El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre el novio de Ayuso entiende que Álvaro García Ortiz se podría «haber concertado [con su número dos] para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano [González Amador], de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo».
Por eso, y al ver «apuntalados» los indicios de que «dirigió los pasos que llevaron» a la filtración a los medios de un correo en el que la defensa de González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales, el juez Ángel Luis Hurtado ha citado a García Ortiz a declarar el próximo 29 de enero.
La resolución conocida este lunes se fundamenta en una argumentación lógica del instructor a partir de la secuencia de hechos reconstruida en lo actuado hasta la fecha.
Y sirve a modo de refutación del argumentario del Gobierno y sus terminales mediáticas, que se escuda en que cientos de personas además del fiscal disponían del correo privado, por lo que no habría motivos para suponer que fuese él quien lo hubiese filtrado a los medios.
Pero el juez Hurtado destaca que «lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración».
El auto destaca que el «trasiego del intercambio de mensajes» entre la hora en que García Ortiz intenta hacerse con el mail y la hora de su publicación por la SER es «revelador de momentos de urgencia y gran tensión» y de la «prisa» del fiscal por recabar la información. Algo «lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse».
El instructor se limita a reflejar la sucesión temporal contrastada que media entre la petición del fiscal del documento y su difusión. Lo que es un hecho incontrovertible es que el mail llegó a la prensa «sólo tras la recepción del mismo por parte de Álvaro García Ortiz a las 21:59 horas».
La decisión del juez de mantener su condición de imputado está por tanto plenamente motivada. Pero deja al fiscal en una situación insostenible.
Porque al acudir a declarar como investigado tiene derecho a mentir o a guardar silencio. Una prerrogativa razonable para cualquier ciudadano particular, pero que resulta del todo anómala en el caso de todo un fiscal general del Estado.
Contemplar la hipótesis de que el máximo responsable del Ministerio Fiscal pueda mentir sobre su participación en la comisión de un presunto delito es síntoma de un deterioro institucional sin precedentes.
Naturalmente, García Ortiz es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero que vaya a llegar hasta la fase procesal de declarar como imputado todavía como fiscal general revela, desde el punto de vista institucional, una rebaja alarmante de los estándares de exigencia de la calidad democrática en España.
El Gobierno, que no ha realizado declaraciones públicas sobre la citación, si ha transmitido su indignación con la decisión del juez. Y no ha podido evitar que trascendiera su preocupación por el nexo que establece el instructor entre la Fiscalía y Moncloa-Ferraz en la instrumentación de la filtración. La resolución concluye que el correo incriminatorio circuló «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno», que «hace gestiones para la publicación en El Plural del correo».
Moncloa ha encajado la decisión del instructor en su narrativa del «acoso judicial», considerándola una ratificación de la pertinencia de la reforma penal que ha registrado el PSOE para limitar el ejercicio de la acción popular.
Pero el caso de García Ortiz viene a demostrar precisamente lo contrario: que sin una Justicia plenamente independiente no habría manera de que procesos como este prosperasen. En un escenario en que el Ministerio Fiscal asumiese en exclusiva la instrucción de los casos, como pretende la proposición de ley orgánica del PSOE, resultaría improbable que la Fiscalía General del Estado llegase a investigar al fiscal general ni a ningún miembro de su equipo.