Lourdes Pérez, DIARIO VASCO, 5/12/11
La izquierda abertzale teme que la renovación pendiente del Constitucional dilate la posible legalización antes de las autonómicas
Convertida en excusa festiva para irse de puente, la Constitución conmemora mañana su 33º aniversario. Su principal intérprete, el TC, sigue teniendo sobre la mesa el que seguramente representa, junto al Estatuto catalán y Bildu, el mayor desafío que ha tenido que afrontar en años: la reconstitución de la izquierda abertzale como formación política legal a través de Sortu, cuya autorización enterraría, en la práctica, la Ley de Partidos. El caso Sortu ha perdido ‘dramatismo’ porque el cese definitivo de ETA ha allanado el camino para una legalización que, casi sin salvedades, hoy se da por hecha en Euskadi. El lugar común sostiene que es cuestión de tiempo. Sin embargo, ese tiempo, el momento en que se produzca la resolución del TC, es relevante para la izquierda abertzale y también para el conjunto de la política vasca, ante la perspectiva de una legislatura que se prolongará pero que puede que no se agote hasta su fecha límite, marzo de 2013.
Las elecciones autonómicas no serán las mismas si la antigua Batasuna puede concurrir con marca propia y legal -y eventualmente con Arnaldo Otegi de cabeza de cartel-, que si tiene que continuar subsumida en la polifonía de siglas con la que se ha hecho presente en las dos últimas citas con las urnas. Esa polifonía ha resultado útil para sus objetivos. No solo ha servido para ir asentando el regreso de la izquierda abertzale, por la vía de los hechos, a la normalidad democrática liberada de la amenaza de ETA. Ha permitido ensanchar también con la incorporación de Aralar el polo soberanista y de progreso, hasta transformarlo en una alternativa ideológica capaz de tutear al PNV. Y está facilitando el proceso de homologación política de un mundo que, ante asuntos tan comprometidos y tan proclives a la frivolidad y la demagogia colectivas como el reconocimiento del daño infligido a las víctimas de ETA, puede aterrizar sus aún tibios pasos en el colchón que le proporciona el Acuerdo de Gernika.
Pero siendo cierto lo anterior, también lo es que esa multiplicidad de nombres encorseta a la izquierda abertzale que sigue condenada judicialmente a no tener nombre propio. No se trata solo de una cuestión de principios y de disponibilidad de recursos. Los líderes naturales del independentismo de izquierdas, que aspiran a ver legalizado Sortu cuanto antes, reivindican su supremacía en medio de una amalgama de siglas que se ha demostrado efectiva aunque insuficiente para sus históricas pretensiones. No es extraño, por tanto, que esa misma izquierda abertzale tema por una eventualidad que existe, pero de la que, por ahora, nada se sabe: la renovación pendiente en el Constitucional, que afecta al tercio de los doce magistrados cuya designación depende del Congreso.
Dado que se trata de nombramientos que requieren de una mayoría cualificada de tres quintos -210 diputados-, la reiterada falta de acuerdo entre el PP y PSOE ha condenado a tres jueces a la interinidad. El vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y sus colegas Elisa Pérez Vera y Javier Delgado llevan un año ejerciendo sus competencias con el mandato cumplido, una anomalía que les llevó el pasado junio a presentar la dimisión -no aceptada- a modo de órdago hacia los partidos. La excepcionalidad se completa con otra no menor: la plaza de Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008, lleva desde entonces sin cubrir. El resultado es un Constitucional que puede continuar sentenciando con plena legitimidad, pero que está ‘caducado’ en una tercera parte de su composición y cuya independencia y credibilidad quedaron en cuestión desde la desastrosa gestión política del nuevo Estatuto catalán. Sin olvidar el desgaste que le acarreó que enmendara la plana al Supremo al autorizar por una mayoría mínima -6 votos a 5- que Bildu se presentara a las municipales de mayo. Gay y Pérez Vera fallaron a favor de la coalición, mientras que Delgado lo hizo en contra.
El Constitucional no está obligado a resolver sobre Sortu en ningún plazo determinado. De hecho, no se ha sentido presionado por el contexto de final de la violencia para acelerar su pronunciamiento antes de las generales del 20-N. Pero es más difícil que pueda sacudirse esa misma presión conforme se acerquen las autonómicas vascas, máxime cuando ETA ha declarado su cese definitivo. Y es aquí donde se encuadra el temor de la izquierda abertzale. Porque si el PP optara por activar la renovación pendiente, la negociación partidaria aplazaría ‘de facto’ la decisión judicial sobre Sortu. Aunque queda por ver si los actuales magistrados se inclinarán por iniciar las deliberaciones, hoy en barbecho, o si esperarán a comprobar qué intenciones o no alberga el PP.
Los populares han trasladado este asunto negro sobre blanco al programa electoral con el que ganaron el 20-N, bajo el genérico compromiso de que modificarán «el procedimiento de elección» de los magistrados del TC «de modo que se eviten dilaciones indebidas». Es una incógnita qué hará el futuro partido gobernante, que tiene recurridas él mismo ante el Constitucional la nueva ley del aborto y la que avala los matrimonios homosexuales, impulsadas ambas por Zapatero. Por de pronto, la paz no parece inquietar a Rajoy como para sacarle de su proverbial parsimonia; una falta de urgencia que no se sabe si acabará beneficiando o perjudicando los intereses de Sortu ante el TC por renovar. Y que hace estéril elucubrar sobre qué ocurriría con un Constitucional con otros magistrados, ahora que ETA ha dicho ya que baja la persiana.
Lourdes Pérez, DIARIO VASCO, 5/12/11