Soluciones políticas, ¿para quién?

Siempre me acuerdo de aquella recomendación cuando me encuentro con uno de esos comodines que apuntalan la retórica política. Me sucede con federalismo, autogobierno, cambio, reforma constitucional o diálogo. A todos les gustan mientras no se pidan detalles. Cada político entiende lo que quiere, si entiende algo, y queda a la espera de que no tarde en llegar la siguiente pregunta, no sea que alguien le importune reclamando precisiones.

El conjuro, a veces, resulta útil durante un tiempo y hasta cumple funciones apaciguadoras o, por mejor decir, narcóticas. Ahí está la Constitución con sus nacionalidades y regiones. Se pacta la confusión, el «estamos de acuerdo, aunque no sabemos en qué», y cada cual vuelve a su respectivo cuartel ensayando su particular mirada tontiastuta para decirle a su tropa: «Se la hemos colado». Los nacionalistas, maestros del género, han mostrado una productividad estajanovista en facturar esa chatarra: lengua propia, normalización, comunidades históricas. «Ustedes compren las morcillas que ya nos encargaremos de rellenarlas a nuestro gusto», nos decían sin mentir. Y las compramos.

Pero, salvo para los chamanes, los conjuros no sirven. Las ambigüedades más temprano que tarde reclaman su letra pequeña y los comodines –incluso Franco, ese moro muerto tan reutilizable– ya no dan más de sí. En esa hora los problemas reaparecen encanallados y, como en las cosas del querer, asoman los reproches de promesas que nadie hizo pero que cada uno cree recordar según su conveniencia.

El Gobierno ha vuelto a poner en circulación un comodín ya manoseado: «buscar soluciones políticas al conflicto catalán». En cinco palabras, dos ambigüedades y un perímetro errado. La primera: la descripción del conflicto. Según algunos, el conflicto es el resultado de no atender las exigencias nacionalistas. Las razones de por qué habría que hacerlo no están claras. La explotación económica y la falta de reconocimiento de la identidad, tantas veces invocadas, son fabulaciones: Cataluña es una economía con respiración asistida y si hay una identidad despreciada es la de la mayoría de los catalanes que, para empezar, no pueden estudiar en su lengua materna. Algunos, creyendo precisar, dicen que los independentistas son muchos y que sus demandas están muy consolidadas. Un argumento que habría valido para los racistas en Alabama o los sexistas de aquí mismo. Que nadie se escandalice con la comparación. Estamos ante idéntico guión: unos cuantos reclaman limitar los derechos de otros en virtud de una característica, de su sexo, color de la piel o identidad. Tradicionalmente la respuesta política cabal consistió en combatir las ideas perniciosas sin que importara el número ni la fijación –incluso biológica– de los trastornos. El imperio y la pedagogía de la ley cumplieron su función. La gente cambia hasta de adicciones. Recuerden que este era un país de fumadores hace dos días.

La primera ambigüedad sostiene la segunda: la descripción del problema decide la solución. Con la descripción anterior, no queda otra que aceptar la solución nacionalista. Una solución, eso sí, para los nacionalistas, no para Cataluña. Y, no cabe engañarse, consiste en reconocer a Cataluña como unidad de soberanía. Cualquier referéndum, en plata, quiere decir la independencia de facto o su simple posibilidad, que es también la independencia. Soberano es quien tiene la última palabra y, aunque permanezca callado, mantiene intacto el poder de hablar cuando lo crea conveniente. En el mismo acto de votar se acepta un demos legítimo.

Por aquí asoma la tercera imprecisión: el perímetro del problema no es Cataluña, sino España. Lo es en un sentido inmediato, entre otras cosas porque los ciudadanos no pueden acceder a posiciones laborales en igualdad de condiciones. Pero lo es también en un sentido más hondo. Y es que la aceptación por todos del relato nacionalista ha degradado la calidad de la democracia española. Los esfuerzos de tantos por liberar al nacionalismo de sus responsabilidades han conducido a rebajar las exigencias de calidad democrática y a vaciar de sentido los fundamentos del Estado de derecho. Lo hemos visto en las repuestas ante discursos incendiarios, como el de Torra en el Teatro Nacional, jamás escuchados en boca de un cargo político comparable en los últimos 40 años. Cuanto todavía no se había vaciado la sala ya se escuchaban voces dispuestas a encontrar señales de buena disposición o a ofrecer al pirómano coartadas que nunca solicitó: son sólo palabras. El criterio de calibración se reajustaba para hacer digerible el delirio. Una senda de impunidad que permitió a los nacionalistas cultivar su hipersensibilidad de perpetuamente ofendidos y, al final, recocidos en su propia salsa, los arrojó al vértigo del 1-O. Pero si mala es la reacción ante los escupitajos, peor lo es cuando esas mismas voces agradecen el cumplimiento de la ley. Quien entiende el cumplimiento de la ley como un gesto de buena voluntad corrompe el concepto mismo de ley, que no contempla la discrecionalidad del consumidor. Acepta, implícitamente, que los poderes públicos puedan saltarse la ley. Si el cumplimiento de la ley es potestativo, no hay ley sino arbitrariedad. Sí, el daño mayor del nacionalismo no es el que ha hecho a los catalanes, con ser enorme, sino el que ha hecho a la democracia española.

El Gobierno no puede comprar el relato del conflicto de quienes quieren destruir el Estado a riesgo de poner en peligro nuestra democracia. Además, se trata de mercancía falsa. Y es que hay otra descripción del problema, más ajustada a los hechos y más acorde en sus soluciones con perspectivas de izquierdas. Eso sí, no se trata de soluciones para los nacionalistas, sino para los españoles. El problema en Cataluña es de libertades. Ahí va un resumen del conflicto realmente existente. Un parlamento cerrado, un presidente a las órdenes de un fugado de la Justicia que proclama estar en guerra con España, un partido político mayoritario al que niegan permisos para actos públicos, una Consejería de Interior con carteles en defensa de encausados de la justicia y unas instituciones de todos señoreadas por banderas de parte. El problema, por precisar, es el nacionalismo. La tensión y la deslealtad son sus maneras de estar en política. El nacionalismo es el problema que se presenta como solución a problemas que recrea y de los que se nutre.

SI SE ASUME el diagnóstico de que estamos frente a una ideología constitutivamente desigualitaria que hay que combatir si nos importa una comunidad de ciudadanos libres e iguales, estaremos en condiciones de ofrecer respuestas políticas serias, que no buscan reconciliarse con el mundo, sino cambiarlo de verdad. Nada más desolador que escuchar el lamento de Borrell: «Ya me gustaría a mí tener los medios y recursos del Diplocat». Triste, pero no sorprendente. Es la inexorable consecuencia de aceptar el relato nacionalista del conflicto, su solución política: la derrota del Estado.

Yo también creo que estamos ante un conflicto político, el de la Ilustración frente a una de las variantes del pensamiento reaccionario, la más clásica. Asumido ese diagnóstico, ahí va una lista (parcial) de soluciones políticas, de izquierdas, por precisar: recuperar las competencias en educación, acabar con las embajaditas, poner a los Mossos a las órdenes de Interior y denunciar a TV3 por delito de odio cada vez que corresponda –esto es, cada día– y, sobre todo, crear diseños institucionales que nos eviten depender a todos de unos pocos que se despreocupan por definición del interés de todos. No estoy seguro de que en 10 años se resolviera el problema. De lo que sí lo estoy es de que la solución no consiste en volver a repetir lo que nos ha llevado donde estamos, camino de desmontar el Estado.

Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro, de próxima aparición, es La deriva reaccionaria de la izquierda (Página Indómita).