Para tanto como se llena la boca de ‘diálogo’ esta izquierda que nos gobierna, hay que ver lo que le gusta insultar, imponer y amenazar. De hecho, es lo que mejor hace, y ni en eso resulta eficaz.

El PSOE lleva décadas ignorando el problema de los pozos ilegales y los cultivos carentes de regulación en Huelva. Durante cuarenta años gobernaron Andalucía sin mover un dedo al respecto. Hace ya cinco, su secretario general, Pedro Sánchez, recién lograda la investidura previa moción de censura, prometió acometer diez obras indispensables para llevar agua a la comarca donde se ubica el coto de Doñana, ninguna de las cuales ha visto la luz. Pero cuando el PP de Juanma Moreno propone una legislación destinada a ordenar definitivamente ese caos, garantizando que el riego se haga exclusivamente con agua de superficie, el mismo que no ha hecho los deberes se lleva las manos a la cabeza y afirma, cual Torquemada dispuesto a sacar votos de donde sea, que «Doñana no es el cortijo de la derecha y la extrema derecha». Efectivamente; el coto es un territorio de enorme valor ecológico que sufre, como tantos otros, los efectos de una sequía terrible, agravada por la ausencia de un plan hidrológico nacional, elaborado en época de Aznar y paralizado por Zapatero a instancias del separatismo catalán.

La malhadada ley del ‘solo sí es sí’, presentada en su día por el propio presidente como la quintaesencia del progreso feminista, referente de la comunidad internacional, ha beneficiado ya a un millar de violadores y pederastas, de los cuales cien están en la calle antes de tiempo. Cuando en su día expertos juristas advirtieron de que esto ocurriría más pronto que tarde, Irene Montero, Pablo Echenique, Pablo Iglesias y otros destacados dirigentes de Podemos los llamaron machistas, fachas y cosas peores. Idénticos calificativos recibieron los jueces que rebajaron penas en estricto cumplimiento del texto aprobado, ante el silencio estruendoso del PSOE, corresponsable del desaguisado. Pasan los meses, sale libre la peor escoria, sube el tono de las descalificaciones entre los socios de la coalición, pero nadie pone remedio al escándalo. A nadie le importan las víctimas. Lo suyo es la bronca, el megáfono y la pancarta, únicas actividades donde demuestran maestría.

Cuando Ferrovial anunció que trasladaba su sede a los Países Bajos, la respuesta del Ejecutivo osciló entre la coacción y la ofensa. La ministra de Hacienda amenazó con soltar a la Agencia Tributaria, cual perro de presa, mientras sus colegas tildaban a Del Pino de antipatriota y su jefe se negaba a cogerle el teléfono hasta en cuarenta ocasiones. ¿Resultado? La empresa se ha ido y la reputación de España ha sufrido un descalabro importante.

La arrogancia chulesca es la seña de identidad del Gobierno en pleno, desde Sánchez a Montero, sin olvidar a Marlasca, quien sólo muestra humildad ante los asesinos de ETA.