EL MUNDO 22/01/14
· Plantea al Gobierno vasco una «hoja de ruta compartida» que incluya «un plan de repliegue de las Fuerzas de Seguridad en 10 años» / Reclama una «legislación ‘ad hoc’» para los presos y que el Estado haga «autocrítica»
La izquierda abertzale también ha escrito sus propuestas respecto a la «hoja de ruta compartida» para el fin de ETA. En ellas, los abertzales insisten en que el «conflicto» radica en la «falta de reconocimiento de la ciudadanía vasca como sujeto para el derecho a decidir» y creen que ese asunto debe ser tratado entre PNV y Sortu. Respecto a lo que denominan las «consecuencias del conflicto» –presos, víctimas y desarme–, en el mismo apartado en el que reconocen que «un objetivo a alcanzar» es que «ETA deje de ser un agente con armas», también piden que las Fuerzas de Seguridad sean retiradas del País Vasco en un periodo de 10 años. Aunque no condicionan necesariamente ambos aspectos.
En un texto escrito antes del 21 de octubre –y requisado a la jefa de los presos de ETA, Arantza Zulueta– los abertzales reclaman una legislación ad hoc para los reclusos y los huidos.
Los abertzales solicitan, de hecho, que Navarra y el País Vasco reclamen las competencias penitenciarias para «poner en marcha un programa propio de excarcelación» y una «legislación ad hoc» para la salida de presos y huidos; y que partidos y gobiernos realicen una autocrítica sobre «su actuación pasada en materia de violencia y víctimas».
El texto ha sido hallado también entre las propiedades de los detenidos de la operación Jaque, dirigidos por la jefa de ETA en las cárceles, la abogada Arantza Zulueta. Los investigadores judiciales lo atribuyen a la izquierda abertzale centrándolo en Sortu por su carácter de interlocutor con el Gobierno vasco en la elaboración de unahoja de ruta para el periodo post atentados. No viene fechado, aunque se deduce que fue escrito antes de la anulación de la doctrina Parot el 21 de octubre, porque la eliminación de esta doctrina es uno de los puntos requeridos.
No puede asegurarse que le fuese trasladado al lehendakari Urkullu, quien ha asegurado que su hoja de ruta –publicada el lunes por este periódico– fue comunicada a la izquierda abertzale ese mes de octubre y que no recibió respuesta. Si bien, después de la elaboración de los dos documentos, se produjeron varias reuniones entre ambas partes.
El planteamiento, la terminología y la argumentación del texto son inequívocamente radicales, en especial en la equiparación de responsabilidades entre ETA y el Estado. Cuando señala el objetivo de, textualmente, «esta hoja de ruta», la izquierda abertzale empieza señalando que «las partes actuantes» –no precisa cuáles– consideran que «Euskal Herria es una realidad que sufre desde tiempos inmemoriales la imposibilidad de conformar un marco político e institucional resultante de la voluntad democrática de sus ciudadanos».
Los redactores sostienen que la visión ha de ser «integral» y que tiene que dar una solución tanto a las «consecuencias del conflicto» como a lo que «nuclea» dicho conflicto, que es «la falta de reconocimiento de la ciudadanía vasca como sujeto para el derecho a decidir su futuro».
El objetivo, en definitiva, es solucionar ese conflicto alcanzando un escenario democrático pero según su concepto de democracia. El punto sobre el «autogobierno y el derecho a decidir», el «número 4», lo reservan a «la relación entre PNV-Sortu». Con el Gobierno vasco pretende hablar de las «consecuencias».
Esa era una cuestión reservada en el pasado, por la banda y por la propia izquierda abertzale, a las negociaciones entre ETA y el Gobierno central, pero dado que no se han producido, la pretensión es que el Gobierno vasco intervenga frente al Ejecutivo de Rajoy para que cambie su política posterrorista. En resumen, con este documento da la impresión de que pretende que el PNV y el Gabinete de Urkullu la ayuden a escenificar que finalmente ha podido cumplirse al menos una parte de sus originarias pretensiones.
Así, sobre el «desarme» y la «desmilitarización», Sortu aspira, según ese documento, a que el proceso sea «controlado, ordenado y consensuado». Admite que el objetivo es que ese proceso culmine con «el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA» –no habla de disolución–, que se haga en un «tiempo prudencial» y con la intervención de «organismos facilitadores internacionales independientes». Y pretende que haya participación gubernamental, de partidos, de agentes sociales y también del Gobierno vasco.
En el mismo epígrafe establece que la presencia de las Fuerzas de Seguridad tendrá que adecuarse al «nuevo tiempo político», respondiendo a un «plan de repliegue hasta su retirada en 10 años». No condiciona el desarme al repliegue o a la retirada, pero sí da por hecho que son necesarios para que el conflicto, en términos amplios, se resuelva. Los efectivos serán sustituidos por la Ertzaintza y, mientras permanezcan, deberán ser «reforzados sus mecanismos de democratización y control por parte de las instituciones y de la sociedad civil». «El cese de la actividad policial será aplicable a todos los cuerpos de seguridad», dicen, y será aprobado por los parlamentos de Vitoria y Pamplona y negociado «con Madrid».
Otro de los puntos fundamentales es la política penitenciaria; el objetivo es que «no haya un solo ciudadano vasco privado de libertad o con residencia fuera del país contra su voluntad por motivos políticos». Dice la izquierda abertzale que lo que hay que hacer es «modificar la política penitenciaria para adecuarla a los estándares internacionales», aplicando una justicia adaptada al momento y de «carácter transicional».
Se admite que la «reintegración» –prefiere no emplear el término reinserción, maldito entre la izquierda abertzale desde siempre– en la sociedad vasca, ha de hacerse «por medio de cauces legales, de forma escalonada, individualizada y en tiempo prudencial». «Los presos tendrán que mostrar su compromiso con el nuevo escenario y renunciar a las vías violentas» y, en su caso, deberá haber un «reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación». Los reclusos han de ser «actores activos» y hay que encontrar una solución a las «personas huidas» para las que hay que encontrar «vías de integración». Es lo mismo que dijeron los presos en el comunicado del EPPK de diciembre.
Los pasos prácticos que han de seguirse, según el texto, son: trasladar a los presos vascos a las prisiones cercanas a su lugar de origen, facilitar tratamiento médico y la salida de los que están enfermos, y la puesta en libertad de quienes hayan alcanzado los dos tercios o tres cuartas partes de la condena. El «punto de inflexión» son los acercamientos.
A partir de ahí «será necesario poner en marcha una política de excarcelación para lo cual habrá que reclamar las competencias del País Vasco y Navarra en materia penitenciaria, elaborar y poner en marcha un programa propio de excarcelación y elaborar una legislación ad hoc de cierre». Para los etarras huidos, «exiliados», se iniciará un proceso de regularización para los que no tienen causas pendientes y, «para quienes las tengan, se procederá a elaborar una legislación ad hoc».
Finalmente, viene su concepto del «relato» de lo ocurrido. Se aboga por un amplio proceso de «verdad, justicia y reconciliación que abarque al conjunto de la sociedad». Partidos políticos y gobiernos deberán realizar «autocrítica sobre su actuación pasada en materia de violencia y víctimas». «Todas las víctimas tienen los mismos derechos y merecen reparación y garantía de no repetición, sea cual sea su victimario, época o contexto, para hacer valer la verdad, justicia y memoria por encima de las vulneraciones de derechos humanos», dicen apropiándose de lemas y exigencias de las víctimas de ETA.
EL MUNDO 22/01/14