Le está quedando muy bien a Sánchez el desguace del Estado, hasta el extremo de que ha conseguido darle una vuelta siniestra al eslogan triunfalista que acuñó Alfonso Guerra a propósito de la prosperidad. 

Al Estado no va a conocerlo ni la madre que lo parió, proclama Sánchez mientras prospera la liquidación de las instituciones. Todavía dispone de tiempo para echarle mano a los Paradores y a la Lotería, aunque no se le podrá negar la eficacia de la campaña de desprestigio al CNI ni la pericia con que ha desguazado los pilares de la nación. Hagamos inventario.

El Parlamento

El trabajo de demolición institucional ha adquirido inquietante vigor en el Congreso de los Diputados. Y es verdad que la debilidad parlamentaria del PSOE sugería una legislatura de contrastes y enjundia democrática, pero Sánchez ha neutralizado la cámara de representación ciudadana con el abuso de los decretazos. Nadie como él ha recurrido a tantos «reales decretos» desde la inauguración de la democracia. Alcanzó la cifra de 32 en 2021. Y acumula un centenar desde que asumió los poderes de jefe del Ejecutivo. La estrategia le permite jibarizar la actividad parlamentaria y amalgamar paquetes legislativos a través de disposiciones adicionales. La paguilla de las pensiones, por ejemplo, se aprobó a la vez que «regresaba» el uso de las mascarillas en exteriores. De hecho, la pandemia supuso en sí mismo un periodo de excepción que permitió a Sánchez eludir el Parlamento durante seis meses bajo el régimen intimidatorio del estado de alarma. La Cámara Baja degeneraba en un coma inducido, en una eutanasia.

El Tribunal Supremo

Es potestad de un Gobierno promover la excepción de los indultos, pero impresiona sobremanera que Sánchez los haya administrado a los condenados por delitos tan graves como la sedición y la malversación. Trece años de cárcel, por ejemplo, tendría que haber expiado Junqueras. Así lo estableció la sentencia del Supremo, pero las necesidades políticas de Sánchez forzaron un cambio de criterio escandaloso. No ya porque sostuvo en su momento que los soberanistas habían incurrido en un delito «superior» de rebelión, sino porque negó taxativamente que pudiera arbitrarse cualquier medida de gracia. Al menos hasta que hizo lo contrario sin miedo a desacreditar al Tribunal Supremo ni a liquidar la credibilidad de los jueces para complacer así el chantaje de los aliados independentistas.

La Fiscalía General

En realidad, la intromisión en la separación de poderes ha sido una de las líneas de sabotaje al Estado que Sánchez ha operado desde el inicio de la legislatura. Lo demuestra el descaro o la impudicia con que fue designada Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado. 

Legal, era ilegal. Y moral… era inmoral, entre otras razones porque Delgado había desempeñado el cargo de ministra de Justicia y ocupaba un asiento de diputada obtenido en las listas del PSOE. ¿Qué grado de independencia y de credibilidad podía reconocérsele con semejantes herencias? La evidencia del conflicto de intereses tendría que haber disuadido la iniciativa de Sánchez, pero ha prevalecido la intromisión implícita y explícita en los asuntos políticos que conciernen a la «estabilidad» de la legislatura, más allá de cuánto pueden condicionarse las causas pendientes del PP…. O de Podemos.

El Tribunal Constitucional

La elocuencia con que el TC ha rectificado «a título póstumo» los estados de alarma ha exagerado la suspicacia del Ejecutivo hacia los jueces que velan por la Constitución. No le gustan a Pedro Sánchez los contrapoderes institucionales, menos aún cuando el propio TC se manifestó contra la anomalía que suponía alojar «por razones de urgencia» a Pablo Iglesias e Iván Redondo en el órgano rector del Centro Nacional de Inteligencia.

Se enconaron las relaciones con la Moncloa. Y se excitaron también cuando el Constitucional declaró… inconstitucional el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta de RTVE. La vigilancia del TC no amansó al Ejecutivo. Más bien, ha suscitado campañas de descrédito político-mediáticas cuya mayor resonancia enfatizan los socios de Gobierno y de coalición. No creyendo Unidas Podemos ni los soberanistas en la Constitución, menos aún creen en el tribunal que vela por su cumplimiento.

Abogacía… del Gobierno

Los intereses de un Gobierno no tienen por qué coincidir con los intereses del Estado. Muchas veces son contrapuestos. Y es precisamente en ese territorio de «confusión» institucional donde Pedro Sánchez trata de domesticar los instrumentos oficiales. «El Estado soy yo», proclama PS emulando el paternalismo del Luis XIV. Tiene interés el juicio del ‘procés’ porque el cambio de criterio de Sánchez respecto a la naturaleza de los delitos en que incurrieron los soberanistas conllevó la «sustitución» de Edmundo Bal como representante de la Abogacía del Estado. Sostenía el actual diputado de CS la relevancia de la violencia en los episodios del 1-O y la calificación penal de la rebelión, pero no le convenía a Sánchez incomodar a sus camaradas, de tal manera que la Abogacía del Estado se resentía de un uso instrumental. Volvió a demostrarse cuando la misma institución avaló el estado de alarma, asistió a la ministra González Laya en el caso Ghali y eludió toda «beligerancia» en la aplicación de las sentencias lingüísticas de Cataluña.

El CIS

El acrónimo del Centro de Investigaciones Sociológicas ha quedado reducido al chiringuito de Tezanos. Nadie se cree ya las encuestas de José Félix. Ni se las valora en otro contexto que el de la manipulación y la fantasía.

La lealtad de Tezanos a Sánchez se demuestra en que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE. Y el agradecimiento explica la subordinación del propio CIS a los intereses del PSOE. No se trata tanto de describir los humores electorales como de influir en ellos. Tezanos no alude a lo que votan los españoles, sino a lo que deben votar, aunque el escarmiento de semejante tergiversación consiste precisamente en sugestionar el optimismo de Sánchez con un escenario idealizado. Sánchez es como la reina malvada de Blancanieves. «Espejíto, espejito, ¿Quién es el político más hermoso?».

La monarquía y otras terminales

Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que peores relaciones ha tenido con el palacio de la Zarzuela. El desprestigio que supusieron los desórdenes de Juan Carlos I ha debilitado a la monarquía y ha servido de pretexto a las pulsiones regicidas de la coalición en el poder, de tal manera que Felipe VI ha tenido que sobreponerse a un escenario extraordinariamente hostil que Sánchez ha aprovechado para remarcar las distancias. Hubiera sido enormemente útil el Rey en algunos episodios extremos —la crisis marroquí, la pandemia, incluso la guerra de Ucrania—, pero el bonapartismo de Sánchez contradice la cohabitación con el jefe del Estado. Y profundiza en una degeneración de las instituciones que alcanza al Tribunal de Cuentas, al CGPJ, al Jemad, a las empresas públicas… y al CNI, cuya credibilidad se resiente de una purga política que castiga a los servidores del Estado para premiar a quienes lo sabotean: Paz Esteban es la cabeza que reclamaba Junqueras. Y el chantaje que antecede al próximo chantaje. Porque el soberanismo siempre tiene hambre.