La semana que parecía empujar el sistema institucional hacia el borde del abismo acabó templándose tras la resolución del Constitucional suspendiendo la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas con las que los socios del Gobierno trataban de asegurar la renovación de esa corte de garantías. Aunque los truenos siguen resonando de fondo, hasta los más entusiastas de la alta tensión han sentido el vértigo de asomarse al desastre y, paradójicamente, la mayoría del Constitucional ha devuelto las cosas a donde las preferían ver muchos de sus detractores. Muchos socialistas y muchos nacionalistas. Aunque la afición a las escaramuzas con que descolocar a los adversarios augura nuevas sorpresas y choques institucionales, solo cabe esperar que el tiempo que se dé el TC para hacer público el auto de su decisión y su propio contenido no alienten nuevas modificaciones legales por parte de los socios de investidura que se sustenten en criterios de mayoría y no de consenso.

El año se cerrará con el lugar común de que los partidos políticos, y en especial los dos con mayor representación -PSOE y PP- recurren a la influencia que logran en ámbitos distintos al Legislativo y al Ejecutivo, gracias a la actual normativa o a la que alumbre la proposición de ley que los socialistas negocian en estos momentos con sus aliados, para extender los tentáculos de la política partidaria. Aunque los hechos sugieren que eso no es exactamente así. Que lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial o lo que puede pasar en el Tribunal Constitucional requiere explicarse también por la existencia de corrientes -entre conservadores y progresistas, por limitarnos a la divisoria al uso- que condicionan a su vez a los partidos que supuesta o probablemente las manejan. Condicionamiento que es mayor respecto al Partido Popular que respecto al PSOE. Frente a la teoría de la estricta obediencia de los designados a Ferraz o a Génova, es más fácil imaginar a magistrados conservadores determinando la estrategia del PP que percibir que esos hilos se muevan en sentido contrario.

El otro efecto óptico que ha inducido la crisis institucional tiene que ver con el incesante goteo de condenados beneficiados por la ley del ‘sólo sí es sí’ sin que el Ejecutivo y el Legislativo acaben de responsabilizarse de lo que está ocurriendo. Algo que es de temer que se reproduzca cuando entren en vigor las modificaciones en torno al delito de malversación, al de sedición, e incluso eventualmente tras la aplicación del nuevo tipo de desorden público agravado. Aunque el argumento empleado por el Gobierno transfiriendo a las instancias judiciales la responsabilidad de proceder a una lectura sesgada de la ley del ‘sólo sí es sí’ parece haberse silenciado en las declaraciones oficiales, su incomparecencia se aprovecha de la crisis institucional. Nada más humano que cerrar los ojos ante las consecuencias negativas de los actos propios.