La decisión del Consejo Vasco de Finanzas de aplicar un alivio del 3% en el IRPF. anunciada ayer por el consejero de Hacienda y las tres diputaciones, busca amortiguar esa pérdida de capacidad de compra, con el fin de evitar que las subidas salariales se destinen al pago de más impuestos. Sin embargo, esa contrapartida abre un encendido debate sobre su alcance real y el desigual margen de respuesta entre el sector público y el tejido empresarial privado. Si los precios crecen al 5% y el IRPF solo se adapta un 3%, los contribuyentes siguen perdiendo un 2% neto de poder de compra. De ahí los reproches de Confebask, que ve en este recurso fiscal un alivio insuficiente para el contribuyente y una brecha competitiva insostenible frente a una Administración que sí puede permitirse proteger a sus empleados.

La grieta puede resultar asimilable para el personal de la red autonómica, tras el anuncio del Gobierno vasco de aplicar a sus 130.000 funcionarios y trabajadores de entes públicos una subida salarial del 4,5% el próximo año -la máxima que le permite la horquilla avalada por el Ejecutivo central y los sindicatos-. Pero amenaza con convertirse en un abismo para los trabajadores del sector privado, atrapados entre el alza del coste de la vida y la incapacidad de las pymes para asumir mayores costes laborales, según la patronal. Proteger al ciudadano sin estrangular al tejido empresarial que sostiene la propia recaudación es el difícil encaje de bolillos que también se dirime en las urnas. En plena cuenta atrás hacia el 29-N, la economía real recuerda que la inflación depende también de factores exteriores: para salir del entuerto en el que ha metido a medio mundo, Trump ha decidido hacer la guerra por su cuenta al comprar a Rusia el gasóleo que niega al resto en Ormuz.