ABC 10/10/15
· La agencia, que subió el «rating» a otras autonomías, confía en que el Estado seguirá financiando a la región, pero prevé un deterioro de esa relación
Desde la página 1 El desafío secesionista de Artur Mas empieza a tener consecuencias económicas para Cataluña. La agencia Standard & Poor’s asestó ayer un mazazo a la solvencia de la comunidad autónoma, al rebajar el «rating» de la deuda pública de la comunidad autónoma de «BB» a «BB-», lo que supone atribuirle un riesgo importante de impago. El motivo es que, aunque da por hecho que la región seguirá contando con el apoyo financiero del Estado, la entidad alerta de que un deterioro mayor de las relaciones entre Madrid y Barcelona podría, en el peor de los casos, afectar a esa relación financiera gracias a la cual la Generalitat está siendo capaz de atender sus compromisos de pago en estos años de crisis.
«Aunque no esperamos una declaración unilateral de independencia, advertimos un incremento de la tensión política entre Cataluña y el Gobierno central», justificó la agencia en un comunicado su decisión de degradar aún más la nota de la región, que ya calificaba de «bono basura».
Lo que Standard & Poor’s teme es que esa confrontación entre la Generalitat y el Ejecutivo, en caso extremo, acabe afectando a la capacidad de pago de Cataluña. La agencia da por hecho que el Gobierno central seguirá financiado, como hasta ahora, la deuda pública catalana y proporcionándole liquidez, pero considera que una mayor tensión política puede estropear la comunicación y la coordinación que hasta ahora había en esta materia pese al enfrentamiento en otros ámbitos.
Cataluña es una de las autonomías que desde 2012 se acoge al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros instrumentos similares puestos en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para financiar a las comunidades en apuros. Entre ese fondo, las líneas de crédito del ICO y el plan de pago a proveedores, Cataluña ha sido año tras año la más beneficiada: ha recibido más de 40.000 millones de euros del Estado y se ha ahorrado en intereses de la deuda 8.171 millones, pues en lugar de financiarse por su cuenta lo hace a través del Tesoro público.
De hecho, si actualmente Cataluña se estuviese financiando por su cuenta en los mercados, esta rebaja de «rating» sería nefasta para la autonomía, pues vería incrementado su coste de emisión. Cabe recordar que en 2012, antes de acogerse a la ayuda del Estado, emitió los llamados «bonos patrióticos» y ya tuvo que prometer a los inversores un interés del 4,5%, muy superior al 1% que le cobraba el Estado.
«Esperamos que el Gobierno central español seguirá dispuesto a proporcionar ayuda financiera a Cataluña y que, a pesar un posible aumento las tensiones políticas, el Gobierno catalán seguirá aceptándola», dicen los analistas de Standard & Poor’s; pero ven un «alto riesgo» de descoordinación entre ambas administraciones fruto del nuevo escenario político.
La agencia descarta la secesión, y recuerda la capacidad del Estado para evitarla. «El Gobierno central de España ha expresado su intención de utilizar todos los medios legales para evitar una declaración de independencia de Cataluña. Entendemos que en última instancia podría suspender la autonomía de Cataluña, de acuerdo con la Constitución Española», explica, en referencia a los expresado por Rajoy.
Alemania rechaza la secesión
«No necesitamos más fronteras en Europa», dijo ayer el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Franz-Walter Seinmeier, de visita en Madrid y en rueda de prensa junto con su homólogo español, José Manuel García-Margallo.
Más allá del asunto de la financiación, esta rebaja de «rating» pone de manifiesto la situación en que se encuentra Cataluña tras una legislatura completa, la de Mas, centrada únicamente en el debate independentista. Mientras la agencia mejoró la semana pasada la calificación crediticia de España, y ayer mismo la de otras comunidades por la recuperación económica, Cataluña se queda rezagada por el clima político en la que está sumida.
Standard & Poor’s elevó hace ahora siete días el «rating» de España, de «BBB» a «BBB+» con perspectiva estable, alegando «el comportamiento sólido y equilibrado de la economía» nacional. Ayer, y con similares argumentos, la agencia canadiense DBRS reafirmó la nota de solvencia a largo plazo de España en «A bajo» y mejoró su perspectiva a «positiva».
Cuando una agencia de calificación mejora el «rating» soberano de un país, lo habitual es que los niveles inferiores de la administración y hasta el sector privado corran igual o parecida suerte. Así las cosas, después del aprobado al Estado, los bancos Santander y BBVA vieron mejoradas sus calificaciones. Y ayer, Standard & Poor’s, junto con Cataluña, revisó las notas de otras seis autonomías.
La agencia mejoró en un escalón las notas de la deuda de Madrid, Galicia y Canarias, y mantuvo el «rating» –con perspectiva además estable o positiva– a Andalucía, Aragón y Extremadura. En los seis casos los analistas de Standard & Poor’s señalan los avances hechos en materia fiscal por todas las regiones y ligan su mejoría a la del país. No sucede los mismo con Cataluña.
Mientras España recupera confianza entre la comunidad inversora y ha escalado hasta una calificación «BBB+», y esas seis autonomías cuentan ya to-
das con una «triple B», el «rating» de la deuda catalana sigue hundiéndose: ese «BB-» supone estar seis escalones por debajo de las notas antes citadas.
El informe de Standard & Poor’s es también demoledor en cuanto a la gestión del Ejecutivo de Mas y las tareas pendientes en materia fiscal. «La calificación también refleja nuestra visión de una ejecución presupuestaria muy débil, una carga de la deuda muy elevada y nuestra evaluación de su gestión financiera es que es muy débil», resumen los expertos de la agencia, insistiendo en la dependencia financiera que tiene la región del Estado y advirtiendo de su escasa capacidad para generar ingresos.
Más recortes del gasto
«Teniendo en cuenta que la ejecución del presupuesto de Cataluña es sustancialmente peor que en la mayoría de autonomías españolas, estabilizar sus cuentas requiere recortes del gastos más profundos. Otra ronda de reducción de costes podría debilitar los servicios de asistencia social de Cataluña y dejarlos por debajo de los estándares mínimos nacionales», advierte la agencia que califica de irreales algunas de las previsiones de ingresos de la Generalitat basadas en privatizaciones y transferencias del Estado que todavía no se han materializado.