Keir Starmer no es Pedro Sánchez, claro está, ni –sobre todo– los laboristas británicos son el PSOE. La presión interna y el irresistible ascenso de la extrema derecha de Nigel Farage han sido clave para que Starmer acabe tirando la toalla en un país donde la inestabilidad política es la norma tras el garrafal paso en falso del Brexit; en el socialismo español, en cambio, alimentar a Vox es de primero de estrategia y adular al líder condición ‘sine qua non’ para no acabar en el foso de los leones.

De ahí que la extravagante instrucción del juez Peinado para sentar a Begoña Gómez en el banquillo haya proporcionado la excusa perfecta a Ferraz y Moncloa para apretar filas mientras todo se desmorona a su alrededor, incluida la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. El inicio del expediente sancionador contra el «padre de la concejala del PP» –así se refería a Peinado una ilustre socialista a su vez escandalizada por la «delirante persecución» a Begoña por su vínculo matrimonial– ha sido la espoleta de la estrategia de contraataque suicida que Sánchez y los suyos han decidido poner en práctica. La huida hacia delante, es de esperar, llegará a su paroxismo con la comparecencia de Sánchez este miércoles en el Congreso.

Pero, de momento, la jornada de ayer ya dio pistas de por dónde irán los tiros. Van a por nosotros, se lo resumo. La idea ya la anticipaba el documento que EH Bildu aprobó la semana pasada a modo de argumentario para justificar su permanencia en el barco sanchista: no sólo hay que perseguir a los corruptos, también a los que corrompen. Por supuesto, todos de acuerdo, pero resulta llamativo que la izquierda en bloque, con Ferraz a la cabeza, se lanzara a agitar la sospecha de que Víctor de Aldama no irá a la cárcel «porque lo ha pedido el PP», no por la abundante jurisprudencia que consagra la colaboración con la Justicia como atenuante. O, como presumía el siempre lenguaraz Gabriel Rufián –perejil de todas las salsas, en contraste con el elocuente silencio de PNV y Bildu–, la Sala Penal pone la alfombra para que el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez, y la fontanera Leire Díez canten hasta la Traviata. Mirando el dedo y no la luna.

El problema es que hasta el actual titular del Ministerio de Transportes utilizado por Ábalos como cortijo privado se permitió frivolizar, como tiene por costumbre sobre la «desproporcionada» sentencia. «¿Lo véis niños? Si cometéis delitos pero luego colaboráis, el perdón se abrirá paso». Después se dedicó a rescatar penas por asesinato más livianas que la que le ha caído a Ábalos. ¿Populista? Qué va: le faltó retratar a su predecesor como un Torrente simpaticón, un espécimen clásico de la Españita heredera del Lazarillo de Tormes, usado como cabeza de turco por los malvados jueces para hacer caer al gran líder. Da miedo, sí, pero en esas estamos.