Hace unos días, el president y candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas, Pere Aragonès, reiteró su defensa de una financiación singular para Cataluña, de forma que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos que pagan los catalanes (los ciudadanos residentes en Cataluña, se entiende) y a continuación transfiera temporalmente una parte de esos recursos al Estado, cuantía que se calcularía teóricamente en función de los servicios que el Estado presta en esa comunidad y que en la práctica se negociaría sin luz ni taquígrafos en función de las necesidades políticas de unos y de otros.

No es sino el sistema de concierto económico vasco y convenio navarro que ya disfrutan Euskadi y Navarra, lo que les permite no solo no aportar a la solidaridad interterritorial, sino ser financiados por el resto de ciudadanos españoles y, de ese modo, disfrutar de una financiación per cápita muy superior de la que disfrutan el resto: es el culmen de la redistribución inversa que consiste en que los más pobres financian a los más ricos, para que en esos territorios se presten mejores servicios a costa del resto… o se financie más holgadamente la construcción nacional que desemboque en la independencia; y puesto que ya existe para el País Vasco y Navarra, Aragonès lo quiere para Cataluña, porque no quiere ser menos que los vascos y los navarros y, además, quiere ser más que los andaluces, los extremeños o los murcianos, como manda su tradición reaccionaria y racista; y porque la pela es la pela, y qué es eso de contribuir al sostenimiento de un Estado del que quieren irse tan pronto como se lo permitan.

Illa, candidato socialista, le había dicho antes que él prefiere negociar con el Gobierno de España «con lealtad y sin buscar privilegios», que es una forma de reconocer que el concierto económico vasco y el convenio navarro, anacronismos que el PSOE defiende, no son sino flagrantes privilegios. Es como si los vecinos de la calle Serrano de Madrid reclamaran quedarse y gestionar todos sus dineros para no aportar al resto de conciudadanos madrileños, o como si los más ricos del territorio que sea, vivan donde vivan, tuvieran la posibilidad de independizarse fiscalmente y crear una entidad autónoma al margen de las necesidades de los demás. A este punto llegamos en su momento y hoy día perseveramos; y uno ya no sabe qué es peor: si concederles la soberanía fiscal que los independentistas catalanes reclaman y que Euskadi y Navarra ya disfrutan o concederles cuanto antes la independencia.

Está demostrado: cuando en sede parlamentaria se ha propuesto el correcto cálculo del cupo para evitar que existan desigualdades o privilegios, la respuesta ha sido unánime: «Son nuestros derechos»

El problema no es solo el cálculo del cupo, tal como algunos que se llaman posibilistas afirman, sino el sistema en su conjunto, ya que otorga a unos territorios concretos un instrumento del que el resto no dispone, y además se les otorga en virtud de derechos históricos ancestrales; o sea, que incluso aunque el cupo estuviera bien calculado, sería igualmente inaceptable; porque, además, el sistema existe para que exista la trampa y calcular mal el cupo y disponer de un instrumento para la negociación política, el chantaje y la sobre financiación, no seamos ingenuos. Si no, ¿de qué iban a querer el instrumento? Está demostrado: cuando en sede parlamentaria se ha propuesto el correcto cálculo del cupo para evitar que existan desigualdades o privilegios, la respuesta ha sido unánime: «Son nuestros derechos». Por no hablar del absurdo de que un Estado no recaude impuestos en una parte de su territorio.

Así que, ¿con qué argumentos y, sobre todo, con qué coherencia, van el PSOE o el PP a negar a Cataluña lo que ya disfrutan con su apoyo Euskadi y Navarra? Podrán decir que extender el sistema para una comunidad autónoma que supone el 20% del PIB español es inviable, pero es que ya es inviable políticamente lo que tenemos, puesto que supone una ruptura de la igualdad y de la redistribución personal y territorial. Efectivamente, el sistema de concierto económico está recogido en la disposición adicional primera de la Constitución Española, que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», pero no es menos cierto que, por un lado, la Constitución Española puede (y debe) modificarse y, por otro lado, que el sistema de concierto provoca la vulneración de los artículos 138.2 y 139.1 de la CE, que afirman: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales» y «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Ahora no solo se pretende mantener este privilegio que ya existe, sino ampliarlo a Cataluña. Y es inaceptable: sería el mayor dumping fiscal imaginable.

Los primeros en defender por la vía de los hechos la supresión de este anacronismo reaccionario fue UPyD, y lo hizo además, para que no hubiera dudas, en el Parlamento Vasco, donde se me acusó de «hablar contra los ciudadanos a los que usted representa», y ello por defender la igualdad fiscal dentro de un Estado del que somos ciudadanos; después lo hizo Ciudadanos y más recientemente Vox, aunque de aquella manera. Ahora es el nuevo partido Izquierda Española, en coherencia con sus postulados ideológicos, quien lo lleva en su ideario y en su programa. Hay, por tanto, cierta esperanza. Y hay que insistir, en defensa de la justicia social y de la igualdad.