Sortu rechaza asumir la injusticia del daño de ETA porque «dificulta» la paz

Las primeras peticiones para su traslado a cárceles de Euskadi de presos de ETA y los requisitos que deberían cumplir enfrentaron ayer a la izquierda abertzale con el resto de los partidos. Hasier Arraiz, presidente de Sortu, rechazó airadamente que los reclusos deban asumir el calificativo de «injusto» referido al daño causado por la banda terrorista. Para el dirigente abertzale, ese adjetivo sólo añade dificultades a la consecución de la paz, mientras que para las demás formaciones los presos deben hacer autocrítica y desmarcarse claramente de la organización. BILBAO. Las solicitudes tramitadas en bloque por dieciséis presos de ETA enfermos o mayores de 70 años para pedir su traslado a Euskadi y la posterior excarcelación desembocaron ayer en un vivo debate político en torno a los requisitos que deben cumplir los reclusos etarras para reinsertarse. La conclusión del intenso cruce de argumentos fue diáfana. A un lado del cuadrilátero político vasco se situó la izquierda abertzale, que hizo patente una vez más su resistencia a que los etarras encarcelados reconozcan ante sus víctimas y ante la sociedad vasca la injusticia de sus acciones; al otro, el resto de partidos que –con matices, eso sí– coincidieron en lo fundamental y vincularon la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios a que los penados recorran la vía que en su día transitaron los disidentes de Nanclares y, por lo tanto, se alejen de la banda y hagan autocrítica.

Los grupos debatieron largo y tendido en el pleno de la Cámara sobre el asunto, a raíz de una iniciativa de UPyD que exigía una aplicación «rigurosa y estricta» del Código Penal a los presos de la banda para poder progresar de grado. Sin embargo, fue la respuesta airada del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, al lehendakari Urkullu –que el día anterior había exigido arrepentimiento e insinuado que los formularios de traslado son una mera estrategia electoral– la que certificó, con toda crudeza, las posiciones reales de las izquierda abertzale.

El rechazo ‘oficial’ de Sortu a la posibilidad de que los presos hagan autocrítica efectiva llega cinco meses después de que el jefe del Ejecutivo y su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, entregaran a sus líderes en secreto su hoja de ruta para el cierre definitivo de la etapa terrorista y tres semanas después del ridículo y exiguo gesto de desarme de ETA, que provocó una profunda decepción en Ajuria Enea.

A aquel jarro de agua fría se suman ahora los argumentos de Arraiz, que consideró que la «adjetivación» por parte del Gobierno vasco y del PNV del daño causado por ETA–es decir, calificarlo de «injusto»– «solo dificulta que se puedan dar más pasos adelante». «Es una actitud cuando menos irresponsable», cargó el dirigente abertzale, que compareció en el Parlamento para responder a Urkullu –la tensión de EH Bildu con el lehendakari se pudo palpar ayer durante la sesión– y no ahorró calificativos para deplorar la «vergonzosa» actitud de quien, como máximo responsable institucional, debería «dar ejemplo».

Ponerse medallas
El mismo Arraiz que aplaudió el viaje de Urkullu a Madrid para arropar a los verificadores en su declaración ante la Audiencia Nacional consideró ayer «insultante» que el lehendakari sugiera motivaciones electoralistas tras las peticiones escalonadas de acercamiento, que coincidirán de lleno con la campaña de las europeas, y le acusó de «respaldar» con sus actos la «posición inmovilista» del Gobierno de Mariano Rajoy. Según Arraiz, redoblar la exigencia sobre los presos para que no tomen su reinserción como un mero trámite formal y colectivo sino como un verdadero recorrido individual supone «cargar de mayor presión» a los reclusos para «desahogar» al Ejecutivo central.

«La paz es bastante más que las medallas que se quiera poner Urkullu y bastante más que la cuenta de resultados que quiera exhibir Jonan Fernández», lamentó el líder de Sortu, que consideró que con la declaración «histórica» de diciembre el colectivo oficial de reclusos de la banda ya «eliminó toda excusa» para que la política penitenciaria deje de utilizarse como «arma de guerra».

Urkullu y el PSE, que coinciden plenamente en el diagnóstico aunque los socialistas recelan de la posibilidad de que el Ejecutivo jeltzale quiera rentabilizar el fin de ETA –Rodolfo Ares pidió ayer en la tribuna «responsabilidad, discreción, política de Estado y altura de miras» a los gobiernos central y vasco–, comparten el temor de que la izquierda abertzale quiera seguir alargando el debate. La inclusión del calificativo ‘injusto’, que ya figuraba en el documento entregado a Sortu en octubre, es una formulación personalmente ideada por Urkullu, que reiteran desde hace meses en público todos los miembros de su gabinete, para que el recorrido de los presos de ETA cumpla los requisitos legales «mínimos» para la reinserción individualizada previstos en la ley y, en una sola frase, incluya una expresión que implique autocrítica y arrepentimiento. «El problema no es el lehendakari, lo tienen ellos. Él es su único aliado institucional, ellos verán», advirtieron en su entorno.

El artículo 90 del Código Penal exige a los exterroristas para completar un pronóstico positivo de reinserción que colaboren con la Justicia y pidan perdón a sus víctimas, unas condiciones que el PP y UPyD confiaron en que se observen con rigor. El jeltzale Iñigo Iturrate distinguió entre el acercamiento, que consideró legalmente posible sin mayores requisitos, y el acceso a beneficios penitenciarios, que exigiría «aceptar la legalidad con todas sus consecuencias». «Si tardaron un minuto con los estatutos de Sortu, no sé por qué este vía crucis’ con los presos», apostilló.