Isabel San Sebastián-ABC

• Solo la UE puede frenar las ansias totalitarias de Sánchez e Iglesias, cerrando el grifo del dinero si se consuma el ataque a los jueces

Tras la aprobación de la Constitución, en 1978, ocho largos años le costó a la UE permitir el ingreso de España en el club, alegando desconfianza en nuestras instituciones. ¿A que esperan esos guardianes de las esencias democráticas para actuar ahora? En ese 1986, e incluso antes, el nuestro era un Estado de Derecho bastante más fiable que el actual, si bien el PSOE había lanzado ya el asalto a la Justicia que se dispone a rematar destruyendo los últimos reductos de independencia que aun resisten a su ataque. Si Europa no pone coto al desmán totalitario que pretende perpetrar el Gobierno social-comunista, no habrá esperanza para esta Nación abocada a la tiranía encubierta.

La Carta Magna que Sánchez e Iglesias pretenden demolir, en aras de sustituir nuestra monarquía parlamentaria por una república de corte chavista que les garantice la ocupación permanente del poder, establece en su artículo 122 que el órgano de gobierno de los jueces estará formado por veinte vocales, doce elegidos «entre jueces y magistrados», cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. La reforma aprobada en 1985 hurtó a los togados esa potestad, que otorgó en exclusiva a las cámaras, consagrando de ese modo la ansiada politización del poder judicial. Una politización que el Tribunal Constitucional avaló in extremis únicamente porque la mayoría de tres quintos exigida para esos nombramientos garantizaba al menos cierto pluralismo entre los elegidos. Una politización denunciada con vehemencia desde la oposición por el mismo presidente y el mismo vicepresidente que ahora se disponen a asestar el golpe definitivo al único contrapeso que se les resiste, dejando reducida esa garantía a una mayoría absoluta alcanzable con sus aliados independentistas. Una politización que liquida la última salvaguarda de los ciudadanos ante abusos como el que sufre estos días Madrid, víctima de una arbitrariedad grosera por parte del Ejecutivo con la imposición del Estado de Alarma sin más criterio que su voluntad. Una politización que atenta frontalmente contra la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, en cuyo articulado se impone a los estados miembros que al menos la mitad de los integrantes de sus órganos rectores sean elegidos por los propios togados.

Pues bien, es precisamente esa Europa de las libertades la que tiene en sus manos un instrumento de presión formidable para frenar las ansias totalitarias del tándem de la Moncloa y su anhelo de impunidad. El único ante el cual pueden retroceder: ciento cuarenta mil millones de euros susceptibles de llegar a España, o no, dependiendo de que el Parlamento Europeo libere o bloquee ese fondo, que ha de contar igualmente con la aprobación de todos los parlamentos nacionales. Por leyes semejantes a la que se anuncia aquí Polonia y Hungría han sido amenazadas con quedar fuera del reparto, porque la independencia del poder judicial es un bien sujeto a la máxima protección de la Unión, o eso dicen sus portavoces cuando señalan con dedo acusador a Varsovia y Budapest, gobernadas por partidos de derechas. Ahora van a tener ocasión de demostrar su sinceridad. Es el momento de que las asociaciones judiciales españolas recurran a Europa en busca de amparo ante esta tropelía, demandando un trato igual al obtenido por sus homólogas polacas y húngaras, aunque aquí sea la izquierda quien perpetra el liberticidio. Fue la UE la que salvó a Grecia de hundirse en el abismo comunista de Tsipras, cerrando el grifo del dinero. Parece llegada la hora de que nos redima de igual modo.