EL MUNDO 30/12/13
· El Consell per a la Transició advierte del riesgo de «identificar el patriotismo y la voluntad de ser de los catalanes con una forma de egoísmo económico»
El Consell Assessor per a la Transició Nacional, el grupo de sabios en los que se arropa el presidente Mas para identificar las estructuras estratégicas del funcionamiento del futuro estado catalán, ha alertado al Ejecutivonacionalista de los peligros que puede encontrar el proceso soberanista en el momento de divulgar su mensaje en los foros internacionales. Advierte que aludir al agravio fiscal con España «es lo que desean los contrarios al proceso de autodeterminación» para poder tachar a Cataluña de «agente insolidario».
En este sentido, los asesores de Artur Mas destacan que utilizar sólo «la bandera del perjuicio económico», el conocido como España nos roba, podría conducir a «identificar el patriotismo y la voluntad de ser de los catalanes con una forma colectiva y exacerbada de egoísmo económico». Por eso, recuerdan que ante un panorama de crisis mundial, y con «las tensiones distributivas importantes», Cataluña «no puede aparecer como un agente insolidario, sobre todo cuando nunca ha sido así».
Los asesores creen que este mensaje «plantearía una hostilidad considerable en un amplio espectro de la opinión pública europea: la izquierda en general y los países con una renta per capita más baja». De ahí la expresa petición de «renunciar a cualquier referencia a la Europa de los pobres».
Históricamente, los líderes de CiU se han referido al expolio fiscal como la lacra que daña su riqueza y que la mantiene subyugada económicamente. En la anterior legislatura, el equipo económico de Mas, con el conseller Andreu Mas-Colell al frente, fue el encargado de poner cifras al España nos roba. El resultado: el déficit fiscal de Cataluña habría sido del orden de 16.000 millones anuales de promedio entre 2006 y 2009. Con este pretexto, mes tras mes, la Generalitat viene incumpliendo sus pagos a proveedores y acudiendo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o en el Plan para Proveedores del Estado para obtener recursos y hacer viables sus finanzas. Sólo este 2013, ha solicitado más de 9.000 millones al Ministerio de Economía, a los que sumar los casi 5.500 del 2012.
El Consell Assessor reconoce que «el agravio económico», no sólo en materia fiscal, sino también en infraestructuras u organismos reguladores, entre otros aspectos, «es un hecho innegable» por su «magnitud absoluta y relativa respecto a otras regiones europeas. Es en este sentido en el que argumenta cómo este supuesto agravio ha sido «un componente importante de la movilización popular de los últimos años y «un síntoma del estatus minoritario de Cataluña» que la ha conducido al proceso de autodeterminación.
Pero más allá del ámbito económico, en lo que referente a la posible hostilidad entre Cataluña y España, el informe del Consejo Asesor que preside el jurista Carlos Viver Pi-Sunyer –magistrado del Tribunal Constitucional entre 1992 y 2001– recuerda que los nacionalismos tienen mala fama en Europa por su carácter excluyente. Por ello, como «el movimiento actual simplemente pide libertad sin ninguna hostilidad respecto al Estado español, salvo algunas minorías marginales», propone que se remarque el «carácter pacífico y esencialmente democrático del proceso», destacando que se trata de una iniciativa «popular y que los políticos actúan como fiduciarios del país más que nunca».
En este informe sobre las claves para la internacionalización del proceso soberanista, los asesores también recomiendan «evitar cualquier acto o palabra hostil» respecto a España. Además, insisten en plantear con «transparencia la posibilidad de que el proceso político catalán pueda desestabilizar el Estado español y Europa». Consideran que el Gobierno rechazaría «negociar un acuerdo de secesión» y que la independencia causaría «efectos económicos y tal vez psicológicos en España».
Por eso se aconseja implicar a la Unión Europea en el proceso y ofrecer un marco de relaciones «cooperativas, cercanas y constructivas» a España una vez conseguida la independencia, en relación con un consejo entre los dos para tratar temas comunes como energía, seguridad o telecomunicaciones.
Los asesores del Govern consideran que una Cataluña independiente «no debería comportar dificultades insalvables para llegar a un grado parecido al actual de relaciones e intercambios en el modelo de cooperación». Alertan, eso sí, de que esta relación sólo sería viable si no se cuestionara la continuidad de Cataluña dentro de la UE. No obstante, en el hipotético caso de que Cataluña quedará temporalmente fuera de la UE, una vez el «nuevo estado catalán» se pudiera adherir a los principales tratados europeos, «los intercambios entre Cataluña y España tendrían que volver a fluir progresivamente tan bien como hasta ahora», sostienen.
El Consell Assessor ve plausible «examinar la conveniencia de pactar con el Estado español un periodo de transición económica durante el cual Cataluña reduciría sus aportaciones económicas gradualmente».
Para conseguir estos objetivos en la Europa de los 27, el consejo asesor catalán propone «la creación de un grupo de expertos que podrían contribuir a la creación de un futuro servicio de asuntos exteriores». El «discurso internacional» de los catalanes deberá adaptarse, recomienda, a los criterios de los posibles interlocutores buscando «su empatía hacia el proceso».
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