«El Parlament declara que Catalunya es republicana y por tanto no reconoce ni quiere tener ningún rey», así da comienzo la resolución conjunta que JxCat, ERCy la CUP presentaron y que votó favorablemente la mayoría de la Cámara catalana respecto a la crisis de la monarquía.

El pleno también aprobó, con el apoyo de JxCat y ERC, la resolución de la CUP, en la que se mostraba «el rechazo a la monarquía borbónica como institución caduca, profundamente antidemocrática, corrupta y heredera de la dictadura franquista así como «reprobar al rey Felipe VI y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y enriquecimiento ilegítimo». El texto aprobado también pedía «expulsar a los miembros de la Monarquía de las instituciones y fundaciones compartidas” y suprimir la  «simbología y nomenclatura urbana monárquica». Esos tres mismos grupos han aceptado sin rechistar la firma del Rey Felipe VI para que los electos de esos partidos hayan sido nombrados miembros del Parlament, de su Mesa y president y consellers de la Generalitat de Catalunya. ¿Le pondrán alguna pega a la firma del Rey si acaso se consumara la concesión de los indultos a los delincuentes de sus formaciones políticas? Yo no aceptaría la firma de alguien a quien repudio, insulto y quiero expulsar de mi país. Claro que yo no soy un héroe de la nada.

Estos héroes y sus validos exigen que se busque una solución política al conflicto político de Cataluña. Cada vez que a algo se le añade el calificativo político me despisto y me acuerdo de que eso ya lo había oído de labios de los sanguinarios etarras, del PNV o del rechazado parlamentariamente “Plan Ibarretxe”.

Más elocuente, uno de cada cuatro catalanes votaron por la independencia. Esto es, el 76% decidió que su voto se orientaba a transitar por otros caminos diferentes

De nuevo se vuelve a tomar la parte por el todo cuando se habla de conflicto con los catalanes. ¿De qué catalanes se habla cuando se habla del conflicto catalán? Los ciudadanos que tenían derecho a voto en las últimas elecciones catalanas fueron 5.623.962. Los grupos independentistas obtuvieron 1.366.044. O sea, el 24% del censo electoral. Más elocuente, uno de cada cuatro catalanes votaron por la independencia. Esto es, el 76% decidió que su voto se orientaba a transitar por otros caminos diferentes. No se comprende que se quiera someter al 76% de los ciudadanos con derecho a voto a la voluntad del 24%. No es tolerable que, para que haya concordia y conciliación, los derechos constitucionales del 76% de los ciudadanos de Cataluña deban ser sometidos a los dictados de la ideología totalitaria de la minoría.

El Gobierno de ERC y JXC, apoyados por la CUP, han prometido sus cargos  evitando cualquier palabra que significara sometimiento a la Constitución o al Estatuto

Los que debaten sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a los independentista sediciosos se preguntan si los indultados volverían a delinquir. No deja de ser una pregunta retórica porque el independentismo no es que lo volvería a hacer, es que no ha dejado de hacerlo desde al año de 2012. El Gobierno de ERC y JXC, apoyados por la CUP, han prometido sus cargos  evitando cualquier palabra que significara sometimiento a la Constitución o al Estatuto, negando la lealtad al Jefe del Estado que firmó sus nombramientos y sustituyendo los símbolos oficiales por el lazo amarillo y la estelada, al estilo de lo que hacía el franquismo con su aguilucho o los países comunistas con la hoz y el martillo.

Defensores del Estado de derecho

La visión del indulto a los sediciosos se presta a varias lecturas y a comparaciones odiosas. Quienes quieren llevar el agua a su molino sacan a pasear el indulto que el presidente Aznar concedió al exministro José Barrionuevo y al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. La comparación no puede ser más odiosa. Barrionuevo y Vera, con aciertos o con errores, defendían el Estado de derecho frente a los terroristas de ETA. Los sediciosos independentistas lo que quieren es terminar con ese Estado.

Frente a quienes piensan que en el PSOE existen dos partidos, el viejo y el nuevo PSOE, debo corregirles. El PP, Vox y los de la Plaza de Colón no pueden apoderarse en exclusiva del concepto del Estado de derecho que construimos hace 42 años. No es el viejo PSOE el que se opone al indulto. Es el socialismo democrático el que se niega a que el PSOE abdique de la conquista democrática a la que contribuyó decisivamente. El PSOE tiene 142 años de historia. Los afiliados socialistas se sienten orgullosos de militar en un partido centenario y con historia. ¿De qué parte de esa historia se sentirán más orgullosos? No creo que haya ningún periodo que supere al papel que los socialistas hemos jugado en estos últimos cuarenta años. Por eso no es asumible que se menosprecie las opiniones de quienes objetamos decisiones que afecten a los intereses de todos los españoles.

El debate debería abrirse en el seno del PSOE para que los argumentos de unos y de otros ayuden a formar una única posición y a votar en un asunto tan controvertido como el de los indultos. Frente a los que piensan que existe una única verdad, yo afirmo que el PSOE es un partido en el que jamás la fe ciega guio sus pasos. Y por eso, recordando la famosa frase de Deming, “Solo creo en Dios; todos los demás, traigan datos”.