Llamar plan de regeneración democrática a un proyecto de leyes-mordaza parece una poco sutil broma literaria de algún aficionado a la ‘neolengua’ de la distopía orwelliana. Pero los guionistas de Moncloa se atreven a eso y a lo que haga falta, seguros como están de que los defectos y errores del jefe que les paga se arreglan a base de propaganda. Un Gobierno que ha sufrido en lo que va de mandato más de treinta derrotas parlamentarias no parece muy en condiciones de intimidar a nadie con esta clase de amenazas. Más allá de la degradación institucional que representa la simple presentación de un programa de censura oficial no hay motivos reales de alarma; las iniciativas de ese ‘paquete’ que puedan salir adelante serán escasas y no van a cambiar sustancialmente nada. Quedan la intención y el ruido, que es de que lo que se trata: el intento de trasladar a la opinión pública más cercana la idea de que Sánchez y su familia son víctimas de una conspiración judicial y mediática. Un argumentario que sitúa al presidente en la órbita autoritaria de sus desacreditados colegas de Turquía, Hungría o Eslovaquia.

Más triste resulta asistir al aplauso de ciertas terminales periodísticas y algunos opinadores de cabecera del sanchismo, esa corte de trompeteros incapaces de darse cuenta de que a los ojos del líder nunca parecerán lo bastante sumisos por mucho que se rompan la cintura en genuflexiones para justificar los giros del Ejecutivo a costa de deteriorar cada día un poco más su prestigio. Aunque tampoco hay que dar demasiada importancia a un fenómeno habitual de los regímenes cesaristas, acostumbrados a rodearse de una tribu de palmeros convencidos de poder seguir obteniendo réditos de su seguidismo gubernativo. Allá cada cual con su estilo. Por fortuna, la libertad de expresión también ampara los obsequiosos derroches de azúcar vertidos en estos desparrames de oficialismo. El resto de componentes del oficio lo seguirá ejerciendo, como de costumbre, sin pedir permiso.

El fondo de la cuestión merece, sin embargo, una reflexión seria sobre la deriva de esta legislatura inviable que Sánchez intenta estirar mediante continuas fugas hacia adelante. Cualquier análisis sobre el retroceso democrático español en los últimos años es fácil de compartir en términos generales; la discrepancia radical se produce a la hora de señalar las responsabilidades. La polarización estimulada por la coalición de poder necesita alimentarse de la permanente invención de culpables para completar el control absoluto de los resortes civiles e institucionales, y sólo le quedan dos frentes –la prensa y los jueces– en disposición de resistir su avance. El ‘Begoñagate’ ha sido la señal de ataque. La ofensiva no irá a ninguna parte pero la pretensión liberticida es de por sí inquietante porque retrata el obsesivo síndrome autocrático del personaje. Diagnóstico grave.