Suárez por Euskadi

La muerte de Adolfo Suárez, años después de que comenzara a perder la pista de su propia trayectoria vital a causa del mal de alzheimer, constituye una dolorosa metáfora de lo que puede estar ocurriéndole a la sociedad vasca respecto a su propio pasado, cuando sólo somos capaces de recordarlo de manera fragmentaria, bien por mero olvido, o porque necesitamos justificar un determinado presente, o porque la desmemoria nos brinda alguna ventaja para diseñar tal o cual futuro a medida.

Adolfo Suárez fue presidente del Gobierno desde que en julio de 1976 le nombró el Rey Juan Carlos para sustituir a Arias Navarro y dar paso a la reforma política hasta el intento de golpe del 23 de febrero de 1981 inclusive. Cuatro años y medio de un cambio histórico a trompicones. En ese tiempo comenzó a desmantelarse el Estado centralista. El referéndum sobre la reforma, celebrado el 15 de diciembre de 1976, validó a Suárez incluso en el País Vasco, aunque prácticamente la mitad del censo se abstuviera aquí, porque triunfó en el resto de España y se afianzó como único interlocutor.

Durante su Gobierno se asumieron las primeras competencias por parte del Consejo General Vasco y se elaboró y refrendó el Estatuto en el marco de la Constitución. Los dos grandes partidos históricos, el PNV y el PSOE, emergieron orillando a las formaciones herederas de ETA. Aunque la banda terrorista pasó de reclamar la Ley de Amnistía a proseguir con los atentados mortales a pocos días de su promulgación, iniciando su etapa más sanguinaria. Un mes después de jurar el cargo como presidente, Suárez ponía en duda que pudiera enseñarse «la química nuclear en vascuence o en catalán». Seis meses más tarde, el 19 de enero de 1977, legalizaba la ikurriña.

Elecciones
Suárez comenzó a atender al País Vasco tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. No es que antes se despreocupase de lo que tampoco se denominaba oficialmente Euskadi. Es que la celebración de aquella convocatoria en condiciones de amplia participación política constituía un reto por sí misma, independientemente de las consecuencias de su escrutinio.

Los resultados de aquellos comicios, que en el resto de España situaron a la UCD de Suárez en el primer puesto y al PSOE de González en segundo lugar del ránking partidario, devolvieron al País Vasco al último retrato que conservaba de la II República y de una autonomía ensayada en plena Guerra Civil sólo en la mitad de su territorio: a la primacía de nacionalistas y socialistas. Esa fue la foto de salida de una transición que en Euskadi debía satisfacer los anhelos de autogobierno y que, a través de esa respuesta, tenía que acabar, por inanición, con la persistencia de ETA.

La antesala de la amnistía
Suárez supo mostrarse como un servidor pragmático al que se le había encomendado nada menos que procurar un ‘mix’ entre reforma y ruptura con el régimen franquista. Una solución que debía orillar definitivamente a los nostálgicos del régimen sin agraviarlos en exceso y que, también por eso, no conseguiría integrar a quienes aspiraban a un cambio más drástico.

Ahora que la amnistía promulgada el 15 de octubre de 1977 se está poniendo en cuestión porque entrañaba el perdón de los delitos consumados en la «investigación y persecución de los actos incluidos» en la propia ley, y de los «cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas», es necesario recordar que Adolfo Suárez promovió tres amnistías parciales antes de esa definitiva.

La que dictó nada más jurar el cargo en julio de 1976, extremadamente limitada, la que propició en marzo de 1977 para que los presos preventivos pudieran salir en libertad «por falta de pruebas» y la que, ante la Semana proAmnistía convocada para mayo de 1977 en el País vasco y Navarra, condujo al ‘extrañamiento’ a Bruselas y a Oslo de los condenados en el Proceso de Burgos y de otros significados miembros de la organización.

Aquella antesala de la amnistía final respondió también a una negociación encubierta con las dos ramas de ETA. Una negociación que contó con un terminal en el palacete de Telesforo de Monzón en San Juan de Luz y otro en un número de teléfono de Madrid. Aunque en realidad fue el preludio de la perversa naturalidad con la que, durante años, ETA intercalaría los asesinatos con las aproximaciones por parte de sucesivos gobiernos, sirviéndose de estas últimas para envalentonarse.

En vísperas de la promulgación de la amnistía de octubre de 1977, la rama militar asesinó en Gernika al presidente de la Diputación de Bizkaia, Augusto Unceta, y a sus escoltas José Antonio Ribera y Antonio Hernández. Y tras la publicación de la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado, tardó sólo dos semanas en acabar con la vida del sargento de la Policía Municipal de Irun, José Díaz Fernández.

Adolfo Suárez gobernó en medio de una espiral que acabaría desbordándole. Durante su mandato, las dos ramas de ETA y los llamados Comandos Autónomos asesinaron a 277 personas y retuvieron o secuestraron a 41, dando muerte a cinco de ellas e hiriendo de tiros en las piernas a otras doce. Cinco de los asesinados fueron miembros de la UCD vasca. ETA (pm) teorizó una derivada de la dinámica acción-represión, que era agudizar las contradicciones del partido en el Gobierno matando o secuestrando a algunos de sus miembros.

