Durante el Gobierno del lehendakari Patxi López se diseñaron dos centros memorialísticos relacionados con la violencia política. El primero respondía a una iniciativa estatal, derivada de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo; el segundo, a una vasca, a partir de la ley de creación de un Instituto Vasco de la Memoria, aprobada el 27 de noviembre de 2014. Entonces se ratificaba un proyecto de ley ya aprobado por el Parlamento vasco en la legislatura anterior, redactado por Javier Balza a instancias del consejero Rodolfo Ares.

Las dos creaciones socialistas contaron con la colaboración respectiva del Partido Popular y del PNV; también de otras fuerzas políticas, a excepción de la izquierda abertzale (aunque sí de Aralar). Una y otra nacían con diferente intención y en su corto trascurrir han marcado modos de hacer distintos, porque su mirada de la violencia política lo es. El Centro Memorial se ocupa específicamente del terrorismo en cualquiera de sus expresiones, tipologías u organizaciones; Gogora trata sobre la violencia política en el País Vasco, de la Guerra Civil del 36, del franquismo, de la Transición y hasta de la democracia. Cada entidad ocupa un espacio distinto y cubre sensibilidades ante el tema algo diferenciadas.

Gogora tiene una intención comunitarista. La ciudadanía vasca habría sido víctima de distintas violencias en el tiempo, y su denuncia en nombre de los derechos humanos y el reconocimiento de cualquier tipo de víctimas producidas constituyen un patrimonio a preservar. Trata de reconstruir una comunidad rota por la violencia; la última vez, por el terrorismo. Al contrario, el Centro Memorial coloca como valor a preservar la democracia y el Estado de Derecho, que constituyen los objetivos finales que busca el terrorista al atentar contra cada víctima. La intención no es recomponer el lazo comunitario, sino denunciar la deriva violenta de aquellas miradas binarias que entienden la realidad solo en blanco o negro, bueno o malo, amigo o enemigo, nosotros o ellos, y que, en consecuencia, tienden a negar el valor de la vida a sus víctimas instrumentales o la posibilidad de vivir sociedades no homogéneas.

Hasta ahí no estaríamos hablando más que de dos actitudes ante una realidad similar. El problema en el segundo caso, en el del Centro Memorial, es que su denuncia de los terrorismos se hace en un territorio donde en los últimos decenios un porcentaje notable de ciudadanos ha respaldado un determinado terrorismo y una mayoría social no le ha hecho ascos o no lo ha enfrentado hasta muy tarde. Si se me permite el símil grosero, es como abrir un Memorial del Holocausto en Berlín en 1947: posiblemente no sería la visita más simpática para la mayoría de la población alemana.

Y, sin embargo, su necesidad es clara. El terrorismo es una violencia política muy concreta. Es cierto que no tiene definición canónica, aceptada y consensuada, pero sí somos capaces de distinguirlo y sí que valoramos su letalidad. El peligro del terrorismo no es solo su criminalidad, el hecho de que genere muerte y dolor, sino el efecto que busca con ellos. El terrorismo es un proyecto político que trata de imponerse a la sociedad de entorno y al poder correspondiente ejerciendo una coacción sobre los mismos en forma de atentado contra determinadas personas, por lo que son, lo que representan o, simplemente, para generar una crisis difícil de manejar, para forzar a la opinión pública a que pida a su gobierno que se rinda, que acepte lo que le exigen los terroristas.

El valor que está en riesgo, entonces, no es solo la vida y la dignidad de las víctimas, sino algo que afecta a toda la sociedad: su derecho a autodeterminarse, a gobernarse con arreglo a su criterio y sin coacción. El valor atacado no se restituye por sí solo en cuanto acaba la violencia, sino que necesita ser defendido pedagógicamente para que en el futuro no se recurra de nuevo a aquella. La democracia y el Estado de Derecho se enseñan porque no se desprenden simplemente del horror ante la sangre derramada, como sí pasa con la percepción de la comunidad rota por la violencia.

Y terrorismo no lo es todo. El terrorismo precisa de un proyecto político, de una continuidad en el tiempo, de un entorno social de respaldo y de una elección instrumental por el procedimiento violento. Luego no entran ahí la mayoría de las violencias policiales u otro tipo de violencias sociales o estructurales, que sí que tienen su sitio, por ejemplo, en Gogora. Todo esto está escrito desde hace años en las normas que dieron lugar a uno y otro centro. Y todo ciudadano y, aún más, todo político -más si se sienta en alguno de los consejos directivos de ambos centros- debe ser consciente y coherente con ello. Ayer se inauguró en Vitoria el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Seguro que no va a ser el lugar más popular, pero seguro que durante años sí que seguirá siendo el más necesario.