Sólo queda que el móvil del fiscal general aparezca en el Manzanares

Hace ocho días, la fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, sorprendía a propios y extraños. En el juicio contra el expresidente de la Real Federación de Futbol, Luis Rubiales, por el beso que le propinó a la jugadora Jenni Hermoso tras el Mundial Femenino, ésta no descartaba pedir la imputación por falso testimonio del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, por su contradictoria manifestación como testigo. A expensas de lo que resuelva, el ministerio público situaba sobre la cabeza del míster del combinado español la espada de Damocles de un pecado penado con entre seis meses y dos años de cárcel por faltar a la verdad o alterarla con «reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes».

Como tal incriminación suele ser excepcional, dado que los magistrados se limitan a soslayar aquellas confesiones a las que no dan crédito, todo parecía una salida de pata de banco, y así debe estimarlo el magistrado a juzgar por el mohín con el que acogió la ocurrencia. Empero, este lance de la fiscal Durántez cabe contraponerlo al nefando comportamiento del ministerio público cuando quien le miente sin rebozo al juez es un fiscal general del Estado imputado. Ni que decir tiene que, a diferencia del rentoy con Luis de la Fuente, el ministerio público, con clara postergación del interés general, no instará procedimiento alguno contra García Ortiz, quien tiene un deber de ejemplaridad anexo al cargo.

Después de argüir un ficticio protocolo de seguridad para justificar por qué la Guardia Civil halló «cero mensajes» en su terminal, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado lo ha vuelto a dejar en evidencia al remitir al Tribunal Supremo un nuevo informe en el que documenta que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp «hasta dos veces» el día 16 de octubre en el que la Sala de lo Penal decretó su inculpación por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Todo ello como parte de una trama de la Moncloa para destruir a una opositora de un Sánchez que no ha cejado un momento en perseguir a la familia de esta al completo, mientras él consumaba con la suya todas las infracciones (y más) que le achacaba a aquella, lo que le coloca entre la espada (de la Justicia) y la pared (de los Juzgados).

De forma minuciosa, García Ortiz eliminó un total de 5.877 mensajes de WhatsApp en dos fases para asegurarse el borrado total por lo que se deduce que comprometían a quien, lejos de colaborar con la Justicia, la torpedea con métodos del hampa. Sólo queda que el móvil del fiscal extrañamente desaparecido aparezca en el fondo del río Manzanares como urden los cacos. Diríase que, viéndose apurado, ha tirado de malhechores como «Soy el Señor Lobo, soluciono problemas». Es el personaje de «Pulp Fiction», la gran película de Tarantino, al que recurre el jefe de la banda cuando a un sicario suyo se le dispara el arma dentro de un coche y le revienta la cabeza al tal Marvin, y le ofrece sacarlos del brete bajo la premisa de «yo pienso deprisa, hablo deprisa y necesito que actúen deprisa si quieren salir de ésta». Ahora bien, el Señor Lobo les advierte que, si querían que les sirviera de algo haber frotado la tapicería del vehículo a base de bien, «no empecemos a chuparnos las p… todavía».

No se sabe si García Ortiz se ha precipitado o qué ha fallado a la hora de anular mensajes y demás medidas para que la información no pudiera ser recuperada, pero el hallazgo de la UCO le ha dejado con las vergüenzas al aire tras su declaración del 29 de enero ante el magistrado Ángel Luis Hurtado en la que se escudó en que él esfuma el contenido de sus móviles «de manera regular» al maneja «datos ultra sensibles». Su estado procesal se agrava por el hecho de prescindir de su cuenta personal de Gmail en la que ordenó que le remitieran los correos —no en la oficial, como es obligado, salvo que estuviera montando el gatuperio— cruzados entre el letrado del novio de Ayuso y el fiscal de delitos económicos. Habrá que avispar asimismo con quienes contactó García Ortiz de los ministerios de Justicia y de Hacienda entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas clave del filtrado de pormenores confidenciales del empresario González Amador.

A la par que García Ortiz enfanga la Fiscalía y esta sirve intereses espurios, quien desempeñara antes esa encomienda, Cándido Conde-Pumpido, ha sido avisado por el Tribunal Supremo de que puede ser denunciado por prevaricación. No en vano, no para de burlarse incluso sacando la lengua de la más alta instancia judicial. No hay semana en la que no desbarate un fallo condenatorio del Tribunal Supremo que atañe al PSOE, como se acreditó en el escándalo mayúsculo de los ERE, a sus amigos o a sus socios, como se predispone a obrar para amnistiar al prófugo Puigdemont de cuya suerte pende el devenir de Sánchez.

Como fiscales generales de Zapatero y de Sánchez, García Ortiz y Conde-Pumpido prosiguen por unos derroteros que no canalizó debidamente Rajoy y cuyo cauce guadianesco anega ahora el Estado de Derecho. Ello ahonda a España en el lugar 46 en el Índice de Corrupción con el peor bagaje en 30 años en plena ola de escándalos y lleva a Transparencia Internacional a catalogarla -ojo al parche- de «democracia defectuosa» tras Ruanda o Botsuana. No está nada mal como balance de la moción de censura Frankenstein por la regeneración que aupó a Sánchez a La Moncloa con el incriminado Ábalos de mantenedor de los juegos florales. Todos sus antecesores lo superan con la excepción del tardofelipismo. Sucede cuando los policías de la Constitución se vuelven contra ella y la asaltan cual partida de forajidos.

Habrá que ver, si García Ortiz, así como su predecesor y presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, pese a estimarse el uno intocable y el otro inviolable como el mismísimo Rey, terminan siendo alguaciles alguacilados. Como en el segundo de los Sueños y Discursos de Quevedo en el que el licenciado Calabrés se enfrasca en intentar exorcizar a un ministril poseído marchando trasquilado. En ese Sueño, Quevedo se plantea si «hay justicia en la tierra, rebelde a Dios, y sujeta a sus ministros», y narra cómo, llegando la Verdad y la Justicia a la tierra, la una no halló comodidad por desnuda, ni la otra por rigurosa, hasta que «la Verdad, de puro necesitada, asentó con un mudo», mientras que la Justicia, desacomodada, fue de casa en casa pidiendo que la recogiesen y recusándola todos: «¿Justicia y por mi casa? Vaya por otra». Ahí sigue errabunda pese a la labor tenaz de algunos jueces por aplicar una ley pervertida por quienes sirven a Sánchez. Que cada cual lo tenga presente, y no mire quién lo dice.