Editorial en ABC, 16/6/2011
La actual versión violenta del 15-M ya se ha revelado como lo que es, y no hay que esperar a más decisiones de autogestión por parte de sus integrantes para saber si se disuelven o si les apetece trasladar su campaña de acoso e intimidación a otras instituciones.
EL movimiento que surgió el 15 de mayo ha degenerado de tal manera que llamar «indignados» a los violentos que amenazaron y agredieron ayer a los parlamentarios catalanes es un eufemismo que no merecen. Lo que sucedió ayer a las puertas del Parlamento de Cataluña es un delito, por supuesto, pero, al margen de su calificación jurídica, es la revelación auténtica de que si en España hay que preocuparse por algún extremismo, este será el de la izquierda. Quienes se presentan como regeneracionistas de una política estancada llevan varios días comportándose como bandas violentas, practicando una auténtica «kale borroka» contra las instituciones que, con todas las imperfecciones que se quieran, pero también con toda la legitimidad que otorga el sufragio universal, representan a los españoles. Por ahora, los violentos «indignados» no han demostrado que representen a nadie más que a sí mismos, rompiendo cualquier vínculo con las respetables motivaciones que en un primer momento impulsaron las protestas espontáneas del 15-M. Nada hay de respetable en coaccionar a los representantes democráticos de Cataluña, o a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos acosados en la jornada de constitución de los nuevos gobiernos municipales.
Es hora de aplicar la ley y de hacer respetar los derechos y las libertades. Mirar con simpatía o simplemente dejar hacer las andanzas de jóvenes violentos es la fórmula más eficaz para que haya más violencia. Ayer se cometieron varios delitos ante el Parlamento catalán. Hoy tienen que empezar a funcionar el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Estado democrático está indefenso sin el Estado de Derecho. La actual versión violenta del 15-M ya se ha revelado como lo que es, y no hay que esperar a más decisiones de autogestión por parte de sus integrantes para saber si se disuelven o si les apetece trasladar su campaña de acoso e intimidación a otras instituciones.
Claro está que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contesta con un lacónico «no» a la pregunta de si le preocupa la deriva de los acontecimientos, mientras había parlamentarios catalanes refugiados en una comisaría y otros eran rociados con espray, la explicación de la situación general de España es evidente. Tan evidente como el naufragio político del presidente del Gobierno, incapaz de una reacción responsable y coherente con su cargo ante un atentado en toda regla contra el sistema democrático.
Editorial en ABC, 16/6/2011