La respuesta a esa aparente contradicción, en efecto, remite a otra razón, bastante más prosaica, para poner ahora sobre la mesa esta iniciativa, que en el pecado original lleva la penitencia. Sánchez, efectivamente, la anunció a bombo y platillo tras la inédita espantada en la que se retiró a reflexionar si merecía la pena seguir en Moncloa ante la investigación judicial, entonces incipiente, sobre su mujer, Begoña Gómez. Ése, y no otro, es el origen del plan que ahora se presenta con redoble de tambores, como fue ése también el detonante de otras sonadas actuaciones del Gobierno. A saber: la ruptura de relaciones diplomáticas conArgentina tras llamar Milei «corrupta» a Gómez –ahora que con tanto remilgo se pone el compás de espera en la cuestión venezolana– o la querella contra el juez Peinado por prevaricación, secundada por la Fiscalía. Porque, como alecciona Óscar López, recién ascendido a ministro tras colocar a Escrivá como gobernador del Banco de España, lo que hay es un ‘caso Peinado’.

Cabe preguntarse también para qué hace falta luchar contra la desinformación –que se señala como el peligroso monstruo acechante ignorando el trabajo que ya hacen los propios medios para combatirla– cuando ya se manipula desde el Gobierno. En todo caso, retrocediendo a esa sesión parlamentaria de julio, merece la pena rescatar las palabras de Aitor Esteban, nada sospechoso de antigubernamental, siendo como es el PNV uno de los más fieles aliados de Sánchez. «La democracia lo es porque permite la libertad de expresión incluso de quienes la atacan. Habrá que hilar fino, o mejor no hilar nada».

El portavoz jeltzale en el Congreso ponía el dedo en la llaga.Esto suena mal. Pensar que crear un registro para fiscalizar a los medios y cambiar la ley de publicidad institucional para que los no afines obtengan menos recursos públicos regenera la democracia es ser, como mínimo, ingenuo. Porque esos medios que tanto disgustan al presidente –los que llama «pseudomedios», sin precisar a cuáles se refiere– se financian, en gran parte, con fondos privados. Por eso, o directamente se tapa la boca al que no gusta o se aceptan las reglas del juego en cualquier democracia, que ya están los tribunales para juzgar –y castigar– al que delinque, también con la palabra.

Los adornos que se han añadido resultan, como poco, incongruentes. Se incluye la reforma de la ley de secretos oficiales como guiño al PNV, sin recordar que si no ha salido adelante antes es porque el Gobierno no ha cedido a la hora de desclasificar asuntos controvertidos como los GAL. Y se plantea exigir por ley a las encuestadoras privadas que publiquen los «microdatos» a imagen y semejanza de un CIS cuyo presidente ha sido multado por la Junta Electoral por hacer un sondeo a la carta sobre los cinco días en blanco del presidente que disparaba la intención de voto del PSOE y le daba la victoria en las europeas. Con dinero público, claro.