Afortunadamente la reforma laboral de 2012, unida a un modesto recorte de las subvenciones, parece haber sido suficiente para que el tinglado se resquebraje y empecemos a saber algo del destino de los cientos de millones de euros que siguen recibiendo nuestros tres interlocutores sociales.

¿Podemos confiar en que el escándalo no acabe como en 1998 y 2002? De momento los responsables sindicales ya han sido invitados a la Moncloa para hacerse la consabida fotografía, como se hizo también en aquellos años, lo que no es ciertamente un buen augurio.