EL MUNDO 09/04/14
· Rajoy: «No tenemos la potestad que la Constitución nos niega. Salvo que se cambie la Constitución, y para ello hay reglas que no se pueden saltar»
· Rubalcaba: «La autodeterminación no figura en ninguna Constitución. Queremos reformarla para seguir viviendo y decidiendo juntos»
· Mientras Turull (CiU) proclama: «Se ha iniciado un camino sin retorno», Duran Lleida (CiU) afirma: «Estamos dispuestos a negociarlo todo»
En poco más de hora y media quedó zanjado el debate. No habrá consulta el 9 de noviembre en Cataluña dentro de la ley. La facultad para convocarla es «indelegable» sin matices, como demostró Rajoy diseccionando los fundamentos de la doctrina constitucional, y además, es imposible porque «el Estado no puede ceder una competencia que no tiene», como remató el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ambos líderes, siempre rivales y ayer de la mano, sentenciaron la discusión, conjugándose a modo de pinza en la primera respuesta que dieron a los tres emisarios enviados por Artur Mas para defender el derecho de los catalanes a decidir su futuro y, por ende –y ahí radica el problema–, el de todos los ciudadanos españoles.
La terna de representantes del independentismo –el portavoz de CiU, Jordi Turull; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el líder de ICV, Joan Herrera– tomaron consecutivamente la palabra en primer lugar para defender la petición del Parlament, es decir, para reclamar la autorización a celebrar un referéndum secesionista, aunque la finalidad última del mismo es distinta para cada una de las fuerzas a las que representan.
ERC por descontado cree que el fin del camino es la independencia, guste o no al resto de España, como puntualizó haciendo doblete a Rovira, el portavoz en Madrid, Alfred Bosch.
CiU mantiene que se trata de tomar el pulso a la ciudadanía catalana, a modo de encuesta, sin prejuzgar dónde desembocará la aventura, según puntualizó Duran Lleida, que se mostró dispuesto a «negociarlo todo», y discrepó así de su compañero llegado desde Barcelona, Jordi Turull, para quien los catalanes han iniciado «un camino sin retorno».
Y a continuación ICV, que propone en el fondo una consulta simbólica porque tras la misma apostaría por el no a la independencia.
La postura común con la que aseguraban venir los tres partidos a la sede de la soberanía nacional brilló por su ausencia: de hecho, se quedó en la simple reclamación de llamar a los catalanes a la consulta. Y eso, como quedó definitivamente sentenciado por el 86% de los votos –299 en contra, 47 a favor y una abstención– no será posible.
El presidente del Gobierno y el líder del PSOE desgranaron los argumentos en contra con solidez y solvencia. Rajoy se atuvo a los razonamientos puramente jurídicos; Rubalcaba prefirió el terreno de juego claramente político.
El presidente partió de un principio indiscutible: «No hay democracia sin ley». Y es que «la ley y el deber» es el único terreno por el que Rajoy asegura tener permiso, en razón de su cargo, para transitar. Instalado en ese campo la perspectiva es sólo una: la Constitución no permite atender a la solicitud del Parlament y no lo permite porque «se trata de una competencia indelegable».
El referéndum es «la manifestación de un derecho fundamental», el de participación política, y las condiciones de su ejercicio corresponde «exclusivamente al Estado», que es el que «administra lo que es común (…) porque importa a todos, y a todos por igual», explicó. Así, «el Estado», profundizó, «debe conservar siempre la titularidad de sus competencias para no dejar a los ciudadanos, a sus derechos y a su igualdad desguarnecidos».
Es más, insistió en la idea de que si el Parlamento pudiera transferir la titularidad de las competencias exclusivas, podría también «liquidar la Constitución y el Estado mismo sin el concurso del conjunto de los españoles». A todo ello añadió una segunda razón de calado: no se podría en ningún caso autorizar un referéndum cuyo propósito sea radicalmente contrario a la Constitución y con el que se busca «acabar con la unidad de España».
Y tanto en opinión de Rajoy como de Rubalcaba, el que pretende la Generalitat lo es porque busca proclamar una soberanía que no existe. En palabras del presidente: «La soberanía corresponde a todos los españoles. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales».
