ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
El silencio ominoso de Batet ante las injurias de los golpistas presos no encuentra amparo en ninguna sentencia del Constitucional
POR mucha euforia que desatara en el PSOE su victoria el pasado 28-A, lo cierto es que sus siglas obtuvieron 123 diputados, evidentemente insuficientes en el empeño de gobernar. Ni siquiera sumando a esa exigua representación los 42 escaños de Podemos alcanzan los de Pedro Sánchez una cifra cercana a la mayoría imprescindible para sostenerse en la poltrona. Si pretende conseguir la investidura y aprobar alguna ley, empezando por la de Presupuestos, el ambicioso líder socialista va a tener que tejer pactos. Y dada la actual configuración del Congreso, así como los compañeros de viaje que escogió para adelantar su llegada a La Moncloa desahuciando de allí a su inquilino antes de tiempo, parece claro que solo tiene una opción, carísima en términos políticos: los separatistas. ¿Con qué pagará el jefe del Ejecutivo ese poder que tanto ansía? El martes lo dejaron muy claro tanto él como Batet en la sesión constitutiva de las Cortes. La contrapartida de ese oscuro trueque va a ser nuestra dignidad colectiva. La de la Nación española. La de la democracia española. La de la Constitución que nos rige. La del pueblo español escarnecido en su soberanía por quienes declararon unilateral y violentamente la independencia de Cataluña, incurriendo en un presunto delito de rebelión que se juzga en el Supremo, y ahora tienen la desfachatez de proclamarse «presos políticos». Ante ellos habrá de agachar el testuz una y otra vez el señor Sánchez, so pena de acabar igual que su predecesor.
Esto no ha hecho más que empezar. Si hemos de guiarnos por lo sucedido en esa jornada esperpéntica, la legislatura va a someter a dura prueba nuestra capacidad de resistencia a la humillación. La presidenta de la Cámara, o sea, la que se supone debería representarnos a todos, impondrá silencio a quienes traten de alzar la voz para denunciar los excesos de los sediciosos, tal como hizo al cortar el micrófono a Rivera, mostrando al tiempo una tolerancia infinita a sus insultos. ¿O acaso no es un insulto hablar de «presos políticos» en un Estado de Derecho impecable, como es España? El silencio ominoso de Batet ante esa injuria no encuentra amparo en ninguna sentencia del Constitucional. Esa callada por respuesta la retrata a ella como cómplice necesaria del escarnio y deja al descubierto el mandato que ha recibido de su jefe de filas: tragar lo que sea menester con tal de no indisponer a la rufianesca izquierda republicana.
Sucede, no obstante, que la voracidad de los independentistas es ilimitada. No hay tributo de sumisión capaz de satisfacerla ni servilismo que les parezca suficiente. Tuvo ocasión de constatarlo recientemente Miquel Iceta, cuya ofrenda apaciguadora en forma de propuesta de referéndum de aquí a diez o quince años fue respondida con un veto en toda regla a su nombramiento como senador. Podrá arrastrarse cuanto quiera el president del Gobierno, que nunca serán sus aliados. A lo sumo, se servirán de él para alcanzar alguna meta en su deriva independentista, antes de traicionarle y seguir haciendo camino. Exactamente igual que el PNV, cuyo peculiar sentido de la «lealtad» pudieron comprobar en persona hace algunos meses Rajoy y Sáenz de Santamaría, desalojados del poder vía moción de censura, ante quienes los vascos habían comprometido días antes esa palabra que presumen de no romper nunca, a cambio de un cuponazo multimillonario en las cuentas aprobadas con su apoyo.
Nuestro calvario va a ser doloroso, aunque en modo alguno comparable al que le espera a Pedro Sánchez. Ganó y será investido, sí. Pero con 123 escaños tendrá indignidad y minoría.