EL CORREO 25/03/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Estamos en un tiempo en el que en la memoria de muchos se está desdibujando la transición de España a la democracia hasta el punto de hacer irreconocible un proceso que, en sus líneas principales, fue ejemplar para los españoles y para el mundo. En la última década ha aparecido un revisionismo político que cuestiona la forma en que se hicieron las cosas a partir del falseamiento de la realidad de aquella época. Presentan, por ejemplo, la amnistía como una imposición del franquismo, ignorando que fue una larga reclamación de los demócratas que no fue fácil sacar adelante.
La muerte de Adolfo Suárez ha dado pie a que, al menos por unos días, se reviva y divulgue lo que supuso el cambio de la dictadura a la democracia, con todas sus dificultades, que fueron grandes, y con todos sus méritos.
Uno de los problemas más graves que hubo para asentar la democracia española fue la agudización de un fenómeno terrorista que, además del daño que causaba a las víctimas y a sus familias, incrementaba las tensiones y los conflictos políticos. Entre 1976 y 1981, el tiempo en que Suárez estuvo en la presidencia del Gobierno, se registraron 428 muertos en atentados. Los tiros venían de todas partes: la extrema izquierda (67 asesinatos), la extrema derecha (39), las diferentes ramas de ETA (313 muertos) y otros (9 muertos).
Los gobiernos de la Transición se encontraron con unas fuerzas de seguridad deslegitimadas que necesitaban cambiar sus procedimientos y estrategias y eso lo tenían que hacer en medio de una ofensiva terrorista sin precedentes protagonizada por unas organizaciones, como las dos ramas de ETA, que tenían un gran respaldo social y político.
Suárez, buscando apaciguar el problema del País Vasco, puso en marcha medidas jurídicas (retirada de la jurisdicción militar para delitos de terrorismo, anulación del Tribunal de Orden Público) y políticas (legalización de la ikurriña, creación de un órgano preautonómico previo a la aprobación del Estatuto, amnistía, etcétera). En diciembre de 1976, pocos meses después de llegar al poder, a través del SECED, el servicio de inteligencia militar, mantuvo contactos con dirigentes de ETA militar y de ETA político-militar en Ginebra para conseguir el final del terrorismo a cambio de garantías de participación política dentro de la legalidad y la amnistía. Los ‘polimilis’ fueron más sensibles a la oferta, pero los ‘milis’ dieron un sonoro portazo a las ofertas.
Xabier Garayalde, uno de los representantes de ETA p-m en aquellos contactos, ofreció unos años más tarde una interpretación acertada del fracaso de aquellas gestiones: «El hecho real es que la amnistía fue una transacción objetiva, pero no hubo una transacción subjetiva. Nadie firmó nada, ni ETA, ni el PNV, ni nadie. El Gobierno soltó a los presos como una concesión graciosa del sistema y los ‘milis’ pensaron ‘nos han regalado esto; si damos candela nos van a regalar mucho más’».
En efecto, los ‘milis’ iniciaron una ofensiva terrorista en la que, además de incrementar el número de víctimas, multiplicaron sus efectos desestabilizadores poniendo en el punto de mira a altos cargos militares. Seguían una lógica demenciada, obra de ‘Argala’, según la cual los sectores aperturistas del régimen se rendirían ante ETA para evitar que sus provocaciones asesinas terminaran causando el golpe de los más duros del franquismo.
En el ‘Zutik’ 69, atribuido a ‘Argala’, ETA analizaba diferentes escenarios políticos que podían producirse en España como consecuencia de la intensificación de la actividad terrorista. El primero de ellos era que «el ala reaccionaria llegue a tal grado de radicalización que provoque un golpe militar y que gane». El segundo escenario era que los reaccionarios dieran un golpe y perdieran y el tercero, que los radicales y los reformistas del régimen se pusieran de acuerdo y cedieran ante ETA.
De entrada, poniendo de manifiesto su gran visión de futuro, descartaban por completo la posibilidad de que hubiera un golpe y fracasara, que es justo lo que pasó con la asonada de Tejero y con otras maniobras golpistas que no llegaron tan lejos. La opción de que hubiera un golpe de Estado que saliera adelante la consideraban «más viable, pero tampoco mucho». Así que, prácticamente, por eliminación, se imponía la idea de que el Estado cedería ante ETA para aceptar la Alternativa KAS. Y para conseguir eso, sin tener en cuenta los costes políticos y sociales, se embarcaron en una carrera terrorista que no terminó hasta 2011. Hoy los etarras suspiran por conseguir una amnistía como la que Adolfo Suárez les ofreció hace 38 años.