Terrorismo
En ese mismo período 31 personas fueron asesinadas en atentados reivindicados sobre todo por la Triple A y el Batallón Vasco Español, y fueron numerosos los episodios en los que miembros de las fuerzas de seguridad se hicieron los ‘incontrolados’. La espiral alcanzó su cénit en cuanto a su vivencia por la sociedad vasca entre el asesinato, el 6 de febrero de 1981, del ingeniero de la central nuclear de Lemoiz, José María Ryan, y la muerte una semana después en las dependencias de la Dirección de Seguridad del Estado del presunto etarra Joxe Arregi. Aunque para entonces Adolfo Suárez ya había presentado su dimisión al frente del gobierno y de la UCD. Sólo le quedaba asistir en riguroso directo al intento de golpe de Tejero para dar el relevo a Leopoldo Calvo-Sotelo.

Adolfo Suárez pronunció su frase más conocida en la antevíspera de las elecciones del 15 de junio de 1977: «Puedo prometer y prometo». Pero la caricaturizada ocurrencia encerraba una gran dosis de verdad. Hay una interpretación dominante sobre la etapa Suárez respecto a Euskadi, y es que su actuación se vio condicionada por los militares adeptos al franquismo y por los intereses de sectores políticos y económicos reacios a ‘la apertura’.

Pero a pesar de esas limitaciones fácticas, la presidencia del Gobierno español ostentaba un poder que ninguno de los posteriores inquilinos de La Moncloa ha podido manejar con la soltura que lo hizo Adolfo Suárez. Sencillamente porque presidir la Transición le permitía operar sin más contrapesos que los sediciosos por un lado, y los de la oposición democrática por el otro. No hubo un poder legislativo o judicial que pudiera enmendarle la plana al Gobierno entre 1977 y 1979, ni entre este año y 1982, cuando Felipe González protagonizó la alternancia de una mayoría a otra absoluta.

De modo que la negociación de los estatutos de Euskadi y de Cataluña, de Cataluña y de Euskadi, se produjo sin más interferencias que las innombrables, que tampoco se detuvieron a revisar el articulado autonómico de 1979 una vez que la Constitución de 1978 dejó a salvo, en su artículo 8º, que «las Fuerzas Armadas (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

La inauguración de la preautonomía, cuyo Gobierno fue una suerte de corporación integrada por las formaciones que obtuvieron presencia parlamentaria en 1977 y en 1979, mantuvo la tensión entre la pluralidad vasca y el desafío de acabar
con la persistencia etarra ante Madriddrid. El CConsejo General Vasco actuaba ante Suárez como defensor de los derechos humanos conculcados por fuerzas del orden público y tramas extremistas, al tiempo que reivindicaba más competencias para así acallar la efervescencia radical.

La negociación de los capítulos de la Constitución de 1978 que hacen referencia al autogobierno vasco y la del propio Estatuto estuvo presidida por una versión historicista de las libertades vascas y por una interpretación ventajista de que cuanto más amplio fuese el autogobierno, más se estrechaban las perspectivas de subsistencia de ETA.

A ello contribuyó sin duda la bilateralidad que se produjo tras las elecciones generales de 1979, cuando Garaikoetxea sucedió a Rubial al frente del Consejo General vasco y representó a Euskadi ante Suárez. Ambos coincidieron en que de la aprobación del Estatuto dependía el triunfo o el fracaso de la Transición entre los vascos.

En su informe sobre el texto de la Constitución el EBB sentenció: «Pobre bagaje, sí, pero… podemos y debemos aprovecharnos de lo conseguido hasta ahora como plataforma para conquistas superiores». El Estatuto de Gernika fue la gran conquista de Euskadi ante un Adolfo Suárez todavía con poder para modular la Transición.

San Sebastián y Bilbao
El 6 de marzo de 1980, a tres días de las primeras autonómicas, Adolfo Suárez viajó a San Sebastián y Bilbao entre fuertes medidas de seguridad, valiéndose de itinerarios engañosos. Así se dirigió a sus compañeros de partido, reunidos en el hotel María Cristina: «Ser de UCD hoy en España es difícil, pero ser militante de UCD en el País Vasco no sólo es un acto de fe en los valores éticos, sino que demuestra un notable valor físico».

Y mostró la simplicidad de su pensamiento político. «Las autonomías están justificadas por tres vías en el marco constitucional: una razón histórica, una razón funcional de acercar la Administración a los administrados y una razón política de reconocimiento de las diferentes regiones, en un marco de solidaridad de unas con otras y a través de la unidad de España», subrayó.

Ya en Bilbao rezó, como tenía costumbre, ante la virgen de Begoña, y formuló un deseo compartido por la mayoría que apoyaba el Estatuto: «Creo que el camino de la autonomía ha de servir necesariamente a la pacificación de Euskadi». Como pronóstico, ha tardado más de tres décadas en hacerse realidad.

El 9 de diciembre de aquel mismo año, el presidente Suárez volvió a Euskadi, siendo recibido con la paralización de actividades por parte de 108 ayuntamientos gobernados por el PNV en protesta por la parálisis del proceso autonómico. Mes y medio después, Suárez dimitió como presidente del Gobierno y de la UCD en vísperas de la primera visita de los Reyes a Gernika.

El PNV emitió un comunicado valorando «la importancia que la persona del Rey había tenido en el proceso de democratización del Estado, y en el inicio de la recuperación autonómica vasca». Eran tiempos en los que el ‘pacto con la Corona’ atraía más que el entendimiento institucional con el Gobierno central. Adolfo Suárez era el pasado y el futuro aparecía en manos de Juan Carlos I.