Durante los años del ‘procés’ en Cataluña, en Euskadi no se despertó ni la efervescencia soberanista a la que dieron lugar la tregua de ETA de 1998 y la Declaración de Estella, ni siquiera la que generó el plan Ibarretxe a partir de 2001. No solo porque para 2012 –inicio de la ‘vía catalana’– el nacionalismo gobernante aquí estaba ya escaldado de aventuras orientadas a desbordar o superar el marco de autogobierno vigente. También porque el catalanismo nacionalista y el nacionalismo vasco nunca han colaborado, sino que han competido frente a Madrid. Y mientras hasta 2017 y más el viraje secesionista y unilateralista que experimentaron el pospujolismo y la enésima ERC trataba, entre otras cosas, de coger ventaja respecto a Euskadi, el PNV primero y EH Bildu después quisieron aprovechar el desvarío catalán para tomar posiciones en la Corte madrileña.

El revés sufrido por ERC y la CUP, que no fue aprovechado más que parcialmente por Junts y Carles Puigdemont el pasado domingo, deja la reivindicación del referéndum totalmente en suspenso. Lo mismo ocurre con la demanda de un sistema de financiación propio, a imagen del vasco y del navarro. Su aplicación para una comunidad cuya economía representa el 19% de la española supondría una excepción muy difícil de encajar. Tampoco se encuentra el independentismo en condiciones de reverdecer sus reclamaciones forzando una repetición electoral para el próximo mes de octubre. Ni de tentar a Pedro Sánchez a convocar unas nuevas generales. Sería por otra parte desconcertante que, del mismo modo que Moncloa se decidió a negociar con Puigdemont y Junts mientras la Generalitat era gobernada en solitario por ERC, tratase ahora de compensar la designación de Salvador Illa como president de un Ejecutivo monocolor con apoyos parlamentarios realizando concesiones al independentismo que deba administrar el primer secretario del PSC desde el Palau.

La congelación de la agenda soberanista en Cataluña no facilitará, en ningún caso, que en Euskadi pueda abrirse paso un nuevo estatus de autogobierno. Tampoco los compromisos adquiridos al respecto por PNV y EH Bildu, cada cual a su modo, fueron tan explícitos durante la campaña como para que el nuevo lehendakari no pueda dar largas al asunto como lo ha hecho a lo largo de tres mandatos Iñigo Urkullu. El reciente llamamiento de Arnaldo Otegi a recuperar el espíritu de Udalbiltza, para que los ayuntamientos impulsen la «libertad nacional» revela hasta qué punto el escepticismo rodea a los posibles trabajos parlamentarios. Toda vez que la ponencia de Autogobierno de la pasada legislatura tampoco ofreció más que un catálogo de diferencias muy alejadas del consenso requerido para una reforma estatutaria que cobre sentido.