Dado que el debate político y económico ha quedado en muchos casos reducido a una guerra de titulares, el Gobierno ha logrado razonablemente salvar la papeleta de los datos de empleo en este mes de octubre. A la postre, la consigna que el Ejecutivo y sus medios satélites han amplificado es, seamos sinceros, bastante resultona: el paro descendió en octubre al mayor ritmo durante este mes de toda la serie histórica. Frente a semejante cápsula informativa, de nada servirá un análisis más desagregado de los datos que acaso ponga de manifiesto que las cifras no son ni mucho menos tan buenas como se nos pretende hacer creer. Pero vamos a intentarlo. 

De entrada: los datos realmente importantes no son tanto los de paro como los de afiliación a la Seguridad Social, puesto que el paro podría caer aun cuando se estuviera destruyendo empleo. Es más, los cambios en las modalidades de contrato y, por tanto, en la forma de contabilizar el número de parados (los fijos discontinuos no computan como parados) vuelven las estadísticas no homogéneas y, en consecuencia, no directamente comparables. Y, en este sentido, si acudimos a los datos de afiliación a la Seguridad Social, las cifras resultan menos ilusionantes.

Primero, aunque la afiliación ha aumentado en 103.000 personas, se trata del menor incremento desde el año 2017. Segundo, solo en el sector de la educación, el número de afiliados ha aumentado en 139.000 personas: es verdad que en sanidad se han perdido casi 40.000 afiliados, pero a su vez se han ganado 18.500 en la Administración pública, de modo que la afiliación directa o indirectamente vinculada con el sector público ha sumado 117.000 personas… con lo que la economía privada ha perdido, en promedio, casi 15.000 afiliados. Tercero, si desestacionalizamos los datos —que, cuando la desestacionalización está bien hecha, constituye la mejor forma de analizarlos—, el número de afiliados en octubre apenas creció en 16.000: la peor cifra desde la recesión de 2012 (en 2013, se crearon 58.100; en 2014, 30.600; en 2015, 23.500; en 2016, 64.300; en 2017, 50.200; en 2018, 64.000; en 2019, 36.200; en 2020, 32.100, y, en 2021, 74.700).

En definitiva, el diagnóstico que cabe extraer de los datos de octubre es que el mercado laboral español se está frenando y que, de hecho, se mantiene en gran medida en pie gracias a la contribución laboral del sector público. Se trata, dicho sea de paso, de una conclusión plenamente continuista de la que ya se desprendía de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2022: como ya explicamos, entre julio y septiembre, el sector privado dejó prácticamente de crear puestos de trabajo y solo el empleo público fue capaz de maquillar unas cifras que, en agregado, seguían dejando bastante que desear. También se trata, a su vez, de un diagnóstico similar al que nos dejó recientemente el índice PMI manufacturero correspondiente al mes de octubre. Permítanme citarlo: 

Las empresas también optaron por reducir sus plantillas, y la encuesta de octubre señaló un cuarto descenso mensual consecutivo del nivel de empleo. De hecho, la tasa de contracción del empleo fue la más rápida observada desde junio de 2020. Se informó que una combinación de exceso de capacidad y pesimismo creciente respecto del futuro tuvo un impacto negativo en el empleo. De hecho, los pedidos pendientes de realización se redujeron considerablemente (también al ritmo más fuerte desde mediados de 2020), mientras que la confianza en el futuro se situó en su nivel más bajo desde mayo de 2020. 

Las subidas de tipos de interés parece que ya están enrareciendo el contexto económico español y europeo. Los próximos trimestres no serán sencillos —no solo para España, tampoco para el resto del mundo— y quienes han estado dos años negando la realidad (primero negaron la inflación y luego negaron la recesión) deberían empezar por disculparse y por dar explicaciones.