Frente a un secuestro como el perpetrado por AQMI, un Gobierno puede hacer dos cosas: negociar la liberación de los rehenes contra las reivindicaciones de los secuestradores y pagar el rescate resultante, o no pagar y tratar de liberarlos mediante el uso de la fuerza, arriesgando la vida de aquellos en el intento.
«La liberación de los cooperantes españoles se puede producir en cualquier momento», dijo la semana pasada un alto cargo de Interior a un miembro relevante de la judicatura que le preguntó por los tres activistas de Barcelona Acció Solidària en poder de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
La frase prueba que el Gobierno español ha cumplido con su parte: pagar el rescate acordado con los terroristas. Podría ser una señal de que agentes del CNI habían localizado la guarida en que estaban prisioneros los cooperantes catalanes y todo está preparado para un asalto de tropas especiales, pero es extremadamente improbable: no casa con nuestro estilo y sería altamente imprudente para la vida de los rehenes adelantar noticias de estas características.
O sea, que se ha pagado. Cinco millones de dólares, dicen. Natural. A medida que el Gobierno español demuestra su voluntad negociadora, se encarece el precio de los rescates: 1,2 millones de dólares por el Playa de Bakio, 3,2 millones por el Alakrana (al cambio de hoy y sin contar el millón que graciosamente donaron unos agentes del CNI a secuestradores que no eran) y cinco por tres catalanes. El tirón de la demanda en el mercado del secuestro se resuelve en aumento del precio del rescate. Esto se lo tuvo que enseñar Sevilla al presidente en la primera de las dos tardes.
Frente a un secuestro como el perpetrado por AQMI, un Gobierno puede hacer dos cosas: negociar la liberación de los rehenes contra las reivindicaciones de los secuestradores y pagar el rescate resultante, o no pagar y tratar de liberarlos mediante el uso de la fuerza, arriesgando la vida de aquellos en el intento. Generalmente se comprende que los familiares de los secuestrados hagan todo lo que esté en su mano para satisfacer las exigencias de los secuestradores, aunque hacerlo suponga cometer delitos.
Para estos casos prevé la ley la eximente de «estado de necesidad». La diferencia entre los familiares y el Estado es obvia: ni siquiera un juez español -y fíjense si tenemos rarezas y caprichos en nuestra judicatura- se atrevería a decir que el Estado actúa por necesidad al ceder a las exigencias de unos secuestradores. Max Weber acertó al definir el Estado como «aquella organización que reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima».
El Estado sólo puede ceder al precio de dejar de serlo, perder su propia esencia. Se puede negociar, ya lo hicieron ilustres precedentes como Julio César en su propio secuestro por los piratas cilicios: negoció y pagó, pero volvió y los hizo crucificar. Otro tanto hizo más recientemente Sarkozy, con el yate Le Ponant: pagó el rescate, pero persiguió a los secuestradores, mató a algunos de ellos y recuperó el dinero. Y Obama con el secuestro del capitán del Maersk Alabama, Richard Phillips. Se negoció, pero, a los cinco días, tres tiradores de élite de la Navy Seal acabaron con los piratas de tres disparos y liberaron a su compatriota.
Estos comportamientos no son modelo de pacifismo, ciertamente. Sólo de responsabilidad. Ante el próximo secuestro en el Índico o por parte de AQMI, siempre nos quedará la duda de si ese subfusil o aquel explosivo han sido pagados con el dinero de nuestros impuestos.
Santiago González, EL MUNDO, 22/2/2010