Empresarios vascos, incluidos afines a Eusko Alkartasuna, han transmitido a la Ertzaintza su preocupación ante la posibilidad de que Bildu gobierne la Diputación de Guipúzcoa y, a través de la Hacienda Foral, los proetarras anexos a la coalición accedan a los datos de los contribuyentes, susceptibles de ser utilizados para exigir el «impuesto revolucionario».
Esa inquietud no se producía desde los «años de plomo», cuando Herri Batasuna pujaba por ser una fuerza hegemónica en Guipúzcoa. Pero al final, la Diputación Foral de este territorio histórico ha estado siempre en manos del PNV o de aquella EA de Imanol Murua que con firmeza plantó cara, en un principio, al chantaje de ETA para que no se construyera la autovía Pamplona-San Sebastián.
La absorción de esta nueva EA de Pello Urizar por parte de Batasuna siembra inquietud, ya que la suma de los votos potenciales de ambas formaciones otorga a Bildu la posibilidad de irrumpir en la Diputación guipuzcoana. De consumarse la amenaza, la coalición electoral impulsada por ETA sería la responsable de la Hacienda Foral, encargada de la declaración de la renta de todos los guipuzcoanos. De esta manera, los proetarras podrían tener acceso a información sensible de los contribuyentes: recursos económicos, ingresos, inversiones, actividad comercial… Información incluso más valiosa que la que puedan obtener del censo electoral —ya en poder de Bildu— para exigir el «impuesto revolucionario» o incluso cometer secuestros con móviles económicos.
Expertos antiterroristas recuerdan que ETA ha dejado en suspense la extorsión porque lleva a cabo una «tregua táctica» para facilitar que Bildu y Sortu regresen a las instituciones, según recientes documentos internos, entre ellos el conocido como «ProcesoDemocrático». Pero la serpiente podría romper el «alto el fuego» en cuanto lo considere oportuno para su perversa estrategia, y con ello reanudará, si puede, el cobro del «impuesto revolucionario». Y a la hora de extorsionar, los terroristas no miran afinidades políticas, sino que atienden a los recursos económicos de sus potenciales víctimas. Así que la amenaza se cierne también contra los empresarios afines a EA. Partido al que estaba vinculado Inaxio Uría, responsable de una de las adjudicatarias de la construcción del AVE vasco, asesinado por la banda porque no cedió a las presiones de los pistoleros para que abandonara las obras del macroproyecto.
Precedentes
La preocupación de que los datos de los contribuyentes guipuzcoanos acaben en poder de la mafia etarra está avalada por los precedentes. Así, el miembro de «Iraultza» —apéndice de ETA—, José María Orbezua, muerto el 26 de marzo de 1984 cuando manipulaba una bomba que pretendía colocar, trabajaba como informático en la Hacienda Foral de Vizcaya. En esta misma entidad trabajaban como funcionarios los etarras Félix Santamaría y Aitor Jugo, integrantes del «comando Pertur» desarticulado el 14 de enero de 1987. Ambos se valían de los registros informáticos de la Hacienda y obtuvieron datos sobre la situación económica de empresarios, banqueros y profesionales liberales, además de agentes de bolsa. Las valiosas informaciones fiscales las remitían a la dirección de ETA en Francia.
ABC, 20/5/2011