Ernesto Ladrón De Guevara- Tribuna del País Vasco

“[..] yo que estudio el vasco como podría estudiar el bantú o el acadiano, como un ejemplar curioso, como un reguero de enseñanzas, como un problema tentador por su oscuridad, y a la par como algo cuyos datos tengo cerca, como una lengua que mejor puedo estudiar y con el amor con que se estudia algo propio, pero sin pasión ni prejuicio alguno, sometiéndolo al análisis, es imposible, repito, que me entienda con quienes lo trabajan como instrumento político de reivindicación, con adoración de fetichista, atento a probar que es lo más perfecto, lo más dulce, lo más armonioso, o lo más sabio” (Carta a Pedro Múgica en 1890) MIGUEL DE UNAMUNO

Tengo a la vista una información de María José Carrero, periodista de El Correo, fechada el día 13 de julio de 2017, con el siguiente título:   “Sólo el 5 % de las conversaciones de calle en Álava son en euskera”; y con el siguiente subtítulo:  “La lengua vasca experimenta un avance, mientras que en Bizkaia retrocede al usarse en menos de nueve de cada cien diálogos”  Así lo ponía de manifiesto la séptima entrega del informe “Medición del uso de las lenguas en la calle” realizado por el Clúster de Sociolingüística. Sin embargo, las políticas lingüísticas sostenidas por los nacionalistas con la comparsa de otros partidos que no ponen en cuestión la aberración de ir contra la realidad social y cultural de la sociedad vasca, obligan a todo hijo de vecino a pasar por el aro de la euskaldunización forzosa. Algo no está haciéndose bien.

Mi admirado Julián Besteiro, ejemplar en su conducta y en la coherencia de sus hechos, decía en 1918 en el Congreso de los Diputados en respuesta a Cambó, sin que éste fuera capaz de contestarle … “[…] Pero nosotros estamos en la obligación de prevenir la democracia y de permitirnos la libertad de hablar desde aquí a la democracia catalana, diciéndole: la experiencia de muchos años demuestra que las campañas por los idiomas regionales muchas veces son un reclamo para cazar incautos y llevarlos con los ojos vendados a derroteros políticos que ellos no sospechan. Nosotros tenemos que decir al pueblo catalán: fíjate bien, tú eres el que ha de decidir y no se te puede violentar pero si tú un día ves que, en el monopolio de la escuela por el regionalismo conservador hay un deseo de mantenerte en la ignorancia de los problemas mundiales para explotarte mejor, levántate tú u líbrate de esa tiranía, que en esa campaña no te ha de faltar nuestro apoyo”

Lamentablemente, las componendas de los artífices de nuestro Estado español con los nacionalistas han convertido en letra huera y hueca el artículo 3º de la Constitución Española que dice, literalmente:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

Lo razonable hubiera sido que este artículo hubiera sido desarrollado mediante una Ley orgánica que definiera el alcance del espíritu y la letra de ese artículo, cosa que no se hizo para no molestar a los nacionalistas.

Pero a estos efectos, también, hubiera sido posible recomponer el entuerto si se hubiera dado capacidad ejecutiva a la Alta Inspección para que pudiera cumplir la misión constitucional que se le atribuye, al efecto de vigilar, comprobar, controlar, supervisar y fiscalizar a las comunidades autónomas como partes del Estado que son, en lo que se refiere al respeto a los derechos lingüísticos y a los derechos individuales de los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios de la carta de ciudadanía contemplada en la Constitución.

La solución a esta situación de anomia institucional la encontramos en la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de febrero de este año sobre la Ley Wert, cuando afirma lo que sigue: “Es consolidada la doctrina que evidencia que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, “el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado” (SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 10, 337/1994, FJ 10, y 31/2010, FJ 24), doctrina que halla su reflejo en el art. 150.1.d LOE (no modificado por la LOMCE), que atribuye a la Alta Inspección de Educación, entre otras, la función de “[…] velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables””  En consecuencia, la sentencia marca el camino: La Alta Inspección. Pero no obliga al Gobierno a dotar de atribuciones ejecutivas a este vital órgano del Estado ni a regular claramente su funcionamiento y estructura para hacerla operativa, con lo que la Sentencia queda en sus efectos prácticos en un limbo.

La sentencia analiza los problemas para que el Estado se haga presente en la vigilancia y control de todas las instancias autonómicas para la protección de los derechos y las libertades en materia lingüística en la escuela. Y centra esa problemática en la ausencia de un desarrollo del artículo 3º de la C.E. en este ámbito. Es decir, del mandato constitucional de que el castellano o español sea lengua vehicular en la enseñanza, sin perjuicio de que las lenguas autonómicas también lo sean, puesto que los ciudadanos españoles tienen el derecho y el deber de conocer y usar la lengua común de los españoles. Y tampoco hay mecanismos procedimentales para hacerlo efectivo.

La sentencia es una recriminación al Gobierno para que legisle haciendo uso de los instrumentos en los es competente. Pero, tristemente, quienes regentan la Moncloa no se dan por apercibidos. Con lo cual, son nuestros hijos y nietos las víctimas de una grave discriminación al no poder estudiar en su lengua materna, aspecto muy destacado por la Unesco.

Esa sentencia también establece que el Ministerio de Educación tiene competencia para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y Bachillerato, cuya superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos, incluyendo la de establecer los criterios de evaluación y las características de las pruebas para cada convocatoria, elementos imprescindibles para garantizar la homologación de los títulos académicos y profesionales en el conjunto del territorio español.

Es absurdo que tengamos que ser los ciudadanos, a través de una asociación que se llama “Hablamos Español” los que impulsemos una norma para el desarrollo del artículo 3º de la Constitución Española y no quienes representan la soberanía nacional. Y más absurdo aún cuando el propio Congreso de los Diputados a través de sus órganos representativos aceptaron que la Iniciativa Legislativa Popular de Hablamos Español es impecable en su contenido constitucional, y sin embargo se nos obliga a recoger una cifra absolutamente desmesurada de firmas que hace muy difícil la posibilidad de que llegue al Congreso, teniendo en cuenta el aislamiento informativo de los medios de comunicación controlados por el Sistema.

Algo falla en el mecanismo constitucional cuando ocurren este tipo de cosas.

Estamos en el tramo final antes de cumplir el plazo máximo que se permite para recoger las firmas. Este fin de semana se realizará una recogida masiva en más de cuarenta mesas a lo largo y ancho del territorio español. Los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer un último esfuerzo para que “Hablamos Español” logre las 500.000 firmas. Si no se lograra no se podrá recriminar a los proponentes el no haber cumplido su obligación cívica. Se ha hecho todo lo posible, con todos los vientos en contra. Son absurdos propios de un país al que un régimen autoritario calificaba como diferente.