Fijándose esta vez en la prensa, los terrositas está reabriendo sus frentes clásicos: Guardia Civil, ertzaintza, juzgados, concejales, infraestructuras y medios de comunicación, entre otros. La única respuesta posible es que cada cual cumpla con su obligación; en el caso de los periodistas, que la sociedad esté informada. Y que el gobierno cumpla con la suya.
Los talleres de Zamudio donde se imprime El Correo han perdido parte de su fachada trasera. El artefacto que ETA colocó durante la madrugada del domingo destruyó 40 metros cuadrados de la misma, tras arrasar un zócalo de hormigón de un metro de grosor. No hubo llamada previa, que es la coartada moral de los asesinos cuando provocan víctimas mortales. No las hubo en esta ocasión, ni siquiera veniales.
Todo parece indicar que los terroristas han vuelto a fijarse en la prensa. El 7 de mayo de 2000, en su anterior campaña, ETA asesinó al columnista de EL MUNDO, José Luis López de Lacalle; el 24 de mayo de 2001, al director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga; en el mismo mes mutiló a Gorka Landáburu con una carta-bomba, procedimiento que volvió a emplear en enero de 2002 contra otros tres periodistas sin que llegaran a hacer explosión.
Los terroristas se habían planteado la cuestión en 1995. La ponencia Txinurriak (Hormigas), de KAS, describía la libertad de prensa como via crucis, que causa «un dolor tremendo en nombre de la libertad de expresión, con una impunidad total». Se lamentaban de que «no se les puede tocar. Habría que hacer una labor concreta en torno a los medios de comunicación, pero esto exige dar primero algunos pasos. […] La dinámica de denuncia y presión que hay que realizar de los periodistas y empresas está por hacer. […] Hay que crear una dinámica que tenga que desarrollarse desde otros tipos de lucha, para que luego la lucha armada tenga un apoyo sólido». Por las mismas fechas, Mikel Zubimendi, el energúmeno que vació una bolsa de cal sobre el escaño de Ramón Jáuregui, subrayó lacónicamente el plan de la ponencia: «Es obvio que el que se moja, salpica».
La descalificación de los medios que no están por la construcción nacional de Euskal Herria, es una tarea a la que se entrega no sólo el entorno de ETA: «Yo, si no hubiera aquí TVE, Telecinco y Antena 3, estaría muy feliz», decía en noviembre de 2002 el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, José Antonio Rubalkaba. Con las hormigas de la ponencia en marcha, el presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV envió una circular a los afiliados de Vizcaya el 3 de septiembre de 1996, declarando el boicot a El Correo. Jamás ha debido de pensar nadie en los partidos nacionalistas que eso es justo lo que los terroristas interpretan como «un apoyo sólido» para sus acciones contra los medios de comunicación.
La bomba del domingo tenía un precedente cercano. La retransmisión televisiva de la detención en Burdeos de la dirección política de ETA el pasado 21 de mayo daba pie al periódico Gara, cuatro días más tarde, para una reflexión editorial titulada La batalla de la propaganda en la lucha contra ETA y en la dinámica de los partidos: «Los jefes de los policías y los dueños de las empresas periodísticas comparten tareas, los unos señalando supuestos liderazgos, los otros adjudicando puestos de mando. Y cuando se da luz verde a la redada, de nuevo, los jefes de los policías alertan a los jefes de los periodistas para asegurar la cobertura mediática oportuna».
ETA está reabriendo todos sus frentes clásicos: Guardia Civil, juzgados, Ertzaintza, concejales, partidos políticos, infraestructuras (el trazado ferroviario de la Y) y los medios de comunicación. La única respuesta posible es que cada cual cumpla con su obligación, que en el caso de los periodistas es servir el derecho de la sociedad a estar informada, como decía el gran periódico de Bilbao en su editorial de ayer. Y que el Gobierno cumpla con la suya.
Santiago González, EL MUNDO, 9/6/2008