Son días de playa y chiringuito o de paseos por el campo, pero también lo son para hacer cavilaciones sobre la situación de España sin que los torrentes de noticas diarias a las que nos estamos acostumbrando nos impidan, a modo de ramas, ver el bosque. Por ello me he preguntado por cuál será la verdadera razón por la que Sánchez no convoca elecciones y se va a su casa. Los procesamientos de su mujer y hermano, los de sus más próximos colaboradores, su fiscal, la permanente caída en las encuestas, la presión de sus socios de legislatura, su mentira permanente, etc. debieran suponer un agobio y presión insoportable para cualquier persona normal; sí he dicho persona normal. No me digan que lo hace por seguir en la poltrona, por el Falcón o por veranear en La Mareta. No se aguanta la presión por esas razones, tiene que haber otras de mayor peso; se podría ir a la poltrona de su casa con el sueldo de expresidente y tan ricamente; aquí hay algo más.

El ocupa de la Moncloa sabe perfectamente las cosas que ha hecho, conocido y amparado. Como ya indican directamente algunos medios de comunicación, dados sus principios, costumbres y valores morales es muy posible que esté convencido de que más pronto que tarde acabará siendo imputado por lo que el Supremo solicitará al Congreso el oportuno suplicatorio.

Históricamente los suplicatorios trataban de evitar que persecuciones políticas pudieran alterar la composición de la Cámara. Se trata de proteger dos bienes jurídicos legítimos, por un lado el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a los perjudicados por supuestas acciones delictivas, por lo que la denegación de un suplicatorio ha de estar muy fundamentada. Y por otro, la protección de la legítima composición de las cámaras, frente a maniobras políticas; aquí no la hay.

Existe un precedente de anulación judicial de una denegación de un suplicatorio. En 1983 el Senado denegó el suplicatorio contra el senador socialista y escritor Carlos Barral. Dos años después el T. Constitucional creó doctrina al anular mediante sentencia dicha denegación por tratarse de hechos anteriores a su cargo y ajenos al mismo y, por lo tanto, se impedía la tutela judicial efectiva de los demandantes. Claro que entonces el T.C. estaba presidido por el insigne jurista Manuel García-Pelayo y ahora lo está por un infame Pumpido que esconde aviesas intenciones.

Por su parte el T. Supremo ha ido desarrollando una praxis encaminada a fundamentar y recopilar datos sobre los hechos punibles muy claros y muy pormenorizados para evitar que se produzcan denegaciones de suplicatorios. Eso explica que el Congreso haya concedido 35 y 31 el Senado; 66 en total. De aquí podemos deducir que si se produjera una imputación y petición del suplicatorio contra Pedro Sánchez sería por existir indicios y datos claros y contundentes de actividad delictiva. Y la eventual denegación del mismo no obedecería a consideraciones jurídicas sino dictatoriales. Evidentemente si el Congreso deniega un suplicatorio contra él, con su amigo Pumpido en el TC, ahí se acaban sus posibles problemas judiciales y se puede ir tranquilamente a esquiar al Pirineo o quedarse un rato más en Moncloa con toda paz.

Pues ya tenemos el escenario en la Carrera de San Jerónimo, ahora toca ver el argumento de la obra. El sujeto del suplicatorio no tiene una mayoría suficiente en la cámara para garantizarse su denegación, por lo que tendrá que negociar la postura con sus socios de legislatura y pagar un alto precio. Aquí no nos iríamos a encontrar con la negociación de un simple decreto ley, no; se trataría de garantizarle la impunidad frente a la justicia y evitarle ir a la trena. Entre los nacionalistas y las distintas familias socialistas, incluida la mayoría del PSOE hay un denominador común; todos aspiran a cambiar el régimen del 78 por otro que permita la coexistencia de «paisitos» libres, asociados o no, con un régimen de corte socialista que reduzca o elimine las posibilidades de que partidos defensores de la Constitución del 78 lleguen al gobierno. Por ello no sería de extrañar que ese fuera el fruto de una eventual negociación para denegar un suplicatorio a Sánchez, un cambio de régimen.

Si al principio decía que la poltrona no parecía razón suficiente para no irse, tampoco creo que la colección de disposiciones legales en marcha sea sólo para proteger a sus allegados de las acciones de la justicia. La utilización de la Agencia Tributaria para sembrar el terror, las normas sobre vigilancia, control y censura de los medios de comunicación y las redes sociales y muy especialmente la llamada ley Bolaños por la que las instrucciones penales pasarían a ser realizadas por fiscales dependientes del gobierno, y no por jueces independientes, y por lo tanto también la policía judicial pasaría a depender del gobierno; todo eso, digo, no es para proteger a Begoña y demás, son herramientas perfectas para reprimir y perseguir en un futuro próximo a la disidencia y a la resistencia. No tendría sentido tomar todas esas medidas si pensasen que en dos años el control de todo eso lo iba a tener un gobierno del PP.

Todo lo mencionado, desde el modelo de estaditos confederados, hasta esas medidas legislativas en marcha, son cuestiones que no encajan en nuestro sistema constitucional y jurídico. Si se adoptasen por un camino distinto a un proceso válido de reforma de la Constitución, se estaría llevando a cabo una quiebra, un destrozo, del ordenamiento jurídico. Cuando se rompe y violenta un elemento tan fundamental de un Estado como es el ordenamiento jurídico, aunque se haga sin armas, eso en todo el mundo se llama golpe de Estado. Me temo que todo esto tan solo lo podrían impedir un grupo de sensatos, leales y responsables diputados socialistas junto con una acción contundente y decidida de la ciudadanía.

Para ver si lo indicado está muy lejos de ser real o no, le sugiero que busque un rato de silencio y tranquilidad y en su fuero interno pregúntese a usted mismo por las cosas que usted cree que Sánchez sí es capaz de hacer.

• José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario