EL MUNDO 15/12/13
· El Foro Social que impulsa crea un comité de expertos para vehicular las demandas de ETA.
El Foro Social para impulsar el proceso de paz auspiciado por la izquierda abertzale y respaldado en sus «recomendaciones» por el PNV ha constituido un Comité que será presentado públicamente en los próximos días y que tendrá como uno de sus objetivos aglutinar el respaldo de las principales fuerzas políticas del País Vasco y Navarra para que los Parlamentos de ambas comunidades autónomas presionen al Gobierno en materia de política penitenciaria y en las circunstancias para el eventual desarme de ETA.
Este organismo estará formado por una veintena de profesionales –«transversales», según la izquierda abertzale– entre los que se encuentran jueces y ex magistrados, periodistas, profesores, que, aunque no ocupan ningún cargo en instituciones o partidos, han sido elegidos porque –a su entender– representan las sensibilidades y suscitan la confianza, por su trayectoria, de algunas de las formaciones políticas con representación parlamentaria. Y no solamente de las nacionalistas, sino también de las correspondientes a siglas de izquierdas como el PSE.
Se trataría, en principio de un grupo que analizaría la situación general, estudiaría, en su caso, las propuestas que pudieran llegarle de la organización terrorista y de sus presos (su seriedad y su compromiso real para así «articularlas con más legitimidad de la que tiene ETA», según las fuentes consultadas), y realizaría propuestas y alternativas.
Su propósito es que dichas propuestas, con sus correspondientes plazos, sean asumidas por los partidos políticos que tienen la mayoría en las Cámaras vasca y navarra, y que harían un frente común para intentar quebrantar o, al menos denunciar con las correspondientes consecuencias políticas, el inmovilismo que atribuyen al Gobierno en el que denominan proceso de paz.
Con el inmovilismo se refieren a la negativa del Ejecutivo de modificar la política penitenciaria contra la que no pueden hacer nada porque es competencia del Gobierno central –sus requerimientos abarcarán también la ampliación de competencias como la de prisiones–; y también su negativa a dialogar con la banda y sus intermediarios internacionales sobre las llamadas «consecuencias del conflicto» –armas, huidos, víctimas–.
El Foro Social es, según reza su página web, «una iniciativa conjunta de organizaciones diversas y plurales, en colaboración con entidades internacionales, que quiere fomentar la participación de la sociedad en el impulso del proceso de paz». Fue presentado en marzo en Pamplona y en Bilbao. En realidad, su origen está en la izquierda abertzale, incluye al Grupo Internacional de Contacto impulsado también por ésta para «internacionalizar el conflicto» y que estuvo tras la formulación de la Conferencia de Ayete y en las reuniones con ETA en Oslo tras el cese definitivo; y su proyecto estrella, el de las «recomendaciones», es fruto de un acuerdo de mínimos con el PNV.
El Foro se presenta partidario del «diálogo» y la «reconciliación» con el fin de establecer una «convivencia futura basada en el consenso». Propone que ETA desmantele sus estructuras militares pero con la intervención de «organismos facilitadores» que den seguridad «de lo realizado» a los Estados y también a los ciudadanos. Es partidario de integrar a las personas presas y huidas, la salida de los presos enfermos, de la libertad de quienes han cumplido su condena y del fin de la dispersión. Postula una llamada «justicia transicional» y quiere que los presos etarras sean actores activos del proceso de «normalización» y, por tanto, participen en el «intercambio de opiniones» con la ciudadanía y las instituciones competentes.
El Foro considera que los etarras han de reconocer el «daño causado» pero que ha de haber «diversas formas de narrar lo acontecido» –es decir los 50 años de asesinatos– y hay que reconocer a «todas las víctimas» fruto de «todas las vulneraciones de derechos humanos» –incluidas las del Estado–.
Los representantes del Foro hicieron llegar estas recomendaciones a los etarras y esperaban una respuesta pronta que ya tenía que haberse producido. Pero ETA ha aplazado la entrega de armas cuya ejecución se especulaba para principios de diciembre y los presos han retrasado la posibilidad de asegurar que su «actividad política causó daños», que es lo máximo a lo que estaban dispuestos a llegar el pasado mes de junio. En su último documento interno, fechado en el mes de noviembre, señalan que su prioridad, en una primera instancia, es forzar el acercamiento a las cárceles vascas sin una concesión más.
Los presos de la banda dicen también que la propuesta del Foro no es la suya y proponen un mecanismo de intercambio de pareceres para que su posición pueda adquirir un carácter prevalente.
Los presos, escépticos
Los presos de ETA no creen que el Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Gobierno vasco «vaya a tener mucho recorrido». Así lo reflejan en un documento interno en el que se reflejan las conclusiones de un debate desarrollado en los últimos meses entre los reclusos vinculados a la organización terrorista. Los reclusos mencionan el Plan de Paz del Gobierno vasco y subrayan su coincidencia en el tiempo con el Foro Social organizado por Lokarri y con la difusión de las recomendaciones derivadas de este foro.
Ello les lleva a interpretar que la propuesta del Ejecutivo encabezado por Iñigo Urkullu buscaba «hacer sombra a las iniciativas surgidas al margen de las instituciones», en referencia al Foro Social. El documento de los presos valora el Plan de Paz y Convivencia. Afirman que por «el planteamiento que se ha hecho y por las decisiones tomadas» no parece que «vaya a tener mucho recorrido». Mencionan que la Ponencia de Paz del Parlamento vasco «ha quedado bloqueada». Consideran que el plan «se basa en la autocomplacencia» y reprochan que no tenga ninguna competencia en el ámbito penitenciario. Hacen referencia expresa al programa de reinserción ‘Hitzeman’ contemplado en el plan de paz y critican al Gobierno vasco por no haber tenido ningún contacto con el colectivo para su elaboración, informa Vascopress.
EL MUNDO 15/12/13