No son las pruebas. Cualquier estudiante de Derecho sabe que el borrado de pistas, evidencias o datos no sirve de nada si el tribunal puede construir con cierta solidez un relato indiciario. Se trata del argumento, de la propaganda, del marco político y mediático. El sanchismo ha lanzado a la desesperada a todo su aparato de comunicación para divulgar la teoría conspirativa de unos jueces desquiciados dispuestos, en colaboración con el PP, a descarrilar el mandato con acusaciones infundadas basadas en testimonios falsos. El objetivo consiste en presentar una justicia parcial, sesgada, empeñada en inventarse casos y en desobedecer o aplicar con criterio tergiversado unas leyes redactadas con impecable fundamento democrático.

El primer y más inmediato propósito de esa estrategia es, por supuesto, escapar del cerco. Negar la existencia de presuntos delitos o al menos minimizar la gravedad de los hechos restando capacidad probatoria a las denuncias e investigaciones comprometedoras para el Gobierno. De ahí la obsesiva consigna del bulo repetida con exactitud sincronizada por los ministros y sus corifeos con la esperanza de que la calle se mantenga ajena a los detalles procesales concretos. Todo es mentira, infundio, calumnia, camelo. Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, incluso Ábalos, son víctimas de un sucio montaje de ultraderechistas irredentos, magistrados rencorosos y delincuentes confesos. Y la verdad resplandecerá con el tiempo.

La segunda intención aspira a crear un estado de opinión pública favorable a una reforma del sistema de elección de los órganos judiciales. Un cambio legal drástico que acabe con el sustrato ‘franquista’ de un estamento endogámico, impermeable a la evolución social y blindado en privilegios de clase inaccesibles a las capas populares. Una operación de limpieza ideológica para arrinconar a esos dinosaurios togados que impiden la renovación generacional en un ejercicio de obstruccionismo flagrante. El pacto del CGPJ fue un error que ha bloqueado el paso a los jueces de Sánchez, los intérpretes jurídicos de un orden progresista de avance imparable.

Y la tercera meta de la campaña, de carácter preventivo, es la de preparar la negativa del Congreso a un eventual suplicatorio contra el presidente solicitado por el Supremo. Si no hay pruebas, si la cadena de escándalos responde a una confabulación partidista, a un tejemaneje torticero, tendrá que ser el Parlamento el que restablezca la verdad en nombre de la voluntad inapelable del pueblo. Ábalos será entregado como coartada de respeto aparente a la separación de poderes pero a partir de ahí se establecerá un cortafuegos que proteja a la Moncloa de cualquier extensión del incendio. Y si no hay más remedio habrá que asumir un conflicto constitucional inédito para demostrar a esa arrogante magistratura los riesgos de posicionarse en el lado incorrecto.