MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO, EL MUNDO 22/08/13
· El autor critica las propuestas que se han lanzado para modificar el modelo territorial y el sistema electoral.
· Afirma que un proceso descentralizador extremo exige un cambio «de» Constitución, no «de la» Constitución.
Se han propuesto recientemente dos reformas políticas de fondo para España. Una sobre el sistema electoral para hacerlo más proporcional, otra del modelo territorial para hacerlo federal. Ambas son propuestas respetables, pero, a mi juicio, inconvenientes. Lo son porque pretenden cosas que no son deseables y lo son porque en ocasiones se formulan sobre una idea equivocada de lo que implican.
Sobre la reforma electoral, es preciso recordar que en un sistema no sólo representativo sino también democrático liberal como el nuestro siempre hay un momento en que la proporcionalidad sucumbe ante el principio de la mayoría. Todos los votos contrarios a la investidura del presidente del Gobierno o a un proyecto de ley se pierden también, sin que eso permita decir que votar en el Parlamento es una injusticia porque los que pierden se quedan sin su parte de la ley aprobada o con el presidente que no querían. Que hubiera perfecta proporcionalidad entre votos y escaños no resolvería la cuestión de fondo, sólo la desplazaría totalmente desde el trámite electoral hasta el trámite parlamentario.
La única manera de resolverla con respeto a la estricta proporcionalidad sería que todas las leyes tuvieran 350 artículos, tantos como escaños, y que cada grupo o partido representado en el Congreso redactara proporcionalmente los que le tocaran. El PP redactaría los artículos que le correspondieran en proporción a su número de escaños, que a su vez sería proporcional al número de votos, y los demás partidos, también. Más aún, la proporcionalidad llevaría a formar un Gobierno con tantas carteras como grupos parlamentarios y a repartirlas atendiendo a los votos. Y esto en todas las Comunidades y en todos los ayuntamientos. No tiene sentido, ¿verdad?
Lo cierto es que nuestro sistema no pretende mantener las fracturas originales de la sociedad política, no pretende conservar la proporcionalidad, sino encontrar la mejor forma de eliminarla para poder tener «una» ley y «un» Gobierno legítimos. «Representativo» no equivale a «proporcional», y no puede medirse la calidad de la representatividad por su proporcionalidad.
Si un Gobierno puede ser representativo sin ser proporcional es porque es representativo de algo unitario: la nación. Es en calidad de miembro de una nación como se participa en el proceso electoral, no en calidad de puro ser humano. Se elige carne o pescado ante sí y para sí, pero se elige PP o PSOE ante la nación y para la nación. Y por eso es razonable premiar a quien es capaz de poner de acuerdo a muchos (los grandes partidos), que ayudan más en la tarea de lograr que la nación tenga Gobierno y tenga ley. Los sistemas mayoritarios llevan esta prima de manera drástica al Legislativo y los presidenciales la llevan de una sola vez al Ejecutivo. Los votos son para elegir instituciones, no para otra cosa. O si se prefiere, para elegir al que manda y a quienes deben controlarlo. Por esto no es fácil entender el «jacobinismo proporcionalista» que algún partido parece proponer en ocasiones, salvo por razones de pura conveniencia partidista, respetables como tales, pero inasumibles como doctrina de regeneración nacional.
Sobre la propuesta federal, hay que hacer explícito que federar es unir mediante pacto. Y que no existirá la federación española mientras no exista un proceso históricamente fechable mediante el cual, a través de pacto, se cree la federación española. Proponer una España federal sin hablar del acto federativo español es imposible. Y esto sería sólo una tarea pendiente si no fuera por el pequeño detalle de que la nación española ya existe, y por tanto no puede ser creada ni por federación ni de ningún otro modo. Lo que significa que una hipotética federación española no puede producirse mediante una reforma de la Constitución, obra de la nación soberana, y por tanto obra de lo que se supone que sería creado por el acto federativo. Un proceso federativo español no puede tener su cauce jurídico en un cambio «de la» Constitución sino en un cambio «de» Constitución, porque implica un cambio de poder constituyente.
Hay quien dice que esto no es así, y que federar es simplemente poner nombre a la descentralización que ya hay. Pero eso no se puede aceptar por muchas razones, entre otras porque quienes lo dicen nunca serían federalistas si el federalismo fuera lo que dicen que es: autonomía con el nombre correcto. Decir que España es de hecho federal porque comparte con muchos Estados federales el rasgo de la descentralización es confundirse gravemente. Alemania tiene un parlamento y Alemania es federal, pero eso no significa que los parlamentos sean una técnica federal. Lo mismo ocurre con la descentralización. España está descentralizada, pero eso no la convierte en algo casi federal, porque por el camino de la descentralización extrema no se llega hasta el país de la federación. A ese lugar sólo se llega mediante pacto entre distintos que se federan. Puedo decir que un hombre y una piedra vienen a ser lo mismo puesto que ambos pesan. Pero si sólo considero el peso no sé lo que es un hombre y por eso lo confundo con una piedra. Lo mismo ocurre con esto.
La nación que ya existe no puede pactar consigo misma nada. Federación implica heteronomía, implica alteridad, implica otro distinto de uno mismo. Eso es inevitable en un debate sobre federalización y, de hecho, ése es el único debate que interesa a quienes promueven una reforma federal para España, ser reconocidos o reconocer a alguien como «el otro».
ESPAÑA NO es una federación y no puede llegar a serlo sin el acto de hacerse una federación. Y dado que España no es una federación pero «es», la única manera de que pase a ser una federación es que previamente se desintegre, se fragmente en sujetos políticos que tengan la capacidad de federarse. Sujetos que decidirán luego federarse o no, puesto que poder federarse no es tener que federarse sino más bien lo contrario: es no tener que federarse, hacerlo si se quiere. «Reconocer» (¿quién?) la entidad propia de esos sujetos políticos a condición de que sólo se haga de ella un uso convenido y destinado a restringirla no es posible, y ese es precisamente el salto mortal que pretende dar el PSOE en sus documentos más recientes sobre el tema.
Para hacer una federación española es condición necesaria deshacer antes la nación española, porque en caso contrario no es posible identificar al menos a dos sujetos de soberanía que pactan. Y en ese caso, si España deja de ser lo que ya es para hacerse federación, no habrá avanzado hacia una mayor unidad, ni hacia una simple técnica de gestión pública o fiscal. Habrá retrocedido desde lo unitario basado en el Estado de derecho y la ciudadanía ilustrada hacia el etnonacionalismo y la sociedad tribal. Es decir, habrá seguido exactamente el mismo camino que la izquierda española.
La cuestión moral –que es la importante– no es que España sea como es desde 1978, sino que ahora, en este momento histórico, la España de 1978-2013 es la España que significa todos, significa iguales y significa libres; y la propuesta de la España federal, de hecho, es una propuesta al servicio del nacionalismo.
Miguel Ángel Quintanilla Navarro es el director de Publicaciones de la Fundación FAES.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO, EL MUNDO 22/08/13