Cincuenta años de Constitución no han sido suficientes, a lo que parece, para que la sociedad se entere de que vive en democracia y que el tiempo en que las reuniones o manifestaciones debían ser autorizadas ya pasó. El artículo 21 de aquella es tajante al respecto: «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no precisará de autorización previa». Más claro imposible, no existe autorización, sino derecho incondicionado. Lo que sí existe es la obligación de notificar previamente a la autoridad la reunión proyectada. Notificar, no pedir autorización.

La autoridad podrá prohibir la manifestación anunciada, sí, pero solo excepcionalmente, cuando existan razones objetivas fundadas para creer que va a provocar una alteración grave del orden público con peligro para las personas o los bienes (con posibilidad de recurso de amparo inmediato). No podrá prohibirla, lo ha remachado la jurisprudencia, por razones políticas, por ejemplo, porque lo que se reclama en la manifestación es contrario a la ley, o porque va en contra de la mayoría social, o porque repugna al sentir mayoritario. Algo bastante obvio: para darle gusto al sentir colectivo no hacen falta manifestaciones, estas tienen sentido cuando algunos están en desacuerdo.

Incluso cuando se ha omitido la notificación previa, ello no convierte por sí misma en ilegal la manifestación, ni puede ser disuelta sin más. Solo podrá hacerse si fundadamente se la considera causa probable de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Bueno, claro, dicen algunos -muchos-, pero si la manifestación es para reclamar o recordar un sistema dictatorial, autoritario, fascista, xenófobo, antiaborto y. entonces es obvio que puede prohibirse puesto que es contraria a la Constitución democrática. Pues no, sucede que la Constitución protege la libertad de no estar de acuerdo con ella y decirlo públicamente y pedir su derogación y la vuelta a la dictadura.

Lo decía Vicente Carrión Arregui y es así de sencillo, el Constitucional lo ha confirmado reiteradamente: nuestra Constitución no es «militante» como la alemana y puede pública y políticamente solicitarse su cambio en absolutamente todos y cada uno de sus extremos. Ustedes pueden pedir que se disuelva el Estado y los vascos sean independientes, que el Estado pase a dominar y controlar la economía, que se instaure un Estado comunista de verdad o uno fascista. No solo pueden hacerlo, sino que muchos lo hacen y los demás lo respetamos, porque estamos obligados a respetarlo y además porque nos gusta la pluralidad, aunque no coincidamos con algunos de sus frutos.

Ahora bien, en todo ello hay un límite tajante que no atañe a los contenidos sino a las formas, no a la sustancia sino a los medios: lo que se reivindique no puede hacerse por medio de la violencia ni apelando a ella. Por medios pacíficos cabe todo, por imposición, violencia o miedo no cabe nada en una democracia. Esto es algo que a muchos conciudadanos vascos nacionalistas antifascistas, nuestra reserva cultural de brutalidad, les cuesta entender. Ellos creen firmemente que si la causa es valiosa los medios violentos están justificados, y así se han comportado y se comportan todavía. Es lo mismo que creía la Falange, un movimiento igual de autoritario y paternalista que el abertzale.

La Ley de Memoria democrática en vigor prohíbe y sanciona las concentraciones y manifestaciones de exaltación o apoyo al régimen franquista, sí, pero solo cuando junto a tal contenido concurra otro específico de humillación o desprecio para con las víctimas del franquismo. Si no concurre, no es posible ni prohibir ni disolver aquellas manifestaciones, ni sancionarlas. Y no se haga usted el listo y diga que, por su propio contenido, exaltar el franquismo es humillar a sus víctimas. No es así, y por eso la ley distingue ambos requisitos; el segundo fue introducido a petición del Consejo General del Poder Judicial para evitar la de otra forma inevitable inconstitucionalidad de la Ley de Memoria sanchista.

Así que, por favor, hagámonos todos a la idea feliz de que la democracia es más amplia de lo que parece, que en ella caben los buenos y los malos, incluso sus adversarios. Que lo que no está permitido son los ‘salvademocracias’ que agarran raudos la estaca para defendernos de ideas perniciosas. Vamos, los fascistas antifascistas.