No sólo los obispos pretenden que lo que ellos consideran pecado sea convertido en delito por la ley civil: también hay integrismos culturales o etnicistas que aspiran a imponer sus prejuicios: «aquí somos así, hablamos así…». El problema es que las identidades particulares con las que cada uno nos definimos gozan de una calidez entusiasta y egocéntrica a la que difícilmente puede aspirar la más genérica y compartida identidad democrática.
El debate sobre la identidad francesa incitado por el presidente Sarkozy es un síntoma alarmante de cómo se están poniendo las cosas en nuestra Europa de los malentendidos. ¡Preocupación identitaria hasta en el último bastión republicano del radicalismo ilustrado! Si la sal pierde también el sabor… ¿con qué podremos devolvérselo? Probablemente, la mejor respuesta a quienes inquieren en qué consiste la identidad francesa es replicar: «En no hacer nunca preguntas como ésta». Pero hemos llegado a tal punto que ya no podemos limitarnos a esa irónica contundencia. Es preciso intentar de nuevo dar otra vuelta de tuerca a la pedagogía cívica.
En el congreso Casa Europa, celebrado hace pocos días en Turín por inspiración de Gianni Vattimo, escuché una intervención interesante del ex alcalde de Palermo y actual parlamentario italiano Leoluca Orlando, titulada Identidad y convivencia. Sostuvo que en la UE es preciso dejar de hablar para bien o para mal de «minorías», porque lo que cuenta es que todos formamos parte de la mayoría democrática igual en derechos humanos y garantías civiles. El reconocimiento político de «minorías» estereotipadas consagra una cultura de la pertenencia, según la cual los derechos dependen de la adscripción del ciudadano a tal o cual grupo identitario. Cada identidad se convierte así en un blindaje que justifica excepciones y conculcaciones de las pautas democráticas generales.
Según mi interpretación, existe una diferencia esencial entre la diversidad de identidades discernibles en cualquiera de nuestras comunidades actuales y la identidad democrática que constituye el ADN del sistema político en que vivimos. Como ya he escrito en otro sitio (el curioso debe consultar el capítulo sexto de La vida eterna) el asunto se resume en la distinción entre ser y estar. Cada individuo configura lo que es de acuerdo a una gama más o menos amplia de identidades yuxtapuestas: algunas nos vienen impuestas por los azares de la biología, la geografía o la historia, mientras que otras provienen de elecciones más personales en el terreno de los afectos, las creencias o las aficiones. Hay cosas que somos desde la cuna y otras que preferimos o nos empeñamos en ser: ciertas identidades nos apuntan y al resto nos apuntamos. Sobre lo que cada cual es, cree que es o quiere ser poca discusión pública cabe. Se trata de una aventura personal mejor reflejada en obras autobiográficas como las Confesiones de san Agustín o de Rousseau, incluso en diarios como el de André Gide.
La identidad democrática, en cambio, no expresa tanto una forma de ser como una manera de estar. De estar junto a otros, para convivir y emprender tareas comunes, pese a las diferencias de lo que cada uno es o pretende ser.
El único requisito que se impone en democracia a las diversas identidades que se dan en ella es que no interfieran radical-mente con las normas que permiten estar juntos o imposibiliten su funcionamiento igualitario. Por ejemplo, la identidad francesa es, sin duda, parte de lo que los ciudadanos franceses son, pero hay muchas maneras de vivirla, sentirla y pensarla de acuerdo con el resto de los rasgos de identidad que cada cual considera suyos. Ya existen novelas o películas sobre esta diversidad, que unos viven como drama y otros como conquista (supongo que entre estos últimos habrá que incluir al propio presidente de ascendencia húngara y a su envidiablemente cosmopolita esposa).
No hay cánones definitivos para ser francés, pero sí para estar en Francia como ciudadano de una democracia avanzada. De modo que la pregunta interesante no indaga lo que significa ser francés, sino lo que exige ser ciudadano en Francia.
Lo mismo es válido para el resto de los países, desde luego. No son los minaretes ni los campanarios los que amenazan las libertades públicas, sino aquellos feligreses o dignatarios religiosos que ponen su pertenencia a una fe por encima de sus obligaciones con el sistema democrático que las permite convivir a todas sin desgarramientos ni indebidos privilegios. Frente a la cultura de la pertenencia -acrítica, blindada, basada en el sacrosanto «nosotros somos así»- está la cultura de la participación, cuyas adhesiones son siempre revisables y buscan la integración de lo diferente en lugar de limitarse a celebrar la unanimidad de lo mismo. A esta última, que respeta el ser de cada cual pero lo subordina en asuntos necesarios al estar juntos con quienes son de otro modo, es precisamente a lo que se llama laicismo.
Pero es importante destacar que el laicismo no sólo se refiere a las identidades religiosas: también ha de aplicarse ante otras de distinto signo, como las llamadas de género (refiriéndose al sexo, que es lo que tenemos los humanos a diferencia de los adjetivos y los pronombres) o a las de idiosincrasias nacionalistas. En el País Vasco, por ejemplo, las tímidas medidas que afortunadamente se van tomando para asentar por fin la maltrecha identidad democrática que allí nunca ha tenido verdadera vigencia tropiezan con la oposición de quienes se empeñan en verlas como agresiones a una supuesta «identidad vasca», que ellos se han ocupado de diseñar como incompatible con la española y calcada de parámetros exclusiva y excluyentemente sabinianos. De modo semejante, se previene y desvaloriza en Cataluña la función del Tribunal Constitucional, cuya misión (hay que reconocer que cumplida por lo general sin excesivo lucimiento) supone precisamente la defensa del estar constitucional frente a formas de ser que impliquen desigualdades ofensivas o disgregaciones territoriales de la ciudadanía. No sólo son los obispos quienes pretenden que lo que ellos consideran pecado sea convertido en delito por la ley civil: también hay integrismos culturales o etnicistas que aspiran a imponer sus prejuicios irreversibles -«aquí somos así, hablamos así, etcétera…»- por la misma vía.
El problema de fondo es que las identidades particulares con las que cada uno definimos lo que somos gozan de una calidez entusiasta y egocéntrica a la que difícilmente puede aspirar la más genérica y compartida identidad democrática. Cada cual disfruta o padece (pero deliciosamente) su ser y sólo se resigna a estar con los demás. De ahí la importancia de una educación cívica, la denostada Educación para la Ciudadanía, que razone y persuada para la formación de un carácter verdaderamente laico en todos los aspectos. Ignoro si este objetivo es ahora alcanzable en nuestra era centrífuga, pero estoy convencido de que es deseable y hasta imprescindible dentro de una actitud progresista más allá de las habituales querellas entre izquierdas y derechas.
Fernando Savater, EL PAÍS, 29/12/2009