El genocidio es un delito tipificado en el Derecho Internacional bajo una definición muy concreta en la que no encajan todos los asesinatos masivos. Ni siquiera el Holocausto, el ejemplo más conocido, recibió esa calificación penal porque en la época de los juicios de Núremberg el concepto carecía de rango jurídico, dado que los británicos, los ingleses y los soviéticos tenían razones para temer su eventual aplicación con carácter retroactivo. El jurista judío Lemkin, acuñador del término, sólo pudo lograr que se incluyese en los alegatos de los fiscales, pero quedó fuera del veredicto.

Otra cosa es que el lenguaje común acostumbre a utilizar la expresión para calificar cualquier matanza organizada. La ministra Margarita Robles, sin embargo, es magistrada y conoce los requisitos y el alcance legal estricto de esa palabra. Una dirigente con responsabilidades de Estado debe medir sus declaraciones, máxime cuando son susceptibles de desencadenar consecuencias políticas y diplomáticas, y lo que ha dicho la titular de Defensa sobre la hecatombe de Gaza la pone a la altura de una indocumentada como Ione Belarra.

Esto no significa en modo alguno que la cruenta, indiscriminada represalia contra la población gazatí no merezca una firme condena, aunque las milicias de Hamás tiendan a mezclarse con (o a disfrazarse de) civiles para escapar de la ofensiva hebrea. Ninguna conciencia de mínima sensibilidad ética puede justificar la comisión de crímenes de guerra. Hasta ahí estamos casi todos de acuerdo, y también en la zafiedad de una respuesta israelí envuelta en estereotipados compases de música flamenca. La discrepancia empieza cuando se utilizan asuntos de esta gravedad como herramientas de propaganda partidista interna.

Dejando al margen, y es mucho dejar, que la existencia en Israel de un veinte por ciento de habitantes árabes y palestinos, con estatus de ciudadanía de pleno derecho, invalida la acusación de exterminio étnico, es evidente la intención oportunista de la escalada verbal del Gobierno. El reconocimiento unilateral de un Estado palestino –¿cuál, dónde?– desdeña el consenso español y el criterio expreso de los principales aliados europeos, que lo consideran inadecuado en este momento. Sánchez no quiere esperar porque necesita remontar su desgaste asumiendo el discurso de una izquierda radical imbuida de antisemitismo irredento.

Sucede que, como siempre, sus contradicciones delatan una impostura flagrante: la permanencia de la embajadora en Jerusalén es incompatible con el rechazo de la masacre y aún más con el rasero de susceptibilidad que empleó al retirar a la de Buenos Aires. La comparación refleja su idea de los principios morales como un mero pretexto manejable a conveniencia de parte. Zelenski está de suerte; le va a entregar armamento porque no calcula efectos electorales graves. Y aun así, la ayuda ya va tarde.