Beatriz Martínez de Murguía, LA RAZÓN de México, 29/6/12
Los políticos españoles tienen prisa por dejar atrás, y de una vez por todas, el problema del terrorismo de ETA, heredado del franquismo pero cuya actividad criminal se exacerbó durante los años de la Transición. No por nada fue 1980, sobre el que el director de cine vasco Iñaki Arteta prepara un documental, el año en que más personas asesinó, una cada tres días. Ahora, declarado “el cese definitivo de la actividad armada” por parte de la banda, aunque sin voluntad ninguna de disolverse y, por lo tanto, de entregar las armas que aún conserva, y cuando todavía siguen siendo detenidos etarras al otro lado de la frontera en situación de “stand by”, casi todos los partidos coinciden, aunque por distintas razones, en buscar una puerta falsa que permita, al menos, salvar las apariencias.
En abril pasado, el gobierno español presentó un nuevo plan de reinserción para terroristas de toda laya, aunque iba expresamente dirigido a los militantes etarras encarcelados, en que se rebajaban los requisitos respecto a planes anteriores: por ejemplo, en la no necesidad ya de pedir perdón a las víctimas, bastando que muestren por escrito su renuncia a la violencia. El objetivo era, y es, romper de algún modo con la comprobada renuencia de los etarras a pedir perdón públicamente a nadie por sus crímenes. También en ese tenor van encaminadas las iniciativas de la Oficina de Atención a las Víctimas del gobierno vasco, que ha propiciado en los últimos meses la comunicación (privada) entre algunos terroristas y sus víctimas, nada reprochable por otra parte mientras estas últimas actúen con plena libertad. El asunto, la trampa, está en buscar atajos en donde ni puede ni debe haberlos. Sólo una treintena de presos de ETA (que sobrepasan los seiscientos) ha renunciado de manera clara y expresa a su militancia en la organización y, por lo tanto, al recurso de la violencia, y sólo en casos muy contados se han avenido a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los muchos crímenes que siguen estando impunes. La omert, la ley del silencio sigue estando vigente, por lo que no hay arrepentimiento real de ninguna clase ni la voluntad de participar en el esclarecimiento total de cada crimen cometido por ellos o por otros. Los contactos privados entre terroristas y víctimas son sólo eso, privados, pero en ningún caso podrían sustituir a la dimensión pública y política de arrepentimiento y petición de perdón que se debe exigir a los terroristas que quieran verdaderamente reinsertarse en la sociedad a la que tanto daño causaron. Que quienes tienen prisa por acortar de algún modo la estancia de los presos en la cárcel, bien sea porque apoyan su causa o porque quieren congraciarse con un cierto electorado, busquen estrategias para que, en su ilusión, el terrorismo etarra quede definitivamente enterrado no significa que su reinserción se pueda hacer a costa de la justicia y la verdad. Como ha escrito Aurelio Arteta en un excelente artículo, “Memoria, relato… y juicios de valor”, sus crímenes fueron políticos, mataron a quien pensaba diferente o les estorbaba, y, por lo tanto, su arrepentimiento debe ser también político. Ellos verán.
Beatriz Martínez de Murguía, LA RAZÓN de México, 29/6/12