El 8 de mayo, el PNV de Mondragón planteó una moción ética para que ANV renunciara a la violencia. Fue tras el asesinato de Isaías Carrasco, pero habían pasado muchos días. La moción se estrelló contra el frente de ANV y sus socios de Gobierno municipal (EA y EB-Aralar), que lo son también de Ibarretxe en el autonómico. No tuvo efectos políticos. A medida que pasen las horas se enfriarán poco a poco las palabras y asomará el miedo.
Ignacio Uria, empresario guipuzcoano, de 71 años de edad y padre de cinco hijos, fue asesinado ayer, pocos minutos después de la una de la tarde, cuando se dirigía a un restaurante situado junto al monasterio de Loyola. Azpeitia, su pueblo, es una localidad guipuzcoana de 14.000 habitantes situada en la comarca de Urola Costa, en el centro geográfico de Guipúzcoa. El era uno de los propietarios de Altuna y Uria, una empresa familiar adjudicataria de la Y vasca, que había padecido, al igual que sus homólogas, el acoso y los sabotajes del entorno etarra a partir de marzo de 2007.
Su asesinato ha suscitado las condenas habituales en un ritual inexorable: declaraciones de unos y otros, firme determinación de defender el Estado de Derecho y la convicción de que el asesinato prueba la debilidad de los terroristas, que sólo se atreven con un septuagenario, y otras muestras de coraje cívico, junto a predicciones sobre el destino de ETA y loas a la unidad de los partidos. Toda liturgia tiene un componente de rutina y estamos en el fervor de las primeras horas.
Los terroristas siguen en lo mismo, mientras la magdalena de Proust se moja en sangre una vez más. Hay dos precedentes. La campaña de atentados contra Iberduero, a finales de los 70, tuvo su colofón en el asesinato del ingeniero José María Ryan Estrada el 6 de febrero de 1981. Otro ingeniero, Angel Pascual, fue tiroteado el 5 de mayo de 1982. Casi dos años más tarde se anunció la paralización y los comités antinukleares solicitaron permiso a Iberduero para organizar un festival en la central paralizada y pidieron herramientas para demolerla «piedra a piedra».
La guerra terrorista contra el trazado de la autovía de Leizarán no necesitó llegar a ser cruenta. Bastaron unos atentados contra las empresas adjudicatarias para que éstas abandonaran las obras y los partidos mayoritarios de Euskadi renunciaran al trazado oficial de la autovía y aceptasen el propuesto por Lurraldea, una coordinadora dirigida por el ex concejal de Herri Batasuna Jonan Fernández, que luego se transformó en el movimiento mediador por la paz Elkarri, del que ha salido algún asesor de Ibarretxe. La Mesa Nacional de HB se hizo la foto del triunfo brindando con cava servido en vasos de plástico.
El 14 de mayo de 2008, después de un atentado contra dos excavadoras de otra empresa adjudicataria, la portavoz del Gobierno Ibarretxe consideraba «exagerado» deducir que las bombas de ETA tuviesen como objetivo la Y vasca, en contra del criterio del Ministerio del Interior, de la percepción de la opinión pública y del mero sentido común. El consejero de Interior se sintió obligado a rectificarla un mes después, afirmando no tener «ninguna duda» de que el Tren de Alta Velocidad (TAV) era «objetivo» de ETA y que pensar lo contrario era «de ingenuos». La propia organización terrorista declaró públicamente su guerra al proyecto ferroviario el pasado 15 de agosto, al tiempo que reivindicaba los atentados contra las empresas en Hernani, Zarauz y Orio.
El 8 de mayo último, los concejales del PNV en el lugar del crimen plantearon una moción ética para invitar a ANV, grupo municipal que detenta (sic) la Alcaldía, a renunciar a la violencia, a sus pompas y a sus obras. Fue tras el asesinato de Isaías Carrasco, pero habían pasado muchos días. La moción se estrelló con ocho votos contra el frente de ANV (seis) y sus socios de Gobierno municipal, que lo son también de Ibarretxe en el autonómico, (dos de EA y uno de EB-Aralar). No tuvo efectos políticos. A medida que pasen las horas se enfriarán poco a poco las palabras y por detrás asomará el miedo.
Santiago González, EL MUNDO, 4/12/2008