Pero vayamos primero a la forma. No se puede comparar el camino jurídico seguido por el Concierto vasco. Este fue negociado ampliamente entre todos los partidos que quisieron participar en la comisión constitucional y aprobado después por el Congreso de los Diputados para, además, ser ratificado en un referéndum constitucional. La propuesta catalana es un acuerdo semiclandestino, opaco y firmado entre dos partidos de ámbito regional sin publicidad alguna. Un mes después seguimos sin conocer sus términos exactos y cada uno de los firmantes lo cuenta de modo tan diferente que no hay manera de aclararse. El Concierto cuenta, nada menos, que con el respaldo de una disposición adicional de la Constitución. El acuerdo catalán tiene solo el apoyo, y por 550 votos, de la militancia de ERC. Le queda todavía mucha mili por delante.

¿Por qué razón se incluyó el Concierto en la Constitución? No lo sé, no estuve allí, pero imagino que tendría mucho que ver con aquello tan bonito de que «unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces». Ingenuamente se podría pensar que si se ofrecían las nueces en bandeja no habría ninguna necesidad de sacudir el árbol. Pero después unos cometieron la inmensa deslealtad de proponer la abstención en el referéndum constitucional y otros, que ya le habían cogido el gusto a lo de sacudir, lo siguieron haciendo. Así que si esa era la idea fue un sonoro fracaso.

Y el fondo. Se dice que el acuerdo catalán es ‘solidario’, oponiéndolo al Concierto vasco, que sería entonces insolidario. Hay que recordar primero que el País Vasco asumió desde el principio una enorme corresponsabilidad fiscal que ninguna otra comunidad, ni siquiera la catalana, quiso asumir. Si repasan el nivel de endeudamiento por autonomía y por acreedor verán su relevancia. En segundo lugar, los vascos aportamos por PIB y no por población. La diferencia es acusada, ya que participamos mucho menos en la población que en el PIB. Solo una vez hemos alcanzado el porcentaje de PIB al que nos comprometimos (el famoso 6,24%) y, sin embargo, siempre lo hemos aportado. Lo que supone una estimable cuota de solidaridad que muy probablemente no se derive de la bondad innata de las autoridades vascas gestionadas por el PNV, salvo los cuatro años del PSOE. Será más bien que siempre han preferido aflojar la cartera antes que reconocer que el dogma ese que asegura que ‘autonomía es sinónimo de bienestar’ es radicalmente falso.

En tercer lugar, se olvida que nosotros pagamos también el 6,24% del déficit en el que incurren los demás y sobre el que nosotros no decidimos. Y, como cuarto punto, hay que recordar que también aportamos al Fondo Interterritorial. ¿Cuánto? Muy poco, pero exactamente la parte que nos corresponde de la cantidad que determina el Gobierno central.

Aclarado esto, no podemos olvidar que todo ello se enfrenta a la evidencia de que el gasto social por habitante en el País Vasco supera ampliamente a la media nacional. Una cuestión que no se consigue explicar con cuestiones como la mayor renta per cápita o la mejor gestión de la recaudación. Y es que es un diferencial siempre difuminado por la complejidad del cálculo del Cupo, que nadie se toma nunca la molestia de aclarar.

Así las cosas, aceptemos por un momento que el Concierto vasco contiene elementos de discriminación. ¿Mejorará el sistema global si ampliamos esa discriminación al caso catalán? El 23 de abril de este mismo año, el PSOE votó en el Congreso en contra de una iniciativa de ERC que solicitaba «una financiación singular para Cataluña por no ser justa». ¿Lo es ahora? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Nada. Esto no va de números. Esto va de votos. Como siempre desde que manda Sánchez.