Actuaciones individuales como la de Otegi y las de otros reclusos evidencian cómo se van deshilachando los nudos con los que se amarraba la disciplina penitenciaria impuesta a los presos por la propia organización a la que pertenecen, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.
El dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi ha solicitado a la Audiencia Nacional la puesta en libertad provisional invocando una serie de circunstancias familiares. Está en su derecho a presentar la solicitud y ahora los jueces tendrán que valorar los motivos alegados, así como la opinión contraria de la Fiscalía, para decidir lo que estimen más ajustado a la ley.
Otegi se propone, con la misma legitimidad que cualquier otro acusado, utilizar los resortes legales para mejorar su situación procesal. Es un comportamiento normal de los que están sometidos, por un motivo u otro, a la acción de la justicia. Sin embargo, de esa normalidad han estado al margen los miembros de ETA y de su entorno que muchas veces han recibido órdenes de la dirección de la banda para no utilizar muchos de los mecanismos legales que podían haberles beneficiado. Hace menos de año y medio, la dirección de ETA envió a los presos una serie de instrucciones restrictivas con arreglo a las cuales Otegi no hubiera podido presentar la solicitud de libertad condicional. Las instrucciones establecían la prohibición de presentar peticiones de libertad condicional de manera individual. Tendría que hacerse de forma colectiva y con argumentos «alejados de tecnicismos jurídicos».
A los presos les faltó tiempo para rechazar de forma mayoritaria estas indicaciones cuya aplicación les perjudicaba. La dirección etarra planteaba hacer una defensa política ante los tribunales en vez de una defensa jurídica, se oponía a pagar las fianzas y las multas, que nadie se presentara voluntariamente ante un juez, no hacer pactos con la Fiscalía sobre las penas, no negar la militancia, no aceptar el tercer grado, no aceptar el régimen de prisión atenuada, no solicitar permisos…
El rechazo de las normas penales y penitenciarias ha sido utilizado por ETA durante mucho tiempo como un mecanismo de control de sus filas, como una forma de mantener la cohesión, evitando las tentaciones individuales de los reclusos de recurrir a los mecanismos legales para obtener mejores condiciones en las cárceles. No respetar estas órdenes era motivo de sanción interna y de expulsión de la comunidad etarra. Hace unos meses, un miembro de ETA con una enfermedad grave fue objeto de severos reproches en los documentos internos de la banda por haber aceptado las condiciones penitenciarias que le permitieron acceder al régimen de prisión atenuada, terminando de cumplir condena en su domicilio.
Actuaciones individuales como la de Otegi y las de otros reclusos evidencian cómo se van deshilachando los nudos con los que se amarraba la disciplina penitenciaria impuesta a los presos por la propia organización a la que pertenecen, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 24/3/2010