Por medio de las resoluciones sobre Sortu y Bildu, la Sala del 61, encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Partidos, ha reforzado la vigencia de una ley pactada por PSOE y PP. Es previsible que la unidad de éstos se vea reforzada, ya que fueron ambos los que acordaron impugnar las candidaturas.
DESPUÉS de trece horas de deliberación -intensa como se esperaba- la Sala del 61 del Supremo decidió ayer dejar fuera de las elecciones municipales del 22 de mayo a Bildu, la coalición formada por EA, Alternatiba (escisión de IU-EB) y los llamados independientes de la izquierda abertzale, herederos de la ilegalizada Batasuna. El fallo, alcanzado una hora antes de finalizar el plazo a medianoche, reprodujo prácticamente la misma correlación de fuerzas que la resolución sobre la ilegalización de Sortu: nueve magistrados favorables a la impugnación de las 254 candidaturas y seis partidarios de que Bildu concurriera a las elecciones. Un solo magistrado se apartó de los dos bloques y optó por una estimación parcial, de manera que algunas de las listas pudieran concurrir y otras no. De las 19 agrupaciones electorales impugnadas, el tribunal -por unanimidad esta vez- dio luz verde a nueve. A la espera de conocer los argumentos jurídicos contenidos en el fallo -y el voto particular de los seis magistrados de la minoría-, el tribunal ha dejado fuera de las elecciones a Bildu por considerar que la coalición era un instrumento de Batasuna para burlar su ilegalización y regresar así a las instituciones. Así lo sostenían, con numerosas pruebas aportadas por informes policiales, los recursos de impugnación presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General.
La decisión del Supremo es de una enorme trascendencia, igual o superior a la ilegalización de Sortu, ya que supone acabar con el plan B de Batasuna, más sofisticado jurídicamente que el anterior. Los candidatos procedentes del mundo proetarra, además de presentar declaraciones genéricas de repudio de la violencia, iban de la mano de dos partidos legales y democráticos como EA o Alternatiba. Es por ello que en los últimos días habían arreciado las presiones sobre el tribunal -de los partidos nacionalistas, pero también de un sector del PSOE- alertando acerca de la gravedad que tendría para la democracia impedir que formaciones legales concurriesen a las elecciones. Sin embargo, el tribunal ha considerado que tanto EA como Alternatiba han permitido conscientemente que Batasuna instrumentalice sus listas, por lo que ahora deberán hacer frente a las consecuencias.
En estas mismas páginas, y a propósito del voto particular de los magistrados partidarios de legalizar Sortu, ya dijimos que considerar «una hipótesis plausible» la ruptura de Sortu con ETA era una ingenuidad muy peligrosa para el combate del Estado de Derecho con sus enemigos. Por eso tenemos que felicitarnos de que el Supremo -aunque sea por mayoría de la Sala y sin unanimidad- no se haya dejado arrastrar por los cantos de sirena de quienes desean blanquear a Batasuna, o lo que es lo mismo quienes quieren facilitar la vuelta de ETA a las instituciones sin que la banda terrorista haya anunciado que deja las armas definitivamente ni mucho menos esté dispuesta a reparar a las víctimas.
La Sala del 61 del Supremo, encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Partidos, ha vivido semanas decisivas en las que por medio de las resoluciones sobre Sortu y Bildu, ha reforzado la vigencia de una ley pactada por cierto por los dos principales partidos. Es previsible que la unidad del PSOE y el PP se vea reforzada después de esta última resolución, ya que fueron ambos los que acordaron impugnar las candidaturas. Bildu tiene la posibilidad de recurrir la resolución del Supremo ante el Constitucional, que tiene de plazo hasta el jueves, por lo que aún no tiene definitivamente cerrado el paso. Sin embargo, el intenso debate que ha alumbrado la decisión por parte de juristas de mucho prestigio, indica que el fallo ha de estar necesariamente muy bien fundamentado.
Editorial en EL MUNDO, 2/5/2011