Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
La noticia, vista así en bruto y sin matices, impresiona. El Gobierno vasco aprueba una OPE, ya sabe un oferta pública de empleo, para contratar 4.000 nuevos funcionarios. Sin embargo, para saber si son muchos o pocos, si son necesarios o superfluos, redundantes o imprescindibles, necesitamos más datos. Hay que considerar el plazo, que abarca tres años, hay que conocer si son reposiciones de jubilaciones previas, si atienden a nuevas competencias y cosas así. La justificación inicial siempre es indiscutible: se trata de mejorar las prestaciones y la calidad de los diversos servicios públicos. ¿Alguien en su sano juicio que se oponga a que los servicios públicos mejoren? ¿Hay alguien que valore tan poco su integridad física como para exigir que todo eso se mida? No claro, pero hubiera sido mejor seguir la secuencia lógica. Primero se reconoce que los servicios públicos funcionan mal o, al menos, que son mejorables, algo que ni sucede, ni sucederá nunca. Luego se debate cómo es posible mejorarlos; más tarde se fijan objetivos de mejora y, por último, se explica cómo el aumento de las plantillas o las mayores dotaciones presupuestarias van a conseguir la mejora buscada. Parece, pero no crea que esa secuencia es inexorable y hay muchas evidencias de que el aumento de la dotación de empleados y de los recursos comprometidos no siempre conducen a mejoras de los servicios para los ciudadanos.
En cualquier caso, pienso que no son útiles los eternos debates sobre el número total de funcionarios. Primero porque hay tantas esferas diferentes, tantos escalones y tantos organismos colaterales que resulta complicada la mera determinación de su número total. Luego depende, claro, del mapa competencial, es decir, de las responsabilidades atribuidas a cada uno de esos escalones y, aunque cueste reconocerlo -suena demasiado liberal-, depende también de los ingresos públicos obtenidos. En el caso del Estado, la ley establece que los servicios públicos prestados han de ser de un nivel, si no idéntico, al menos sí similar en todo el territorio. Pero el costo de su prestación no es idéntico en todos los lugares, como no lo son las disponibilidades. De ahí que sea tan complicado establecer un sistema de financiación que a todos satisfaga.
Si encima no se realizan nunca los convenientes análisis coste/beneficio de cada servicio, el debate se convierte en imposible. Por eso pienso que sería muy útil saber cuánto cuesta cada prestación (de eso informan los presupuestos, que tampoco son un prodigio de claridad) y qué calidad se alcanza. Así sabríamos si es posible hacer más con los mismo recursos o hacer lo mismo con menos. De todas maneras, tranquilidad. ¿Conoce a alguien que al salir de un ambulatorio o de un hospital se interese por el costo de las atenciones recibidas? Pues eso, si a nadie le importa, ¿por qué razón iba a ser usted el más original?