CADA VEZ van apareciendo nuevas evidencias de que Pedro Sánchez ha estado representando una farsa desde que se hicieron públicos los resultados de las elecciones del 28 de abril. Entonces, al comprobar que le sería muy difícil gobernar con sólo 123 escaños, ya decidió que habría que darle otra oportunidad a los españoles para que rectificaran su voto. Tal y como publicamos hoy, miembros del Gobierno están buscando, a través de la Abogacía del Estado, una fórmula jurídica que le permitiese aprobar por decreto ley –la abusiva forma de gobernar que adoptó desde que llegó a La Moncloa–, una subida de las pensiones y del salario de los funcionarios que coincidiera con la campaña del 10-N.
Mientras mantiene asfixiadas a las comunidades autónomas con el argumento de que estando en funciones no puede adelantar las partidas presupuestarias que reclaman para hacer frente al pago a proveedores y financiar los servicios básicos, lleva semanas buscando un resquicio legal para volver a poner el Consejo de Ministros al servicio de sus intereses propagandísticos, como vino haciendo durante los viernes electorales (mal llamados viernessociales). El desprecio por las instituciones del Estado ha llegado en esta ocasión no sólo a faltar a su responsabilidad de buscar acuerdos con el resto de fuerzas políticas, como era su obligación como partido más votado, sino a desoír los consejos de Rey de buscar fórmulas para evitar convocar de nuevo a las urnas y acabar con el largo periodo de inestabilidad. Sin embargo, pese a que ya se estaba preparando para el nuevo escenario, a la salida de su reunión con Felipe VI llegó a afirmar que había hecho todo lo posible para buscar un acuerdo, «pero nos lo han hecho imposible».
A la desfachatez se une, en este caso, la temeridad, ya que los principales organismos financieros vienen alertando sobre los riesgos de una inminente recesión económica, que desaconseja aumentar el gasto público y seguir aumentando el déficit. En la junta directiva celebrada el miércoles, la CEOE advirtió que la ralentización económica se está viendo lastrada por el aumento de la incertidumbre política y la parálisis de las reformas. Por su parte, la OCDE revisó ayer a la baja las perspectivas de crecimiento mundial hasta su nivel más bajo desde la crisis financiera, debido, entre otras razones, a la guerra comercial entre China y EEUU. Por último, grandes bancos de inversión como UBS o Bank of America han señalado que la incapacidad política para crear coaliciones de gobierno coloca a España en una situación de vulnerabilidad ante amenazas como el Brexit o el empeoramiento de las tensiones geopolíticas. Es absolutamente irresponsable, con estas perspectivas económicas, proponer el aumento de las pensiones y de los sueldos públicos para intentar recabar simpatías electorales en estos colectivos a costa de la estabilidad y sostenibilidad de nuestra economía.