EL CORREO 05/07/13
· Las propuestas coincidirán con el final del ultimátum de los verificadores a ETA y con la sentencia de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’.
BILBAO. «A partir del nuevo curso político, habrá nuevas iniciativas que posibiliten avances en el proceso de resolución». Hasier Arraiz, presidente de Sortu, anunció ayer la voluntad del movimiento independentista de dar nuevos pasos a partir de septiembre para «desbloquear» la actual situación del proceso de paz. El líder de la izquierda abertzale, que el miércoles se reunió con la plana mayor del PNV en el que ha sido su primer encuentro oficial, subrayó que las «prioridades», en este sentido, son los temas relacionados con los presos de ETA, el desarme de la organización terrorista y las víctimas. Los tres aspectos que conforman lo que la antigua Batasuna cataloga como «consecuencias del conflicto».
La necesidad de abordar nuevas estrategias forma parte del discurso de los dirigentes de Sortu desde hace meses. La negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a realizar cualquier movimiento, por mínimo que sea, sobre la política penitenciaria o sobre la posibilidad de abrir un contacto con la organización armada ha llevado a la izquierda abertzale a apostar por impulsar un camino «propio», sin esperar al Ejecutivo del PP. Una nueva vía que tiene como referencia las conclusiones del denominado ‘foro social’ impulsado por Lokarri. Aquel texto con doce «recomendaciones» se ha convertido en la hoja de ruta para el movimiento independentista. El documento, en el que no hay ninguna alusión directa a los gobiernos de España y Francia, aboga por que los reclusos reconozcan el «daño causado» y por que ETA avance en la entrega de armas. El EPPK recibió este documento como un «punto de inflexión» y ha abierto un proceso de debate interno para analizar las recomendaciones y emitir una respuesta.
Y en ese recorrido el mes de septiembre aparece marcado en rojo. Primero porque en el arranque del nuevo curso político se cumple el plazo dado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV) para proseguir o no con su labor. El grupo que lidera Ram Manikkalingam dio en febrero un ultimátum a ETA para que avance en su desarme. De no producirse ningún gesto, los verificadores están dispuestos a echarse a un lado y poner fin a su trabajo en Euskadi.
Por esas mismas fechas de septiembre está previsto que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dé a conocer su decisión sobre la ‘doctrina Parot’. Los jueces europeos deben decidir si anulan de forma definitiva el sistema que se aplica en España para contabilizar los años que deben permanecer en prisión los reclusos con largas condenas, la mayoría militantes etarras. Fuentes del Tribunal de Estrasburgo aseguraron a este periódico que la decisión, que tiene como protagonista el caso de Inés del Río, no se tomará en ningún caso antes de agosto, mes en el que los magistrados toman vacaciones. El Gobierno de Rajoy se prepara, no obstante, para que la sentencia llegue a la vuelta del verano. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, aseguró, de hecho, el domingo que un fallo contrario a la Administración española deberá ser tomado en cuenta porque será de «obligado» cumplimiento para la justicia del país. De anularse la ‘doctrina Parot’, más de medio centenar de presos de ETA deberían quedar en libertad de forma automática y podrían litigar por recibir indemnizaciones por el tiempo de más que habrían estado en prisión.
Ante este escenario, el presidente de Sortu avivó ayer la posibilidad de que el movimiento independentista dé pasos de calado a partir de septiembre. Entrevistado en Radio Euskadi, Hasier Arraiz se mostró «convencido» de que, a la vuelta de las vacaciones, «habrá nuevas iniciativas que posibiliten avances en el proceso de resolución». Unas propuestas que deben girar en torno a las «prioridades» que ha fijado Sortu; aludió a la situación de los presos, el desarme de ETA y el reconocimiento de «todas» las víctimas.
«Soluciones acordadas»
Sin llegar a especificar cuáles serían esas medidas, sí insistió en que «los ámbitos» en los que la izquierda abertzale y todo el movimiento independentista deben actuar se sitúan en lo que se conoce como «las consecuencias del conflicto». Arraiz subrayó, en este sentido, que la situación de los reclusos etarras es «un tema de gran importancia política y de urgencia en cuanto a derechos humanos», y advirtió que se deberá también trabajar en «el desmantelamiento de la estructuras militares», de ETA y en la reparación de «todas las víctimas».
Unas iniciativas para las que el máximo responsable de Sortu confió en contar con la colaboración del PNV. Arraiz aseguró, un día después de reunirse con la dirección jeltzale en San Sebastián, que «dada la gravedad de la situación» sería conveniente alcanzar «soluciones acordadas» entre las dos principales formaciones políticas de Euskadi en materias como la paz y normalización, en vez de optar por «soluciones cada uno por su lado».
De hecho, en el encuentro que Arraiz y su equipo mantuvieron con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y otros tres burukides ambas delegaciones hicieron un análisis sobre el actual proceso de paz. Como desveló tras la reunión Ortuzar, los nacionalistas inquirieron a los representantes de la izquierda abertzale sobre las condiciones necesarias para «el final definitivo de ETA» y los «pasos» que está dispuesto a dar el colectivo de presos. El líder del EBB advirtió, en este sentido, que cualquier movimiento debería estar basado «en la autocrítica y el reconocimiento del daño causado». Preguntado sobre qué respuesta había obtenido de los dirigentes de Sortu sobre la posibilidad de que los reclusos protagonizaran algún gesto, Ortuzar optó por la cautela. Dijo que la reunión del miércoles estaba preparada para «hacer preguntas» y que las respuestas se las reservaba para el mes de septiembre, cuando ambas ejecutivas tienen previsto volver a encontrarse, esta vez en la sede bilbaína del PNV, en Sabin Etxea. Eso también será en el inicio del curso político.
EL CORREO 05/07/13