Ahora, diez los elige el Congreso, y los otros diez el Senado. No es la mejor fórmula porque supone una intervención demasiado directa de los políticos sobre los jueces, pero tampoco se puede decir que sea inconstitucional.

Lo que sí es inconstitucional es que se dé por bueno el sistema de cuotas. Es decir, que cada partido elija a «sus» jueces en función de un enjuague político supuestamente basado en la representación parlamentaria.

La Constitución es muy clara en otro principio que es diametralmente opuesto a este apaño. Al exigir una mayoría de 3/5 en el artículo 122.3, el espíritu de la norma está imponiendo que los jueces sean de consenso. Es decir, que a todos les parezca bien el que propone el otro. No se pide que yo trague con los tuyos a cambio de que tú tragues con los míos, sino que a mí me parezcan bien los tuyos, y a ti bien los míos.

Siempre habrá «míos» y «tuyos», no hay que ser ingenuos. Pero dentro de lo «tuyo y lo mío» hay categorías, y la división partidista propia del Parlamento no debe contagiarse bajo ningún concepto al Poder Judicial. Es la diferencia entre la cuota y el consenso.

Llevamos demasiados años soportando la práctica inconstitucional de los jueces de cuota. Pero en el contexto actual no se puede seguir permitiendo, y es necesario dar un paso.

Resultan especialmente alarmantes las declaraciones de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente del Congreso, que argumentó en contra de la propuesta del PP del siguiente modo:

«Nos basamos en un principio fundamental que establece la propia Constitución, que dice que todos los poderes emanan del pueblo. No puede ser que 2000 o 3000 personas que han aprobado una oposición elijan a un poder del pueblo, como es en este caso el Poder Judicial, como tampoco entenderíamos que los funcionarios públicos eligieran al Gobierno de España».

Que un cargo institucional de tal relevancia reclame un poder así sobre los jueces con un argumento tan falaz es muy preocupante. Se alinea con el argumento del lawfare y con el acoso que este gobierno está realizando contra los jueces, y aquí sí que hay que poner un muro.

Un muro que proteja a los jueces de los políticos, y no un muro que incomunique a los políticos.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, sobre la reunión entre Sánchez y Feijóo: «El primer paso ya se ha dado»#LaHora26D
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— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) December 26, 2023

Que todos los poderes del Estado emanen del pueblo, que es el titular de la soberanía nacional según el artículo 1 de la Constitución, no significa que el Parlamento tenga que elegir a todos los cargos que ejercen algún tipo de poder, el que sea.

¿O es que Celis estaría dispuesto a defender que al fiscal general del Estado también lo elijan las Cortes, o a los 400 asesores de Presidencia, o a los más de 300 altos cargos de la AGE nombrados por designación directa?

¿O incluso al propio jefe del Estado?

La Constitución establece también otros principios esenciales para el funcionamiento de la democracia. Entre otros de esos principios está el control directo e indirecto de los poderes entre sí, para lo cual es necesaria la independencia del Poder Judicial.

Lo que reclama Celis es que el Congreso se convierta en el brazo ejecutivo del presidente del Gobierno. Esta es la tentación totalitaria más probable en la que cualquier democracia puede caer, y contra la que todos los sistemas modernos, desde la Constitución inglesa, después la americana y luego todas las demás en Occidente, se han preocupado mucho de protegerse.

Como es verdad que todos los poderes emanan del pueblo, como no queremos caer en la trampa del cesarismo, y como necesitamos que sean los jueces los que controlen a los políticos, y no los políticos los que controlen a los jueces, es crucial que Feijóo se muestre inflexible en sus exigencias respecto a la reforma de las reglas para la renovación del CGPJ. El momento lo exige.