- Aunque muchos de sus primeros decretos son preocupantes, no parece ilógica su pretensión de frenar la inflación y eliminar las barreras burocráticas y las cargas que frenan la innovación.
Tras el estrépito de la campaña y la escandalosa toma de posesión del presidente Trump, el nuevo inquilino de la Casa Blanca se fue al Despacho Oval y se puso a firmar órdenes ejecutivas.
La potestad reglamentaria del Ejecutivo en el orden constitucional estadounidense tiene un alcance mucho mayor que la propia de los gobiernos en regímenes parlamentarios como el nuestro, lo que no quiere decir que sea ilimitada. Al contrario, está sujeta al control de los tribunales (que anularán previsiblemente algunas de las firmadas, ya recurridas).
Esto sucede en todas las democracias. Tampoco el Consejo de Ministros español se muestra muy comedido al dictar reales decretos o decretos-leyes. De hecho, los abusos de esta herramienta normativa en España son palmarios y frecuentes en los últimos años. La pandemia sentó pésimos precedentes y cuando alguien se acostumbra a excederse, es difícil pararlo.
Igual le pasa a Trump, quien ya conoce el sistema y desea aprovechar al máximo el enorme poder de sus órdenes ejecutivas para aumentar el número de penas de muerte, cambiar el nombre del golfo de México, sacar de la cárcel a golpistas y atacar a sus enemigos.
No voy a detenerme en las decisiones que han causado más alarma entre la opinión pública, relatadas en detalle por los medios de comunicación. La retirada de la nacionalidad estadounidense a nacidos en su territorio, hijos de inmigrantes ilegales; la proclamación de los dos géneros exclusivos; los indultos a los asaltantes del Capitolio. Todo esto resulta preocupante, pero previsible porque se anunció en campaña y millones de ciudadanos votaron para que se hiciera. No esperemos misericordia.
Me interesa ahora su paquete de decisiones sobre la Administración federal y las agencias reguladoras, cuyas consecuencias pueden ser enormes en el corto, medio y largo plazo.
Se trata de las decisiones sobre despidos de empleados públicos, la exigencia de lealtad a los directivos de los entes administrativos y el programa de reducción de costes, todo ello parte del proyecto encomendado a Elon Musk con la creación de DOGE (la oficina gubernamental para la eficiencia del Estado).
Estas órdenes constituyen las primeras medidas de la agenda del presidente en su lucha contra el «Deep State«, la versión demonizada de la peor burocracia, funcionarios conjurados para poner palos en las ruedas y evitar que tengan éxito los programas del nuevo Gobierno.
El relato de Trump sobre su primera Administración culpabiliza a esos conspiradores en las agencias gubernamentales de sus fracasos o promesas incumplidas. Quien no se alinee con los objetivos trumpistas, será despedido de manera fulminante.
«Con la Administración Trump, miles de funcionarios van a ser purgados, todos aquellos que no se alineen con las prioridades del nuevo Ejecutivo»
Y los despidos los supervisará Musk, cuyas formas ya conocemos. Miles de funcionarios van a ser purgados, todos aquellos que no se alineen con las prioridades del nuevo Ejecutivo. Esto supone una vuelta al Spoil System («sistema del botín»), conforme al cual los puestos estatales son ocupados por los vencedores de las elecciones. Un regreso al siglo XIX.
¿Son todas las órdenes ejecutivas tan atrabiliarias?
Pues no. La idea de paralizar y revisar todas las regulaciones pendientes, someterlas a un escrutinio más estricto y valorar su necesidad para evitar costes a los emprendedores no parece absurda (Regulatory Freeze Pending Review).
Este decreto permite excepciones en casos de emergencia y debería contribuir a realizar otra orden más retórica y demagógica, la dedicada a la lucha contra la inflación (Delivering Emergency Price Relief For American Families and Defeating the Cost-Of-Living –Crisis).
El relato de esta acción presidencial contra la subida del coste de la vida culpabiliza a la Administración Biden del crecimiento de los precios, resultado de sus políticas radicales, sus cargas administrativas y abusos del gasto público.
También apunta a las leyes ambientales como causa de las subidas de los altos costes de bienes y servicios básicos. La orden exige informes cada treinta días sobre los efectos de las contramedidas que adopten las agencias federales para bajar los precios.
Si el presidente Trump consigue frenar la inflación, eliminar las barreras burocráticas y las cargas excesivas que frenan la innovación, seguirá la estela de Ronald Reagan, un presidente ridiculizado durante años en el imaginario de los españoles.
Hoy, el legado de Reagan es admirado por demócratas y republicanos. En todo el mundo se asocian sus decisiones al fin de los regímenes comunistas y el progreso de la economía. Así que Trump podría terminar como él, consiguiendo excelentes resultados.
También puede acabar como Nixon, su otro referente. Veremos.
*** Ricardo Rivero es catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Salamanca.