No se trata de una cuestión que los políticos puedan resolver porque la Constitución les niega la potestad necesaria. «Esta es la realidad», recalcó Rajoy, «salvo que se cambie la Constitución y para hacerlo hay reglas que no se pueden saltar».
Entró así el presidente en el terreno de las vías abiertas, difíciles pero posibles. Y entre esas vías, el camino más claro, aunque también el más complicado de recorrer es el de la reforma de la Carta Magna. Cambiar la Constitución sería un paso inapelable sin ninguna duda ya que, como gráficamente expuso el propio Rajoy, «las constituciones son como los testamentos: la última anula todas las anteriores».
Ahí recordó que la actual fue refrendada por el 90,4% de los catalanes, que no consideraron que fuera «ni una mordaza ni un grillete» sino «una garantía y una salvaguarda».
Mariano Rajoy, que durante mucho tiempo ha limitado sus apreciaciones sobre el reto catalán a escuetas y tajantes negativas, no se privó ayer de adornar su discurso con un duro reproche a quienes promueven «el enfrentamiento, la fractura y la división para justificar su propio proyecto». Sus palabras apuntaban directamente al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ayer no se atrevió a defender sus teorías y aspiraciones en el Congreso.
«No es verdad que en Cataluña sufran una presión insoportable; no es verdad que se persiga la lengua catalana o que se asfixie su cultura; no es verdad que se pongan trabas al desarrollo económico ni que se torpedee el bienestar», lanzó el presidente como dardos hacia la línea de flotación de la historia de agravios que suelen esgrimir desde el independentismo.
«No tienen ustedes razón», insistió después de mostrarse convencido de que él cree en Cataluña más que quienes enarbolan la bandera del secesionismo, aunque sólo sea, dijo, porque no se siente en la necesidad de «demostrar a cada paso que Cataluña existe».
Después, para completar la lista de quejas, una de gran calado: «Cuando alguien plantea a la gente una deriva que les obliga a escoger, a optar, a renunciar a una parte de lo que ahora tienen, debe tener la honestidad de contar también los riesgos y el coste de esa renuncia».
Él los enumeró ayer someramente, pero también para que sus palabras no cayeran sólo en el campo de la negativa mostró el escenario de diálogo dentro de la ley que se esperaba, y algo más: «Hay una puerta abierta de par en par para los que no estén conformes con el actual estado de las cosas: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución».
Con esta última oferta, el presidente puso en suerte al líder del PSOE la esencia de su intervención. Rubalcaba, como viene propugnando desde hace meses, cree que la única alternativa posible a la actual situación pasa por iniciar un «proceso democrático, transparente, dialogado, legal y participativo» para reformar la Carta Magna y las normas de convivencia entre Cataluña y el resto de España.
También él remachó la idea de que el Estado no puede ceder una competencia que no tiene e hizo hincapié en que el cumplimiento de las leyes es «inexorable» para todo aquel que se considere demócrata, aunque la ley, apuntó, se puede cambiar.
Es por eso que, según el líder de los socialistas, el debate que ayer se solventó en la Cámara no debe ser un punto final, sino todo lo contrario. Él lo desea como el inicio de un camino de diálogo en el que se intercambien razonamientos pero en el que no cabe, en su opinión, la afirmación de que el derecho de autodeterminación es constitucional. Es más, insistió, «no figura en ninguna Constitución del mundo».
El socialista defendió por encima de todo el camino de la revisión constitucional con el objetivo último, no de privilegiar a Cataluña respecto al resto de España, ni tampoco para hacer posible la vía de la separación, sino, bien al contrario, «para seguir viviendo juntos».
Rubalcaba, vapuleó los argumentos de los comisionados catalanes y puso empeño, como el presidente, en que nunca Cataluña tuvo una cuota de autogobierno como la actual. Se anticipaba así a los lamentos victimistas del día después. Las diferencias con el discurso del presidente se centraron en el hecho de que, como recordó, el PSOE nunca ha emprendido «campañas dañinas» en contra de Cataluña y siempre ha apostado por la negociación y no por el inmovilismo.