La quita de la deuda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para las comunidades que quieran acogerse a ella penaliza a Madrid y favorece a Cataluña de una forma desproporcionada en relación a las demás comunidades infrafinanciadas. Y no lo dice solo la oposición sino que el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha considerado que la ocurrencia gubernamental otorga a la comunidad catalana un 87% más de lo que le correspondería. Cualquier condonación (que no es un borrado de la deuda sino un cambio de titularidad de quien debe asumir el gasto) si no va sujeta a condiciones estrictas de ajuste sentará un precedente para que las comunidades rescatadas incurran en una sistemática indisciplina fiscal. Y si se plantea como el prólogo a un sistema de recaudación independiente, como puede ocurrir en Cataluña, está garantizado el agravio comparativo. Justo lo contrario de lo que plantea la propaganda de la Moncloa.

Un fiasco del que no queda al margen tampoco la comunidad autónoma vasca aunque el lehendakari Pradales haya dicho que no va a afectar a Euskadi, al menos hasta 2027. Pero esa fecha está a la vuelta de la esquina. Cuando se renegocie la ley quinquenal del Cupo vasco, entonces, en efecto, podrá haber modificaciones que perjudiquen a la comunidad vasca aunque no esté sujeta al régimen general. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha centrado el foco en que una mutualización de la deuda de los malos gestores repercutirá negativamente sobre la capacidad de gasto del Estado en las autonomías en las inversiones de infraestructuras. Por ejemplo.

Se suele argumentar que el País Vasco, como tiene fiscalidad propia, aporta poco a la caja común cuando de todos es sabido que, a través del Cupo pactado desde 1982, aporta al Estado su eterno 6,24 % en función del peso de la economía vasca en el PIB español que, desde luego, ha ido mermando. Pero lo que queda fuera de discusión es que el Concierto está contemplado en la Constitución (Disposición Adicional Primera) y para aplicar una hacienda paralela en Cataluña habría que reformar la Carta Magna. Ayer, entre quitas y cupos, ovacionaron a Aitor Esteban, en su último pleno de control como portavoz en el Congreso, a excepción del PP, Vox y Bildu. Especialmente entusiasta se mostró Pedro Sánchez, por los servicios prestados del PNV con sus cinco escaños. Antes que Aitor, otros cuatro portavoces pasaron por el Congreso: Xavier Arzalluz, Marcos Vizcaya, Iñaki Anasagasti ( durante 18 años) y Josu Erkoreka. El mundo político no empezó ayer aunque al presidente del Gobierno le cueste creerlo.