Santiago González, EL MUNDO, 12/9/12
La Sala Primera de la Audiencia Nacional empezará a ver esta tarde el recurso de la Fiscalía contra el auto que decretaba la libertad condicional de Bolinaga. El terrorista ha experimentado un empeoramiento de salud notable, a juzgar por el dato que proporcionó Rajoy en su comparecencia televisiva del lunes: el recluso pesa 47 kilos. Es de suponer que el Gobierno tiene algunas fuentes distintas de Herrira, que proporcionaba ayer el mismo dato, junto a un argumento exótico: exige su inmediata puesta en libertad porque «cada minuto que pasa encarcelado acelera su fallecimiento». Bolinaga no está en la cárcel, sino en un hospital. Y si es cierto que se halla en tan delicada situación, el lugar idóneo para su salud es precisamente el hospital, bajo permanente observación y cuidados médicos.
El presidente acuñó una frase tan aparente como huera: «Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel». «La ley me quiere muerto», escribió Caryl Chessman, el bandido de la linterna roja, en el corredor de la muerte de San Quintín. Las leyes penales en realidad no quieren nada, sólo recogen la voluntad de los legisladores para castigar delitos. Pero es que, contra lo que dio a entender Rajoy, nadie ha pedido que Bolinaga muera en la cárcel, ni ha reprochado al Gobierno voluntad de no cumplir la ley, sino de pretender hacer creer que han actuado, no ya dentro de la ley, que se da por supuesto, sino obligados por ella. Tal vez el Gobierno y el juez de Vigilancia Penitenciaria no deberían asumir el lenguaje de la izquierda abertzale hasta el punto de que en su fuero interno consideren a nuestras prisiones cárceles de exterminio.
Rajoy acuñó una frase aparente y huera: «Las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel»
Lo que las víctimas desean es que no sea excarcelado si no es en peligro inminente de muerte. ¿Quién puede predecir eso con toda exactitud? Parece que los médicos. El artículo 92.3 del Código Penal establece que el peligro para la vida del interno debe ser patente y acreditado «por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario». Entonces, el juez de Vigilancia –en este caso, los cinco jueces de la Audiencia– «podrá» acordar la libertad condicional del preso.
Tal vez la forense pueda ir al Hospital Donostia para examinar personalmente al interno. Siempre será mejor eso a que los cinco jueces imiten el proceder de Castro y se acerquen a San Sebastián a hacerse una idea sobre un asunto en el que los jueces son legos. La forense Carmen Baena ha pedido la historia clínica completa de Bolinaga desde aquel informe del 22 de agosto en el que basó el juez Castro la libertad condicional del recluso y del que no se había dado conocimiento a la forense. Ayer, a última hora de la tarde, no había recibido dicha historia, por lo que sigue siendo válido el dictamen emitido por la forense el pasado 24 de agosto. ¿Es posible que nadie pueda hacer que el historial médico del preso llegue a la forense para que ésta pueda emitir un nuevo informe a la Sala Primera de la Audiencia y se cumpla lo dispuesto en el 92.3 del Código Penal?
Santiago González, EL MUNDO, 12/9/12